La vejez femenina protagoniza la exposición de Virginia Bersabé en la Sala Azul de la Casa de los…
May 31, 2024
La Sala Azul de la Casa de los Mora acoge una nueva exposición dedicada a artistas…
Editor C
Opinión
En la Olimpiada de Berlín de 1936, Jesse Owens ganó el oro en 100 y 200 m, salto de longitud y relevos 4X100 m, ante Hitler y el supremacismo ario. En la de México de 1968, Tommie Smith y John Carlos, ganaron el oro y el bronce en los 200 m e hicieron el gesto del Poder Negro en el podium para reivindicar los derechos civiles negros en EEUU, levantando el puño con un guante negro mientras escuchaban el himno de su país. En 2020, en EE.UU., más de cien futbolistas homenajearon en un partido a George Floyd, asesinado por la policía, para condenar el racismo. La NBA propuso suspender la liga como protesta por la discriminación racial y durante la Eurocopa de 2020, las selecciones de Bélgica, Inglaterra o Escocia hincaron una rodilla en el césped y levantaron el puño antes de empezar el partido.
El fútbol es droga, religión, útil para adoctrinar a las masas y también como terapia para el desfogue individual y colectivo. Los estadios aúllan consignas machistas, homófobas y racistas entre alcohol, bengalas y simbología fascista como parte de un ritual fanático. Basta saber quiénes dominan el negocio del fútbol para entender algunas decisiones de sus organismos rectores, como el activismo “deportivo” contra todos los deportistas rusos frente a la “neutralidad tolerante” con el genocidio sangriento de Israel en Gaza.
No es usual el pensamiento crítico, salvo en muy contadas excepciones, en personas que utilizan la cabeza para embestir al balón y alcanzan el éxito a patadas, como demostraron los debates en torno al beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso. La incomodidad de los jugadores, al ser preguntados, se tradujo en alguna condena (Isco, Borja Iglesias), balbuceos (Morata portavoz), apoyo a Rubiales (Carvajal) y una mayoría que “no habla de política”. La casi totalidad de los medios de comunicación optaron por la ambigüedad y la polarización habituales que trasladan diariamente a la audiencia tertulianos y opinólogos.
España se acaba de proclamar campeona de Europa en un mes repleto de acontecimientos “políticos” de los que los jugadores españoles prefieren “no opinar”, opción política ésta tan legítima como la de opinar. Previas al campeonato, las elecciones europeas registraron un peligroso ascenso de la extrema derecha que inquietó a numerosos jugadores negros que sufren el odio político de estos extremistas cada día y del público en cada partido. Mbappé y otros jugadores negros de Francia llamaron a votar para parar a la extrema derecha.
La reacción de los jugadores españoles estuvo entre el lamentable nadar y guardar la ropa de Carvajal: “Yo, como jugador, me mantengo al margen de mi ideología política. Lo he hecho en toda mi carrera y lo voy a seguir haciendo”, y el lavado de manos de Unai Simón: “Soy futbolista y los temas políticos hay que dejárselos a otros”. Luego llegó la épica victoria sobre Inglaterra, la Copa y el mensaje de que el triunfo de la selección une a una España multicultural y multiétnica repetido por jugadores y afición en una noche memorable.
Al día siguiente, tuvieron lugar las celebraciones institucionales y la popular. Carvajal debe haber dado por terminada su carrera para despreciar al presidente electo de España. No busquen educación y respeto en alguien que sigue en redes sociales a Alvise, Vito Quiles y Desokupa, que invitó a Abascal al palco del Bernabéu y que se fotografió con bufandas neonazis de los Ultrasur. A su ideología no le importa que Vito Quiles denigre la presencia en la selección de Lamine y Nico, triunfadores en la Eurocopa. A Florentino, quizá tampoco.
Miedo da preguntarle por los 14 asesinatos por violencia machista en 16 días en el último tramo de Eurocopa (desde los cuartos de final) o por la ola de homofobia que recorre Europa, todo ello impulsado por su extrema derecha. Y, mientras, las plazas de Andalucía se llenaron de eufóricos andaluces y las andaluzas que pierden la Sanidad y la Educación pública a manos de los negocios sanitarios impulsados por la Junta con la complicidad de los ayuntamientos gobernados por PP, con o sin Vox. “Lo–lo, lo–lo–ló, lo–lo–ló, lo–lo–ló…”, “Yo soy español, español, español…”. Así van Andalucía y España.
Pepe Morales
Editor C
Opinión
Existen diversas formas de organizar y gobernar una democracia. Las democracias contemporáneas muestran un amplio abanico de instituciones formales y diferentes sistemas de partidos y de grupos de interés. Pero cuando estas instituciones se examinan desde la perspectiva de sus normas y sus prácticas, aparecen regularidades que permiten diferenciar entre democracias mayoritarias y democracias de consenso.
La explicación de la democracia como “el gobierno del pueblo y para el pueblo” plantea una cuestión: ¿Quién gobernará? y ¿a qué intereses servirá el gobierno cuando el pueblo tenga preferencias divergentes?, o, dicho de otra forma, ¿Quién debe gobernar y en favor de quién debe hacerlo cuando un pueblo en su conjunto no tiene intereses homogéneos?
Hay dos respuestas a este conjunto de cuestiones. La primera que nos viene a la mente es “lo que diga la mayoría”, esta es la esencia del modelo mayoritario de democracia, y la mayoría de nosotros tenemos esta respuesta automatizada. Pero existe una alternativa menos interiorizada socialmente, “lo que diga el mayor número de gente posible”. Esta segunda opción es la clave del modelo consensual de democracia, que acepta el gobierno de la mayoría sólo como requisito mínimo. Una democracia de consenso no se conforma con mayorías ajustadas y busca maximizar el tamaño de esas mayorías. Sus normas y sus prácticas persiguen una alta participación en el gobierno y un acuerdo amplio sobre las políticas.
El modelo mayoritario concentra el poder político en manos de una mayoría escasa y a veces en una mayoría relativa, y excluye del poder a minorías amplias que se ven obligadas a ejercer la oposición. En cambio, el modelo consensual intenta dividir, dispersar y limitar el poder de distintas formas. El modelo mayoritario de democracia es excluyente, competitivo y de confrontación, en cambio el modelo consensual se basa en la inclusión, el pacto, y el compromiso. Es una democracia de negociación.
En su obra “Modelos de Democracia” (2000), Arend Lijphart señala diez diferencias entre ambos tipos de democracia:
• Concentración del poder ejecutivo en gabinetes mayoritarios de partido único frente a las amplias coaliciones multipartidistas del modelo consensual.
• Dominio del ejecutivo frente al equilibrio de poder ejecutivo-legislativo.
• Bipartidismo frente a sistemas de partido multipartidistas.
• Sistemas electorales mayoritarios y desproporcionales frente a la representación proporcional.
• Grupos de interés de mayoría relativa y libre competencia frente a sistemas de grupos de interés coordinados y “corporatistas” orientados al compromiso y la concertación.
• Gobierno unitario y centralizado frente a gobierno federal y descentralizado.
• Concentración del poder en un Legislativo unicameral frente a legislativo bicameral con dos cámaras igualmente fuertes constituidas de diferente forma.
• Constituciones flexibles frente a constituciones rígidas.
• Sistemas en que las legislaturas tienen la última palabra en la constitucionalidad de sus propias leyes frente a la revisión judicial para analizar la constitucionalidad de estas.
• Bancos centrales dependientes del ejecutivo frente a bancos centrales independientes.
Estas diferencias se relacionan en términos de contraste entre el modelo mayoritario y el modelo consensual, pero son variables en las que los países pueden encontrarse tanto en los extremos del continuo como en el espacio intermedio. Lijphart realiza un extenso análisis comparativo de estas variables en treinta y seis democracias contemporáneas, y llega a la conclusión de que se puede considerar más democrática la opción consensual.
La distinción entre dos formas básicas de democracia no es invención suya y ha sido objeto de discusión en la academia desde mediados del siglo XX. No obstante, existe la tendencia a equiparar la democracia con la democracia mayoritaria. Este punto de vista se caracteriza por la idea de que la democracia implica la existencia de un sistema bipartidista o de bloques de partidos opuestos, que se van alternando en el gobierno. Esta versión democrática no tiene en cuenta que los gobiernos de los sistemas multipartidistas y consensuales tienden a ser coaliciones, y que un cambio de gobierno en estos, a veces, supone sólo una modificación en la composición de partidos del gabinete.
Pero ¿cómo influye en la ejecución de una política económica efectiva y en la calidad democrática el tipo de democracia que se adopta en un país? El juicio convencional reconoce que la representación proporcional y la democracia consensual pueden proporcionar una representación más fiel de todos los grupos e intereses, incluyendo aquellos minoritarios, y que también consigue una participación más amplia en la toma de decisiones. Pero además afirma que los gobiernos de un solo partido político mayoritario son más decisivos y efectivos en la elaboración de políticas públicas. Esta visión de la política implicaría que la representatividad se consigue a expensas de la efectividad, que un gobierno para ser efectivo debe ser mayoritario y alejado de coaliciones y negociaciones.
Las investigaciones de Lijphart le hicieron concluir que las democracias consensuales consiguen mejores resultados que las democracias mayoritarias, especialmente en lo referente al control de la inflación, pero también en otros resultados macroeconómicos y en el control de la violencia. En efecto, concluyó que los sistemas consensuales estimulan el crecimiento económico, controlan la inflación y el desempleo y limitan el déficit presupuestario con una eficacia similar a la que ofrecen las democracias de mayoría absoluta. Aunque estos resultados eran ambiguos y NO permitían afirmar que las democracias consensuales son mejores a la hora de tomar decisiones y de elaborar políticas. Sin embargo, SÍ quedó demostrado con pruebas empíricas que las democracias mayoritarias no son superiores a las consensuales en la gestión económica y el mantenimiento de la paz civil. Por lo tanto, las democracias mayoritarias no son mejores gobernantes. El juicio convencional estaba equivocado.
En una segunda parte de sus análisis de treinta y seis democracias, Lijphart demostró que las democracias de consenso tienden a ser de más calidad: tienden más a ser Estados de bienestar, protegen mejor el medio ambiente, encarcelan a menos gente y son menos propensas a la pena de muerte. Además, son más generosas con las ayudas económicas a los países en vías de desarrollo.
Estas conclusiones implican algo importante. Como el desempeño global de la democracia consensual es claramente superior, esta es la opción más recomendable para países en proceso de democratización o de reforma democrática, especialmente para sociedades con profundas divisiones culturales y étnicas.
Sin embargo, no quiero acabar sin exponer mi particular hipótesis. Los partidos extremistas, tanto de izquierda como de derecha, están siendo admitidos en los gabinetes de no pocos países, el ejemplo más actual podría ser en breve la Francia Insumisa de Mélenchon. Es el resultado de una mayor polarización política de nuestras sociedades. Hoy los resultados de Lijphart podrían no ser los mismos.
Otras variables están adquiriendo un protagonismo que antes no tenían. La globalización ha traído consigo cambios políticos, económicos y sociales que son claves para nuestros modelos de democracia. La libre circulación de personas entre los países de la Unión Europea, la descontrolada inmigración irregular procedente de terceros países, el libre movimiento de capitales, el libre mercado, y la globalización de la delincuencia, por ejemplo, son algunas claves de las últimas décadas en nuestra vecindad internacional. Estos fenómenos están modificando nuestros valores y estructuras políticas.
Los cambios no han sido bien recibidos en importantes sectores del electorado, lo cual ha favorecido las posiciones de los extremos del espacio político y los extremistas han ganado mayor influencia en los gabinetes de los distintos niveles de gobierno. En semejante estado de cosas los consensos son cada vez más costosos, con cada vez mayores cesiones a la extrema izquierda y la extrema derecha. Los grandes partidos están abandonando la moderación progresivamente y el centro político no se sustenta con la desaparición de los partidos de centro. La incorporación de estos partidos radicales a la arena política puede haber alterado los equilibrios de poder y afectado negativamente a la superior calidad de la democracia consensual.
Fernando M. García Nieto
[1] El mérito de esta definición debería recaer en Daniel Webster en lugar de en Abraham Lincoln. Webster pronunció su discurso en 1830, treinta y tres años antes del discurso de Lincoln en Gettysburg, y en él hablo de “un gobierno del pueblo, hecho para el pueblo, por el pueblo y responsable ante el pueblo”.
[1] Arend Lijphart, Modelos de Democracia, Barcelona: Editorial Planeta, 2000.
Editor C
Opinión
Se avecinan las Olimpiadas, evento donde el esfuerzo de quienes dedican sus vidas al deporte se ve recompensado con la mera participación en ellas, como expresa el eslogan “Lo importante no es ganar, sino participar”, acuñado por Pierre de Coubertin en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908. En la competición olímpica se premia a los mejores en las distintas pruebas de acuerdo con el lema “Citius, altius, fortius” (más rápido, más alto, más fuerte), vigente desde los primeros Juegos celebrados en la Edad Moderna (Atenas, 1896).
El llamado “Espíritu Olímpico” responde a la búsqueda de la excelencia por los y las atletas, a una demostración de juego limpio y de respeto al rival, que no enemigo, y supone un código de comportamiento dentro y fuera del estadio y del gimnasio. A quienes destacan en cada una de las disciplinas se les reconocía con coronas de olivo o laurel en la antigüedad y con medallas de oro, plata, bronce y diplomas olímpicos en la actualidad. El “Espíritu Olímpico” supone una barrera testimonial ante la avidez mercantil que infecta el deporte.
Todo lo contrario al “Espíritu Olímpico” se ve a diario en la arena política, donde no existen rivales sino enemigos y donde las medallas y otras distinciones adquieren un significado que da asco en la mayoría de los casos porque no responden a la excelencia, sino más bien a la mediocridad sectaria de quien las concede y que avergüenzan a quien las recibe. Estas medallas y distinciones responden al postureo populista de la casta política que utiliza a las “celebridades” elegidas a tal fin cuando no se las conceden, sin rubor, a otros políticos.
Sirva como ejemplo de medalla infame y corrupta de la democracia española la de Oro del Congreso de EE.UU. comprada por Aznar. España pagó 1.600.000 € al bufete de abogados DLA Piper Rudnick en 2003 para que hiciera labores de lobby de cara a su obtención y para invitar a senadores y congresistas al acto donde le fue entregada. Todo un monumento a la vanidad, a la soberbia y al uso de dinero público para obtener réditos personales amañados porque lo importante no es participar, sino ganar, sin importar el precio ni los medios.
En el rastrero medallero populista, son muchos los santos y las vírgenes que cuentan con condecoraciones institucionales a mayor gloria del gobernante de turno. Lo hacen políticos de casi todos los colores como parte de la mercadotecnia electoral en la “España de charanga y pandereta, / cerrado y sacristía, / devota de Frascuelo y de María” que describió Machado. Hasta un alcalde impío como Kichi condecoró a una virgen gaditana pasando a la posteridad como un machadiano “Gran pagano, /…/ ¡aquel trueno!, / vestido de nazareno”.
Hace unos días, en pleno pasteleo del bipartidismo redivivo, narraban las crónicas que José Luis Sanz (PP), alcalde de Sevilla, va a nombrar a Susana Díaz Hija Predilecta de Triana. El nombramiento es toda una estrategia política, toda vez que la “predilecta” frecuenta las mismas trincheras que Alfonso Guerra, Felipe González, Page y otros barones “socialistas” para disparar a Pedro Sánchez desde que decidió presentarse a las primarias del PSOE en contra del criterio del aparato del partido. La deuda con Susana la tiene el PP, no Sevilla.
Ha saltado la noticia de que Nacho Cano, condecorado por Ayuso, ha sido detenido por la Policía Nacional denunciado por contratación irregular de inmigrantes. El faldero de la presidenta, en rueda de prensa, ha esgrimido el argumentario de M.Á.R.: “...es un ataque a su persona por apoyar a Ayuso y el criminal es la Policía”. Como se evidencia, el tráfico de medallas y distinciones en el PP es tan intenso como la implicación de sus dirigentes en las tramas de corrupción que salpican al Partido Popular a lo largo y ancho de toda España.
Pepe Morales
Editor C
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En 1965, tiempos en que José Solís ejercía de Ministro–Secretario General del Movimiento, declararon a Cabra cabeza sanitaria de la comarca Subbética. En 1975, Cabra solicitó al ministerio la construcción de un hospital que fue aprobada en 1976. Se dice que para el proyecto llevaron a Madrid un mapa trucado en el que la carretera Madrid–Málaga pasaba por la Fuente del Río en lugar del Paseo de Rojas. En 1982, fue inaugurado el Hospital Infanta Margarita. No merece la pena mirar atrás sino para constatar que el hospital es un cuarentón que necesita readaptaciones para cubrir las necesidades sanitarias de la población y remodelaciones como la realizada hace poco por 4 millones de euros.
Mirando al presente y al futuro, sin acritud, conviene saber que un Hospital de Alta Resolución (HARE) es un novedoso concepto (funcionan varios desde hace años en Andalucía) que dota al sistema de una organización estructural y funcional de los procesos orientados al usuario y a los resultados, con el objetivo de que las pruebas, exploraciones y tratamientos se realicen en un acto único y con la mayor brevedad posible.
Entre otras ventajas, estos centros permiten un mejor acceso a los dispositivos diagnósticos y terapéuticos; una disminución de los tiempos de respuesta de las pruebas diagnósticas, consultas externas y cirugía programada; una adecuada atención sanitaria urgente; una optimización de la cooperación asistencial entre atención primaria y atención especializada; y suponen una alternativa a la hospitalización convencional. No se trata, pues, de duplicar las funciones del Infanta Margarita sino de complementarlas con el HARE en Lucena.
Lucena tiene 43.000 habitantes y Cabra 20.000, por lo que es de justicia que se construya el HARE en Lucena al servicio de la población de la Subbética. El argumento de que existe un hospital público a 9 kilómetros no es racional ni responsable, sino la argucia para negar a Lucena y la Subbética algo esencial para aliviar el Infanta Margarita y mejorar notablemente la prestación sanitaria. Tampoco es de recibo la falacia de que no hay dinero: con el que desvía la Junta a la sanidad privada, hay más que suficiente para acometer ésta y otras infraestructuras en la Sanidad Pública andaluza.
El problema es ideológico: los actuales gobernantes locales, provinciales y autonómicos conciben la Sanidad como un negocio y no como un Servicio Público. Así lo demuestran las comunidades gobernadas por el Partido Popular, a la cola en inversión en la Sanidad Pública y a la cabeza en conciertos privados (desde que gobierna Moreno Bonilla, Andalucía lidera los ranking de no inversión y deterioro). Lo mismo sucede con otros Servicios Públicos como la Educación, la Dependencia o las Pensiones. Para optimizar los beneficios de la sanidad privada, son necesarias decisiones políticas de calado, como las tomadas por la Junta del PP, que fuerzan el deterioro de la Pública y promocionan negocios privados que se convierten en recolectores de dinero público vía concertación.
La súbita creación de un hospital privado en tiempo récord y la proliferación de chiringuitos sanitarios durante los últimos años en Lucena es más que sospechosa. Ningún consejo de administración de una empresa seria y solvente aprobaría jamás una inversión millonaria para ubicar un hospital donde está prevista la ubicación de un HARE, a 9 km del comarcal de Cabra, a 27 del HARE de Puente Genil, a 30 del comarcal de Montilla y a 54 del comarcal de Antequera. Cualquier estudio de mercado riguroso desaconsejaría la iniciativa… a no ser que el proyecto contemple datos fiables que garanticen la rentabilidad a corto y medio plazo. ¿Blanco y en tetrabrik?
Tras 20 años de reivindicaciones, el plan funcional del HARE de Lucena fue definido en 2017, el acuerdo entre la Junta (PP y C’s) y el Ayuntamiento (PSOE) fue firmado en 2019 y la definición pública del presupuesto y los plazos del mismo se fijaron en 2021. Jesús Aguirre (consejero de Sanidad) anunció, en sede parlamentaria, que la Junta reservaba los 26 millones necesarios para el HARE con un tiempo máximo de ejecución de la obra de cuatro años, por lo que la inauguración estaba prevista para 2025.
¿Qué ha pasado desde entonces, en tan corto espacio de tiempo? Cualquier mente malpensada puede atar cabos y relacionar aquella promesa electoralista con la situación de un gobierno necesitado de votos y la reciente negativa de la Junta con la posición sectaria (desechan los proyectos del PSOE) y prepotente (el negocio privado es lo único) respaldada por un Moreno Bonilla y un Aurelio sobrados de votos. Poco más.
¿Qué pasará a partir de ahora? Cualquier persona que observe y lea la actualidad política, debiera saber que cambiar de opinión y mentir es parte sustancial del bipartidismo. Saben que cualquier protesta o reivindicación ciudadana tiene una vigencia de apenas dos semanas, un mes a lo sumo, en la vorágine de noticias, falsas noticias y bulos que engulle cada día el electorado. Mezclar el HARE con la muy legítima reivindicación de un nuevo equipo de urgencias y unas instalaciones dignas para las mismas ha sido una concesión a estos trileros que, con cuatro euros, atenderán estas peticiones y repetirán hasta la saciedad que han satisfecho el 66% de las demandas. Espero estar equivocado.
Pepe Morales
Editor C
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Estamos viviendo la reactivación de las demandas por la mejora de la sanidad en nuestro municipio. Tras el anuncio de la delegada de Salud, María Jesús Botella, en el que replanteaba el contenido del nuevo centro sanitario que la Junta proyectaba y señalaba la falta de financiación para este proyecto, nuestra sociedad civil se ha vuelto a movilizar. Este jueves 27 de junio se ha celebrado una concentración en la Plaza Nueva que recordaba a la manifestación del año 2006 aunque con menos de la mitad de asistencia de aquella.
La Junta de Andalucía está recibiendo fuertes críticas por la ineficiencia de su gestión de la sanidad, mientras se afana en incrementar el número de contrataciones para mitigar una parte del problema. No entraré en profundidad en las causas de estos resultados, pero desde distintos medios se citan, por ejemplo, la escasez de los recursos dedicados a este fin, la limitación de las plazas universitarias de medicina, una tendencia a la concertación público-privada del actual gobierno andaluz, e incluso se contempla la existencia de un boicot sanitario de la izquierda hacia el actual gobierno andaluz conservador. En esta ocasión quiero opinar sobre un concepto que se encuentra encajado en la relación entre estas movilizaciones y la acción política de los partidos locales, “la política de superoferta”.
La situación expuesta nos sirve como marco para intentar explicarlo. En las acciones de la oposición y del gobierno local en relación con las demandas de una mejor sanidad, en su participación en la concentración y otras acciones, y en el apoyo que brindan a las asociaciones y sindicatos integrados en este movimiento social hallamos el rastro de esta tendencia en la forma de hacer oposición y de gobernar. Resulta chocante que todos los partidos se posicionan a favor de este movimiento por las necesidades sanitarias pero el hospital público no llega.
Ya llevamos casi veinte años esperando el tan ansiado hospital público, primero con PSOE en la Junta y en el gobierno municipal, y ahora con el Partido Popular en ambas instituciones de gobierno. ¿Nuestros partidos nos están “ofertando” algo irrealizable? ¿Si fuera así porqué siguen todos los partidos sumándose a las acciones de este movimiento social?
Para tratar este concepto quiero diferenciar entre las demandas de una mayor calidad en la sanidad pública local, en general, y la petición de un hospital público en particular. Yo quiero que se mejore la calidad de la atención sanitaria en mi ciudad, lo contrario sería propio de una mente obtusa e irracional, y también "deseo” que se nos dote de un “Hospital”, ¿o un “Centro sociosanitario”? Ambos conceptos son distintos y se vienen utilizando con ambigüedad desde ámbitos políticos y administrativos, hasta el punto de que muchos de nosotros no sabemos ya cuál es la intención de la Consejería para nuestro municipio.
Pero al mismo tiempo soy consciente de que el gobierno regional no puede adoptar decisiones políticas a la carta, en función de los deseos de grupos minoritarios o de municipios determinados, que debe buscar el interés general y la gestión eficiente de los recursos con un alcance autonómico. Resulta poco eficiente la construcción y puesta en marcha de un nuevo hospital cuando tenemos a quince minutos el Infanta Margarita, y ahora, además, otro hospital privado concertado en el Polígono Príncipe Felipe. En cambio, todos podemos observar que la calidad de los servicios sanitarios disponibles actualmente cuenta con un amplio margen de mejora, incluyendo si es necesaria la puesta en marcha de un nuevo centro sanitario, que no hospitalario. En ello deberían invertirse los esfuerzos políticos.
Por las razones expuestas, en lo sucesivo, nos vamos a centrar exclusivamente en la construcción de un nuevo hospital público como ejemplo de “superoferta” política. Quedémonos con eso y con que la “política de la superoferta” puede ser una estrategia tanto de la oposición como del Ejecutivo, y que esta puede desempeñarse en todos los niveles de gobierno; central, autonómico y local.
El principio económico más elemental nos señala que los recursos son escasos y las demandas de los individuos son infinitas. Cualquier gobierno querría atender todas estas demandas para poder asegurarse los apoyos necesarios en las siguientes elecciones. Esto sería fácil si contaran con presupuestos ilimitados y por tanto con recursos inagotables. De este modo se podría atender a los objetivos de todos los grupos de interés y las peticiones de toda la sociedad en su conjunto.
Esto es algo utópico, ya que la realidad es que los políticos en el gobierno no cuentan con recursos infinitos, y si quieren ser reelegidos, seleccionarán para satisfacer aquellas peticiones que más les convengan para recabar apoyo electoral, e intentarán que estas decisiones concuerden con sus principios ideológicos y sus programas. Lo segundo no es imprescindible en muchas ocasiones.
Ante la realidad inevitable de la escasez los buenos gobiernos deben, además, implantar sus decisiones con la mayor eficiencia. Tienen que proveer las mejores políticas con los recursos indispensables, hacerlo de modo eficaz y sostenible en el tiempo. Esto se traduce en un reparto territorial de los servicios públicos para intentar llegar a la mayor cantidad de población, distribuyéndolos geográficamente de forma que den cobertura a sus respectivas zonas de influencia.
En estas condiciones resulta ineficiente y por ende ineficaz la ubicación de dos hospitales en dos localidades limítrofes, si esto supone que se desatiendan otras zonas con menor densidad de centros sanitarios o mayor densidad de población. Recordemos que los recursos son limitados. Aun así, nuestros partidos se las componen para “ofertarnos” a los votantes un nuevo hospital público en el municipio. Y aquí entra en juego lo que Giovanni Sartori llama “política de superoferta”.
Los partidos que se encuentran en la oposición defienden y pretenden abanderar las demandas de políticas y servicios de nuestra sociedad, pero con frecuencia cuando se encuentran en el gobierno cambian de parecer, retardan la implantación de lo que ellos mismos proponían, o sencillamente se olvidan de sus promesas de campaña. Hacer oposición así es fácil, pero también es irresponsable y más propio de partidos antisistema o de aquellos con escasa posibilidad de llegar a gobernar. Las élites de este tipo de partidos asumen que nunca gobernaran y pueden por ello prometer, “ofertar”, cualquier cosa, sin tener en cuenta la limitación de los presupuestos o cualquier otro criterio de eficiencia o viabilidad. Eso les da votos, y saben que nunca tendrán que aplicar esas políticas.
Pero las diferencias entre unos partidos y otros no son demasiado grandes, todos hacen este tipo de oposición en algún momento, y podría parecernos divertido, desde el desconocimiento de las consecuencias, ver como al llegar a puestos decisorios, en el gobierno y la administración, los políticos sufren una suerte de amnesia repentina al toparse con la cruda realidad de la escasez.
Señala Sartori que “es posible que una oposición se comporte de modo responsable si se espera de ella que haya de responder, esto es, que deba llevar a la práctica lo que ha prometido. A la inversa, es probable que una oposición sea tanto menos responsable cuantas menos esperanzas tenga de gobernar”.
El mismo autor explica que “en política existen normas de competencia, y la política competitiva no consiste sólo en la competitividad. El concepto de la política competitiva viene de la economía. La competencia económica resulta posible en dos condiciones; que el mercado escape al control monopolístico y que las mercancías sean lo que se dice que son. La última condición se satisface mediante los controles legales, y si los productores pudieran escapar a toda sanción por la venta de una cosa en lugar de otra el mercado competitivo se hundiría inmediatamente”.
Y que “semejantes condiciones se aplican a la competencia política. La política competitiva no está condicionada sólo por la presencia de más de un partido, sino también por un mínimo de competencia limpia y confianza mutua, por debajo del cual difícilmente puede funcionar un mercado político como mercado competitivo. El fraude político es menos fácil de detectar y controlar que el fraude económico, pero la distinción entre una oposición responsable y otra irresponsable deja margen para una distinción equivalente entre la competencia política limpia y sucia. Si un partido puede siempre prometer el cielo en la tierra, sin tener que responder jamás a lo que promete está fuera de la competencia limpia.”
“La política de la superoferta lleva a algo muy parecido al desequilibrio inflacionario, en el que los competidores tratan de arrancarse el apoyo los unos a los otros mediante llamamientos más estentóreos y promesas cada vez mayores, de modo que aumenta la competencia por la oferta disponible, pero la oferta no aumenta.” (Sartori, 2005).
Los votos salen cada vez más caros. Esta forma de competencia política lleva irremediablemente al incremento ilimitado del presupuesto y del gasto público, y por tanto al aumento de la carga impositiva que han de soportar los ciudadanos, a la inflación, al incremento de la deuda pública y al déficit fiscal.
La política de oferta no es exclusiva de la oposición. La necesidad de conseguir apoyos electorales lleva a los partidos de gobierno a una eterna campaña de fidelización y proselitismo, haciendo promesas cada vez mayores, cumplidas mediante el aumento constante de los presupuestos para satisfacer el mayor número de demandas políticas de la sociedad electora. Respondiendo a estas presiones no dudan en acudir a los mercados de deuda, o a las entidades financieras si los ingresos no alcanzan, empeñando el futuro de las generaciones más jóvenes que se ven condenadas a pagar la factura de políticas que quizás ellos no lleguen a disfrutar.
Un gobierno responsable se endeudaría sólo para la inversión en infraestructuras que puedan ser disfrutadas por las cohortes futuras, pero este principio de responsabilidad presupuestaria está quebrado actualmente en nuestro sistema político. Es necesario romper con esta tendencia irresponsable.
Para concluir, volviendo al caso concreto del nuevo hospital público, no es necesario decir que las acciones de las instituciones representadas en el movimiento social local por la mejora de la calidad sanitaria son justas y legítimas, y entran dentro de la normalidad política de cualquier sociedad democrática, es algo obvio, incluso si pretenden la puesta en funcionamiento de un nuevo hospital público para el municipio y su comarca.
Sin embargo, la tarea de nuestros partidos debería ser otra. Ellos son los encargados de canalizar esa demanda de un nuevo hospital hacia los centros de decisión, hacia las instancias de gobierno competentes para ejecutar las políticas solicitadas, y de buscar los apoyos a través de sus organizaciones de partido para que estas peticiones se hagan realidad, o no se lleven a cabo, según sea su postura. Su participación en las acciones del movimiento reivindicativo tiene un tufo a postureo electoral. Pretenden conseguir votos “ofertando” un hospital nuevo en Lucena, algo que es irresponsable, porque no es eficiente y difícilmente podrá ser una realidad en el futuro. Ellos lo saben, tienen los datos y los números, pero siguen enredados en la competencia política sucia de la “superoferta”.
Fernando M. García Nieto
Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza, 2005.
Editor C
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Miro al cielo y, sobre el azul, unas estelas blancas de humo escriben con volátiles renglones la historia del progreso. El Hombre, cubierto con plumaje de fibra de carbono, vuela más veloz y más alto que cualquier otra especie de la Naturaleza, superando la barrera del sonido y traspasando la estratosfera con voluntad, no lo duden, de sustituir a los dioses en las alturas celestes. Me inquieta recordar que Georges Méliès plasmó la capacidad destructora humana en Viaje a la luna (1902) alunizando un cohete en un ojo de la luna.
Miro al cielo azul estival y destaca la ausencia de bandadas de vencejos en formación de combate. Hay quien afirma que un vencejo puede comer 40.000 insectos diarios (¿mucho?) y que su población ha menguado un 40% en la última década (una evidencia). El braille urticante de las picadas de mosquito sobre mi piel y la atmósfera asfixiante del salón recién fumigado corroboran que el déficit de plumas se traduce en superávit de cantidad y variedad de mosquitos y dolencias. Es un tremendo error humano, uno más, despreciar con odio las plumas, ¿tal vez porque Platón definió al hombre como animal bípedo implume?
Cuando Plauto (254–184 a.C.), en su comedia Asinaria (Asnos), escribe “Lupus est homo homini” (‘El hombre es un lobo para el hombre’), estaba advirtiendo del peligro que supone el lobo para un mundo de borregos, sonrientes cuando las víctimas son aves desplumadas a dentelladas, ignorantes de que a continuación les tocará a ellos. Veintitrés siglos después, el lobo sigue desplumando hombres en un mundo con menos aves.
La “pluma” es el colmillo de la homofobia que desgarra a quien practica la diversidad afectiva y no sigue la masculinidad impuesta. La expresión “tener pluma” se relaciona con las plumas de las vedetes a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Miguel de Molina fue perseguido y torturado por el franquismo por marica y rojo hasta su exilio y un fascista presumió de haber metido a Lorca dos tiros en el culo por maricón. La historia que no se conoce, se tergiversa y se olvida se vuelve a repetir: de hecho, se está repitiendo hoy.
Las manadas de Abascal y Ayuso muestran sus fauces rabiosas para amenazar la libertad afectiva en España. Sus palabras y obras son las empleadas a lo largo de la historia para arengar a la sociedad contra quienes expresan públicamente sus afectos y deseos. Truenan estos días soflamas que reproducen arengas falangistas y sermones clericales cuya traducción más inmediata es el acoso y la violencia contra personas LGTBI. Vuelven a equiparar homosexualidad con enfermedad y vuelven a encerrar banderas en el armario.
Parafraseando a Pío Baroja, a una colectividad (borregos sumisos y cobardes gallinas) se le engaña siempre mejor que a un hombre. Es lo que hacen las extremas derechas sin temer castigo divino por incumplir el octavo mandamiento, ni humano por infringir el código penal. No es descabellado decir que habito un país que lapida a las mujeres utilizando para ello la lengua y el idioma castellano y que cuelga a homosexuales en la pluma de la grúa que edifica un Estado excluyente y teocrático. El que pueda hacer que haga, Aznar dixit.
En tiempos de desequilibrios ecológicos, de especies en peligro de extinción y de especies invasoras, resiste e intenta dominar el mundo, otra vez, la especie facha cavernario, en dura competencia con las cucarachas tras sobrevivir a la extinción de los dinosaurios. Esa especie que definió Pío Baroja, detractor de la república y defensor de la dictadura: El hombre: un milímetro por encima del mono cuando no un centímetro por debajo del cerdo. Es hora de gritar con Averroes: El pensamiento tiene alas y nadie puede detener su vuelo.
Pepe Morales
