Volver a analizar un relato guerrerense, por Julián Valle Rivas

Para volver a analizar un relato guerrerense, el lector, supeditado a los protocolos de la narrativa, deberá deponer el ánimo al imperio de reposar la vista sobre las palabras que construyen el texto en la conciencia de que la vida de Carlos Gardel, hagiografía de las aves cantoras, paroxismo de la lírica musical, se tejió tan plagada de venturas y desventuras, de sucesos de lo cotidiano y de lo insólito, de capítulos diversos y dispersos, múltiples y variopintos, al cabo, que uno solo de los acontecimientos, azarosos o trágicos o instantáneos, fogonazos arrebatados al tiempo, suple al autor del material necesario para componer un relato, descomponiendo los principios de la narrativa en individualizadas perlas para los distintos géneros.

Y es que la vida de Carlos Gardel es para cantarla en hexámetros dactílicos que se funden y se confunden en la difusa línea del infinito y es para narrarla en parágrafos entregados a la causa de plasmar una realidad que supera la ficción, porque existen realidades que bien podrían confundirse con simulaciones de un intelecto ingenioso y desquiciado a la par.


El conglomerado de relatos que es «España noir» (MAR Editor, 2026) reúne a veintisiete autores en español determinados a explotar el relato negro o criminal, hundiéndose en los lóbregos abismos de la sociedad, dejándose arrastrar por su violencia y corrupción. Con el empleo de su característico tecleo ágil en la confección del escrito y una impecable técnica literaria, eficaz, que embellece, para la especial ocasión, de un popular lunfardismo y jerga urbana porteña, que hace la lectura imprescindible, la propuesta de Manuel Guerrero supone una gota succionada a la inmensidad oceánica con la cual se equipararía la biografía de Gardel. Entorno del Palais de Glace, Buenos Aires, primeras horas del 11 de diciembre de 1915, Carlos Gardel acaba de estrenar veinticinco años, relucientes y altaneros, mientras va ganándose el corazón de los arrabales porteños entre los suspiros de las jóvenes y las copas de champan que riegan los rítmicos acordes de tango. Su inseparable amigo el actor Elías Alippi es uno de sus acompañantes en una festiva velada que transcurre en el fastuoso salón de la Recoleta, donde se mezcla la alta sociedad y la bohemia. Al salir del local, una repentina avería del coche retiene a los amigos en la calle, a merced de las sombras traicioneras de la madrugada que acaban trayéndoles la emboscada de un grupo de niñatos bien de la capital, capitaneado por Roberto Guevara, arquitecto de influyente familia, poderosa, hampona. Arrogante bacán acostumbrado a hacer su voluntad sin mesura ni contención. Los motivos exactos acaban perdiéndose en la leyenda. Sea una trifulca callejera por cuestiones políticas, sea una venganza personal derivada de los celos alrededor de una mujer de disoluta y noctívaga presencia en la ciudad, la Ritana o Madame Jeanne, la cuestión es que las palabras escalan de tono y la mediación de Gardel de poco sirve cuando él mismo es el objetivo, pues, al sacar el arma, Guevara le espeta «Ya no vas a cantar más “El moro”». La reacción de Alippi llega tarde y el disparo reverbera en la densidad de la fiebre y de la noche. Es un estallido seco y un impacto que perfora la carne del cantante, supera su tórax y queda alojada en su pulmón izquierdo, derribándolo de inmediato. El pánico y el caos guarece la cobarde huida de los agresores. El cantor es conducido al Hospital Ramos Mejía en estado crítico, se teme por su vida, hasta que se logra estabilizar, momento en el cual el equipo médico se enfrenta al dilema de extraer el plomo alojado en fea posición, comprometiendo la supervivencia del paciente, o abandonarlo en el asilo visceral del artista. La prudencia se impone sobre la impaciencia, el proyectil queda integrado en Gardel, conservado en sangre de rapsoda, privilegiado testigo de una gloria inmortal, compañero insomne para la resignación del portador. El trozo de metal permanecerá alojado en el pecho de Carlos Gardel durante veinte años, y será la fatalidad de Medellín la que lo devolverá a la luz, a través de una autopsia final. El incidente de 1915 marca un punto de inflexión en el estilo del cantante, obligándolo a reinventarse, a readaptarse, ante la invasión o conquista pulmonar, aclimatación que, paradójicamente, quizá lo ayuda a convertirse en mito. Se cuenta que su fuerza de voz física, directa, aguda trasvasa a la interpretación intimista, acompasada, expresiva, alargando palabras, acortando silencios, descargando el trabajo de pecho y laringe. Por su parte, el pendenciero atacante Roberto Guevara, gracias al poder familiar, nunca pagará por su crimen.


«Melodía de las balas» es la narración guerrerense de aquel suceso, pero también sus causas y consecuencias. Resérvese al lector intrigado, adicto a la narrativa, la exposición de Manuel Guerrero acerca de los fundamentos, o tal vez pretextos, de la terrible resolución, de ese bellaco disparo que pudo haber cambiado la historia de la música, provocando la muerte de Carlos Gardel, o que, de hecho, la cambió, para regalarnos veinte años del cantor de funesto destino, quien, el 24 de junio de 1935, ya no será capaz de esquivar de nuevo al infortunio.


Julián Valle Rivas

De la excelencia técnica a la improvisación operacional: la quiebra del sistema de seguridad en la Alta Velocidad, por Fernando Manuel García Nieto

Durante décadas, la Alta Velocidad ferroviaria española ha sido exhibida como el gran escaparate de la modernización de nuestras infraestructuras públicas. Un modelo asentado sobre la promesa de una seguridad pasiva infalible donde la tecnología automatizada eliminaba, casi por completo, el margen de error humano. Sin embargo, los recientes acontecimientos en la red y, de manera trágica y definitiva, el siniestro de Urda (Toledo), han resquebrajado de forma irreversible esa narrativa institucional.


Cuando la gestión de un sistema crítico sustituye la rigurosidad técnica y la inversión sostenida por el automatismo político y la improvisación en la gestión de crisis, el resultado deja de ser una desgracia imprevista para convertirse en una tragedia previsible.


El análisis de la secuencia de hechos ocurrida en el Puesto de Mando H24 tras la caída del sistema informático de seguridad en el tramo de Urda pone de manifiesto una vulnerabilidad operacional inadmisible. La detención automática de las unidades era la respuesta correcta del sistema ante la avería. El verdadero colapso no fue informático, sino organizativo.


Autorizar a un convoy a reanudar la marcha en régimen de circulación degradada sin verificar indubitadamente si el cantón precedente se encontraba despejado supone una quiebra flagrante de las reglas más elementales del deber objetivo de cuidado. No estamos ante un error de interpretación complejo, sino ante la omisión de las comprobaciones mínimas de seguridad en el centro de regulación del tráfico. Cuando el sistema automático cae, la "barrera humana" no puede convertirse en un factor de riesgo impredecible; debe ser el último y más riguroso cortafuegos.


Lo más alarmante desde la perspectiva de la responsabilidad institucional es que este escenario no era desconocido. Los organismos de investigación técnica ya habían emitido dictámenes e informes de advertencia señalando la extrema fragilidad de confiar la seguridad exclusivamente a las comunicaciones verbales o telefónicas en situaciones de degradación del sistema.


Las alertas estaban sobre la mesa: se había advertido de forma explícita de la necesidad de implementar redundancias técnicas adicionales para evitar que un fallo de comunicación del operador pudiera derivar en una expedición de vía libre con obstáculo. Ignorar sistemáticamente las recomendaciones preventivas de los organismos auditores para no asumir el coste de adaptar protocolos o actualizar equipamientos traslada la discusión desde el ámbito de la simple negligencia individual hacia una severa imprudencia organizativa por parte de los responsables de Adif y del Ministerio de Transportes.


En el plano estrictamente penal, el esclarecimiento de estos hechos bajo el tipo de homicidio y lesiones por imprudencia grave no puede conformarse con señalar al eslabón más débil de la cadena: el operador que emitió la orden de marcha.


La jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es clara al delimitar la posición de garante por comisión por omisión. Quienes ostentan la dirección ejecutiva y la responsabilidad de la seguridad en la circulación no solo responden por sus actos directos, sino por permitir que la red funcione bajo parámetros de riesgo no permitido. Si se confirma que la falta de inversión continuada, el deterioro de los sistemas de señalización y la sobrecarga laboral en los puestos de mando crearon un entorno propenso al fallo masivo, la responsabilidad penal debe escalar hacia los niveles directivos de la entidad pública.


A la obsolescencia técnica y el déficit inversor acumulado en mantenimiento se suma un factor de degradación institucional determinante: el sesgo en la selección de las cúpulas directivas. La alta responsabilidad en la gestión de infraestructuras donde se gestionan miles de vidas humanas exige una perfilación técnica intachable, blindada de injerencias partidistas.


Cuando los puestos de libre designación y las direcciones de seguridad de las empresas públicas de transporte se convierten en áreas de acomodo político o de lealtad orgánica en lugar de centros de alta cualificación meritocrática, el sistema pierde capacidad de prevención y resiliencia. La incompetencia en la cúpula se filtra hacia la gestión operativa, debilitando los planes de formación continua, flexibilizando los controles de calidad e incentivando la cultura de la complacencia frente al riesgo.


El accidente de Urda marca un punto de no retorno. No es sostenible defender la excelencia de un modelo ferroviario apoyándose únicamente en la velocidad comercial de los trenes mientras se descuidan los cimientos de la seguridad pasiva y el mantenimiento preventivo.


La investigación judicial debe llegar hasta las últimas consecuencias en la determinación de las responsabilidades penales y civiles. Pero, en paralelo, la ciudadanía exige una asunción de responsabilidad política inmediata y estructural. Depurar la cadena de mando, despolitizar la gestión de las infraestructuras e implementar de manera obligatoria todas las recomendaciones de seguridad no son peticiones sectoriales: son el único camino para devolver la dignidad y la seguridad a un servicio público esencial.

Fernando Manuel García Nieto

LAS PENSIONES PUBLICAS: OBJETO DE DESEO DE LOS BANCOS, por José Antonio Sánchez

Hace ya años que se inició un claro ataque a las pensiones públicas, uno de los derechos más apreciados por la inmensa mayoría de la población. Para ello se ha difundido hasta la saciedad un discurso catastrofista que a base de ser repetido ha calado hondo en la gente: la sociedad se hace vieja, no habrá trabajadores suficientes para financiar las pensiones, estas no se van a poder pagar en el futuro, conviene suscribir cuanto antes fondos de pensiones privados...

Estos razonamientos se suelen presentar acompañados de informes que cada cierto tiempo auguran que en tal o cual fecha la Seguridad Social tendrá un déficit insoportable. Los medios los difunden y la opinión pública termina por asumir que el futuro de las pensiones que ahora son imprescindibles para garantizar una vida digna en la vejez está en el aire. (Torres López y Vicenç Navarro 2010).


Detrás de las alarmas que se lanzan constantemente sobre el futuro de las pensiones hay un intento real de favorecer a las entidades financieras que quieren gestionar en su exclusivo beneficio el ahorro de los trabajadores. El dinero que mueven las pensiones públicas es mucho, más de 200.000 millones de euros anuales, la partida más importante de los Presupuestos Generales del Estado en España, y eso constituye un botín muy apetitoso para los bancos, que se esfuerzan en difundir todo tipo de razones para convencer a la gente de que lo mejor es que ellos gestionen semejante fortuna. En este sentido buscan el apoyo de aquellas formaciones políticas que se prestan a ello porque piensan como ellos, y así escuchamos declaraciones de esta índole: “El sistema de pensiones español es un zombi y está quebrado, (José María Figaredo, secretario general de Vox y portavoz económico). El sistema de pensiones actual va a petar, quebrará debido al envejecimiento de la población y la falta de cotizantes. (Esther Muñoz portavoz del Partido Popular en el Congreso).


Que los bancos obtienen grandes beneficios con los fondos de pensiones (que, no olvidemos, es dinero de los trabajadores), y por eso presionan con todo tipo de acciones y argumentos para gestionarlos ellos en vez de que lo haga el Estado, es un hecho incontestable. Veamos un ejemplo real:


Tengo un plan de pensiones, y en enero de 2021 había 16.870, en enero de 2026, cinco años después, estaba en17.686€. Aparentemente he obtenido una ganancia de 816 euros es decir un incremento del 4,84% (menos del 1% anual). La inflación acumulada en el periodo 2021-2025 ha sido del 24,8%. Esto significa que lo que yo podía comprar en 2025 con 16.870€ hoy necesitaría 21.054€, y solo tengo 17866, luego en los 5 años mi fondo ha perdido 3188€. Negocio redondo.
Mi plan de pensiones lo gestiona una entidad bancaria, como ocurre con el 76% de los fondos de pensiones en España, y resulta que esa entidad, en el periodo 2021-2025 ha acumulado unos beneficios superiores a los 2.000 millones de euros. Lo dice el refrán, la banca siempre gana.


FMI alerta sobre el llamado "riesgo de longevidad", es decir, el impacto que supone que las personas vivan más años de lo previsto para los sistemas de pensiones. Este, que vivamos más años, es un hecho afortunado y fruto del progreso social que los defensores de la privatización, como el Fondo Monetario Internacional y las ideologías neoliberales, nos presentan como algo dramático y peligroso para asustar y vender así mejor sus propuestas de reforma privatizadora (y que los bancos gestionen el dinero de los trabajadores).


El verdadero peligro que amenaza a las pensiones públicas radica en que se sigan aplicando políticas que incrementan cada vez más la desigualdad. Muchos economistas, entre ellos Premios Nobel como Joseph Stiglitz, y organismos internacionales como el Consejo de Europa o la Oficina Internacional del Trabajo, han demostrado que hay formas mucho más justas y auténticas para salvar las pensiones públicas que las que están proponiendo los economistas neoliberales.

José Antonio Sánchez

La moral de trinchera y la quiebra de la moderación, por Fernando Manuel García Nieto

La reflexión en torno a la moral y la ética en el debate público contemporáneo pone de relieve una deriva preocupante: la transformación de la política en una confrontación de bandos donde el adversario deja de ser un legítimo oponente ideológico para convertirse en un enemigo moral. Cuando las discrepancias técnicas y de gestión se trasladan al plano absoluto del bien contra el mal, la democracia liberal entra en una fase de desgaste que erosiona los espacios de encuentro y centralidad.


Un claro ejemplo de esta tendencia se observa en ciertos análisis de cariz progresista en los que se retuerce el concepto de la moral y la ética para descalificar de manera apriorística las ideas liberales y conservadoras. El error de este enfoque reside en una profunda ceguera ante “la viga en el ojo propio”: se asume desde la izquierda una supuesta superioridad ética ligada a la justicia social o el progreso, mientras se obvia de forma sistemática que el uso táctico de la moral es una herramienta de descalificación empleada con simetría especular por ambos extremos del espectro político.


Históricamente, la apelación a los valores y principios éticos no ha sido patrimonio exclusivo de ninguna corriente.


Desde la izquierda se tiende a etiquetar cualquier medida de rigor fiscal, reforma de mercado o defensa del orden público como insolidaria o carente de empatía, deslegitimando al adversario bajo el prisma de la vanguardia social. Y desde la derecha se denuncian las políticas intervencionistas o colectivistas como ataques directos a la libertad individual, la legalidad institucional y la cultura del esfuerzo.


Este uso instrumental de la moral se alimenta, además, de un fenómeno global marcado por el paralelismo en la resurrección de los extremos ideológicos. Tal como recuerda la resolución del Parlamento Europeo sobre la memoria histórica de 2019, tanto el nazismo/fascismo como los regímenes comunistas totalitarios dejaron un saldo de catástrofes humanitarias equiparables. Hoy en día, la dialéctica pública recurre interesadamente a estos fantasmas para inocular miedo: se agita el peligro del neofascismo frente a cualquier giro conservador en materia de soberanía, mientras se blanquean o minimizan las derivas iliberales, el populismo autocrático y el intervencionismo asfixiante que replican esquemas de raigambre comunista en Europa y en Iberoamérica. El resultado es un tablero en el que ambos extremos se acusan recíprocamente de falta de moral, quebrando por completo la moderación.


Esta quiebra de los espacios templados no surge de la nada; puede responder a una doble causa estructural y tecnológica que ha transformado la esfera pública. Por un lado, los partidos tradicionales renunciaron a su papel histórico de mediación, síntesis y búsqueda de grandes acuerdos, prefiriendo atrincherarse en relatos identitarios simplificados para fidelizar a sus bases. Por otro lado, el impacto de los entornos digitales y los algoritmos de las redes sociales ha premiado de forma implacable la polarización emocional, el titular estridente y el maniqueísmo, castigando cualquier matiz o complejidad argumental.


Cuando se utiliza la moral como trinchera, se incurre en un grave sesgo de legitimidad democrática que ignora deliberadamente el pluralismo axiológico. Las ideas liberales y conservadoras no carecen de ética; se sustentan en una concepción legítima basada en la responsabilidad individual, la libertad de elección, la limitación del poder estatal y la preservación de las instituciones que garantizan el Estado de derecho. Sostener un doble rasero, en el que se denuncia la quiebra de la convivencia ajena mientras se justifican o pasan por alto las propias alianzas con populismos autocráticos o la erosión de los contrapesos institucionales, invalida cualquier pretensión de superioridad moral.


La política democrática no puede sostenerse sobre la deshumanización del discrepantе. Reducir la pluralidad ideológica a una batalla entre la luz de la virtud propia y la oscuridad reaccionaria del otro bloquea cualquier salida constructiva a los problemas reales de la ciudadanía. Recuperar la salud democrática exige abandonar el monopolio de la ética, reconocer la legitimidad de las diversas concepciones del orden social y asumir que el disenso no es una patología moral que deba ser extirpada, sino el fundamento indispensable de una sociedad abierta.

Fernando Manuel García Nieto

Los mejores en ortografía, por Julián Valle Rivas

A propósito de los resultados del Informe PISA, por los cuales, hace escasas semanas, la indignación aparente y la cínica vergüenza colectiva se han prolongado durante los treinta segundos de rigor necesarios para cubrir el trámite del escándalo ficticio, representación popular digna de laureles, he recordado una curiosa noticia de hace un año, que refuerza la certeza de que la cuestión objeto de inverecundo conflicto nacional no es novedosa, ni se circunscribe a los infantes, sino que se remonta décadas atrás.


El verano del pasado año, mientras ojeaba un día el periódico, llamó mi atención un titular sobre que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía había defendido la invalidación de cuatro mil exámenes por faltas de ortografía en la última convocatoria de oposiciones a profesores y maestros, y entrecomillaba, a continuación, recurriendo a las comillas inglesas, por supuesto, las palabras de la Consejera al respecto: «“Queremos a los mejores”» (las comillas castellanas son mías). Luego, al adentrarme en la noticia, el asunto del titular quedaba reducido a dos líneas y media, desarrollándose el artículo en torno a que sólo (adverbio destacado) la mitad de los opositores había aprobado los primeros exámenes de junio. Y claro, tamaña ignominia, multiplicada al provenir de una administración pública, había generado una oleada de denuncias por las descalificaciones motivadas por los incumplimientos formales, en los exámenes y en la elaboración de la programación didáctica. Polémica que había transcendido a ese templo de la razón y el diálogo que es la Asamblea Legislativa, a través de la crítica de algunos grupos de oposición. Con ello, emprendía, entonces, la Consejera su labor defensiva, enarbolando las banderas de la transparencia y pulcritud, el respeto al ordenamiento jurídico y alguna que otra pullita, inevitables, al régimen general, bajo responsabilidad de la Administración Central del Estado. Advertía, además, la información que la Consejería había remitido nota aclaratoria a los opositores, comunicando que se revocarían las invalidaciones de las unidades didácticas, a cargo del propio opositor, «… en las que el personal aspirante haya consignado nombre, apellidos, DNI y Especialidad a la que se presenta y no tenga otra causa de invalidación» (las comillas castellanas son cosecha mía, otra vez). Que yo me pregunté, en este punto, cuál habría sido la causa de desestimación de la unidad didáctica de referencia (desestimación ahora revocada), cuando el opositor había registrado sus datos personales y no constaba otra causa de invalidación. Me pregunté si es que el susodicho opositor había cometido faltas de ortografía al escribir su nombre, porque la noticia no lo esclarecía. Había confesado la Consejera, a todo esto, según recogía el artículo, la estupendísima y muy bien traída aplicación analógica del principio básico del Derecho Penal y Administrativo Sancionador «in dubio pro reo», o sea, en caso de duda, a favor del opositor, que es lo más de los principios generales del Derecho y baluarte del Estado Social y Democrático de Derecho. Finalmente, se centraba la noticia periodística en las acusaciones o valoraciones negativas de la oposición, que había tachado el proceso de caótico, irregular, ineficiente, carente de protección y contrario al ordenamiento jurídico; todo debidamente flanqueado por sus comillas inglesas. Incluso, procuraba no olvidar los términos, usados en la intervención política, «nefasto» y «cutre», destacados de nuevo. Lemas incorporados a nuestro Diccionario, faltaría, aunque denoten una evidente vagancia intelectual o un deficiente nivel de vocabulario, máxime, el segundo de ellos.


En Informe PISA me devuelve aquel tema de las faltas ortográficas, por tanto. Su recurso en el título, su dedicación en el cuerpo del artículo, que pudiera ser motivo de indignación o polémica y la respuesta o justificación ofrecida por la Consejera.


Por una parte, el título del artículo periodístico resultaba improcedente y engañoso, pues no lo desarrollaba en su contenido, sino que era un extracto o fragmento muy concreto y reducido, que ni siquiera ofrecía la versión generalizada de la noticia que dedicaba el texto. Quizá, de mayor honestidad habría sido algo como «Polémica por la masiva invalidación de exámenes de oposiciones en Educación. Cuatro mil de ellos por faltas ortográficas». Sin embargo, allá cada uno con sus títulos, quién soy yo, al fin y al cabo.


Que la invalidación de exámenes por faltas de ortografía fuera motivo de polémica o caso digno de reseñar en un artículo informativo, al extremo de comprimirlo en el título, sí resultó sorprendente, como apostillaba líneas arriba, porque debió ser o debería ser, de hecho, algo tan natural y ordinario que no mereciera ser remarcado. No obstante, la realidad es opuesta a la lógica, y lo que se ha normalizado, hasta concebirlo como algo natural y ordinario, es la despreocupación por las reglas ortográficas, por su cumplimiento. Escenario doblegado por una enfermedad degenerativa, a cuya mejoría no contribuye la tendencia a la laxitud en las normas, apreciada en la Real Academia, dispuesta a fomentar la mísera simplicidad, el equilibrio en su rango ínfimo. Si desde la educación básica, primaria y secundaria, si desde el bachiller, si desde la facultad, no se condena y sanciona con el suspenso la comisión de faltas de ortografía (entiéndase, dentro de lo razonable; una errata o desliz lo tiene cualquiera, también dos), materia o área del conocimiento aparte (no hay que restringirse a la Lengua y Literatura), el problema perdurará: opositores, hombres y mujeres de más de veinte años aspirantes a profesores y maestros, a enseñar a las venideras generaciones, ametrallando sus textos con faltas ortográficas. Hay que corregir la desoladora lacra con firmeza y seriedad, empezando por inculcar la pauta de que un mensaje telefónico o un correo electrónico, por muy rápido o informal que se antoje, tiene que respetar unos patrones elementales de ortografía, y no ser enmerdado, por ejemplo, con pseudoabreviaturas inexcusables.


Tampoco ayudaron las palabras de la Consejera, por buena que pudiera parecer su intención o por satisfactoria que se pudiera creer su reacción. No es que para las plazas sólo se admitan a los mejores, que así ha de ser, es que una persona con tamaño grado de déficit ortográfico nunca debió obtener el título universitario, requisito para la inscripción en las oposiciones. La falla debió ser remediada en la primaria, la secundaria, el bachiller, si era posible. Pero ahí tenemos el Informe PISA, y tenemos el régimen educativo que tenemos, esquivo al esfuerzo y la valía, sin criterios selectivos ecuánimes y coherentes; y tenemos los políticos que tenemos, aquellos que nos hemos ganado, aquellos que hemos enseñado, aquellos que, en sede parlamentaria, verbalizan cutreces.


Julián Valle Rivas

La moral, por Pepe Morales

Se trata de un concepto abstracto, un constructo cultural, que afecta a las personas a nivel individual y colectivo y regula su proceder en relación con los conceptos de “bien” y “mal”. Se puede considerar como un conjunto de normas, valores, costumbres y creencias que ajustan las conductas personales en la sociedad en función de lo que es considerado bueno o malo, correcto o incorrecto. Transmitida de una a otra generación a través de la familia, el sistema educativo y la cultura, está sujeta a cambios en las diferentes sociedades y épocas.

Aunque opera en el imaginario colectivo como sinónimo de moral, la ética responde a una reflexión filosófica y crítica sobre la misma y el fundamento de sus valores, en un plano más colectivo que individual, más social que personal. También comparte afinidad semántica con lo espiritual, lo religioso, que trata de trasladar a la sociedad cierto maniqueísmo radical con el objetivo de imponer preceptos privados en el ámbito público de forma dogmática y legal.

En una sociedad plural, diferentes posiciones ideológicas tienden a apropiarse de conceptos vagos o abstractos como Patria o Libertad dotándolos de significados afines a su ideario político, en muchas ocasiones de forma sectaria y excluyente. Lo mismo ocurre con la Moral y la Ética, agravando la situación el hecho de que la apropiación traspasa el ámbito de lo grupal hacia una atomización individual, en cualquier caso de forma interesada y sesgada.

A tal punto se entrelazan los términos y sus conceptos que, en muchas ocasiones, es necesario acudir al origen de las normas y las creencias de la comunidad o al modo en que las personas asumen sus valores para contextualizar determinadas conductas. Es evidente la coexistencia sincrónica de una moral religiosa con otra laica y una tercera social o cultural que pueden ser ejercidas por las personas de forma pública (social) o privada (individual).

No es extraño que moral y ética sean utilizadas como armas arrojadizas en determinados ámbitos para zaherir por unos a quien observa un comportamiento considerado amoral y contrario a la ética, con argumentarios de ida y vuelta que poco después son utilizados por los segundos en contra de los primeros. Es lo que tienen los conceptos abstractos y el escaso rigor con que son usados de cara a un público con el pensamiento crítico castrado.

La elasticidad y la laxitud del concepto “moral” lleva a paradojas como la de que muchos autoproclamados cristianos no aprecien contradicción al justificar el genocido en Gaza, las guerras instigadas por EEUU, la criminalización de extranjeros pobres, la persecución de quienes practican la diversidad afectiva, la especulación de los mercados o el desahucio de Maricarmen (los desahucios). ¿Con padrenuestros y avemarías se restaura la inmoralidad?

La moralidad, entreverada con el patriotismo, lleva a situaciones peligrosas cuando la moral autónoma (cada persona actúa según sus propios principios racionales y su conciencia) es sustituida por la heterónoma (las normas son impuestas por miedo a un castigo). A grandes rasgos, es lo que sucede hoy en un mundo que ha olvidado el asalto a la vida derivado de la moral fascista para repetir el error reemplazando la figura de Hitler por la de Donald Trump.

No es un caso aislado. En España, el nacionalcatolicismo de la dictadura de Franco vuelve por sus fueros de la mano de Aznar, Ayuso, Abascal, Feijóo, los grises y el TOP. En Italia, Meloni recupera la figura de Mussolini, En Argentina, Milei reencarna a Videla. En Chile, Pinochet es resucitado por Kast. En este mundo globalizado, el fascismo vuelve a ser una amenaza real y muy próxima en el tiempo. Hasta Alemania. Y no se trata de casos aislados.

Pepe Morales

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