La vejez femenina protagoniza la exposición de Virginia Bersabé en la Sala Azul de la Casa de los…
May 31, 2024
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Editor C
Opinión
La reflexión en torno a la moral y la ética en el debate público contemporáneo pone de relieve una deriva preocupante: la transformación de la política en una confrontación de bandos donde el adversario deja de ser un legítimo oponente ideológico para convertirse en un enemigo moral. Cuando las discrepancias técnicas y de gestión se trasladan al plano absoluto del bien contra el mal, la democracia liberal entra en una fase de desgaste que erosiona los espacios de encuentro y centralidad.
Un claro ejemplo de esta tendencia se observa en ciertos análisis de cariz progresista en los que se retuerce el concepto de la moral y la ética para descalificar de manera apriorística las ideas liberales y conservadoras. El error de este enfoque reside en una profunda ceguera ante “la viga en el ojo propio”: se asume desde la izquierda una supuesta superioridad ética ligada a la justicia social o el progreso, mientras se obvia de forma sistemática que el uso táctico de la moral es una herramienta de descalificación empleada con simetría especular por ambos extremos del espectro político.
Históricamente, la apelación a los valores y principios éticos no ha sido patrimonio exclusivo de ninguna corriente.
Desde la izquierda se tiende a etiquetar cualquier medida de rigor fiscal, reforma de mercado o defensa del orden público como insolidaria o carente de empatía, deslegitimando al adversario bajo el prisma de la vanguardia social. Y desde la derecha se denuncian las políticas intervencionistas o colectivistas como ataques directos a la libertad individual, la legalidad institucional y la cultura del esfuerzo.
Este uso instrumental de la moral se alimenta, además, de un fenómeno global marcado por el paralelismo en la resurrección de los extremos ideológicos. Tal como recuerda la resolución del Parlamento Europeo sobre la memoria histórica de 2019, tanto el nazismo/fascismo como los regímenes comunistas totalitarios dejaron un saldo de catástrofes humanitarias equiparables. Hoy en día, la dialéctica pública recurre interesadamente a estos fantasmas para inocular miedo: se agita el peligro del neofascismo frente a cualquier giro conservador en materia de soberanía, mientras se blanquean o minimizan las derivas iliberales, el populismo autocrático y el intervencionismo asfixiante que replican esquemas de raigambre comunista en Europa y en Iberoamérica. El resultado es un tablero en el que ambos extremos se acusan recíprocamente de falta de moral, quebrando por completo la moderación.
Esta quiebra de los espacios templados no surge de la nada; puede responder a una doble causa estructural y tecnológica que ha transformado la esfera pública. Por un lado, los partidos tradicionales renunciaron a su papel histórico de mediación, síntesis y búsqueda de grandes acuerdos, prefiriendo atrincherarse en relatos identitarios simplificados para fidelizar a sus bases. Por otro lado, el impacto de los entornos digitales y los algoritmos de las redes sociales ha premiado de forma implacable la polarización emocional, el titular estridente y el maniqueísmo, castigando cualquier matiz o complejidad argumental.
Cuando se utiliza la moral como trinchera, se incurre en un grave sesgo de legitimidad democrática que ignora deliberadamente el pluralismo axiológico. Las ideas liberales y conservadoras no carecen de ética; se sustentan en una concepción legítima basada en la responsabilidad individual, la libertad de elección, la limitación del poder estatal y la preservación de las instituciones que garantizan el Estado de derecho. Sostener un doble rasero, en el que se denuncia la quiebra de la convivencia ajena mientras se justifican o pasan por alto las propias alianzas con populismos autocráticos o la erosión de los contrapesos institucionales, invalida cualquier pretensión de superioridad moral.
La política democrática no puede sostenerse sobre la deshumanización del discrepantе. Reducir la pluralidad ideológica a una batalla entre la luz de la virtud propia y la oscuridad reaccionaria del otro bloquea cualquier salida constructiva a los problemas reales de la ciudadanía. Recuperar la salud democrática exige abandonar el monopolio de la ética, reconocer la legitimidad de las diversas concepciones del orden social y asumir que el disenso no es una patología moral que deba ser extirpada, sino el fundamento indispensable de una sociedad abierta.
Fernando Manuel García Nieto
Editor C
Opinión
A propósito de los resultados del Informe PISA, por los cuales, hace escasas semanas, la indignación aparente y la cínica vergüenza colectiva se han prolongado durante los treinta segundos de rigor necesarios para cubrir el trámite del escándalo ficticio, representación popular digna de laureles, he recordado una curiosa noticia de hace un año, que refuerza la certeza de que la cuestión objeto de inverecundo conflicto nacional no es novedosa, ni se circunscribe a los infantes, sino que se remonta décadas atrás.
El verano del pasado año, mientras ojeaba un día el periódico, llamó mi atención un titular sobre que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía había defendido la invalidación de cuatro mil exámenes por faltas de ortografía en la última convocatoria de oposiciones a profesores y maestros, y entrecomillaba, a continuación, recurriendo a las comillas inglesas, por supuesto, las palabras de la Consejera al respecto: «“Queremos a los mejores”» (las comillas castellanas son mías). Luego, al adentrarme en la noticia, el asunto del titular quedaba reducido a dos líneas y media, desarrollándose el artículo en torno a que sólo (adverbio destacado) la mitad de los opositores había aprobado los primeros exámenes de junio. Y claro, tamaña ignominia, multiplicada al provenir de una administración pública, había generado una oleada de denuncias por las descalificaciones motivadas por los incumplimientos formales, en los exámenes y en la elaboración de la programación didáctica. Polémica que había transcendido a ese templo de la razón y el diálogo que es la Asamblea Legislativa, a través de la crítica de algunos grupos de oposición. Con ello, emprendía, entonces, la Consejera su labor defensiva, enarbolando las banderas de la transparencia y pulcritud, el respeto al ordenamiento jurídico y alguna que otra pullita, inevitables, al régimen general, bajo responsabilidad de la Administración Central del Estado. Advertía, además, la información que la Consejería había remitido nota aclaratoria a los opositores, comunicando que se revocarían las invalidaciones de las unidades didácticas, a cargo del propio opositor, «… en las que el personal aspirante haya consignado nombre, apellidos, DNI y Especialidad a la que se presenta y no tenga otra causa de invalidación» (las comillas castellanas son cosecha mía, otra vez). Que yo me pregunté, en este punto, cuál habría sido la causa de desestimación de la unidad didáctica de referencia (desestimación ahora revocada), cuando el opositor había registrado sus datos personales y no constaba otra causa de invalidación. Me pregunté si es que el susodicho opositor había cometido faltas de ortografía al escribir su nombre, porque la noticia no lo esclarecía. Había confesado la Consejera, a todo esto, según recogía el artículo, la estupendísima y muy bien traída aplicación analógica del principio básico del Derecho Penal y Administrativo Sancionador «in dubio pro reo», o sea, en caso de duda, a favor del opositor, que es lo más de los principios generales del Derecho y baluarte del Estado Social y Democrático de Derecho. Finalmente, se centraba la noticia periodística en las acusaciones o valoraciones negativas de la oposición, que había tachado el proceso de caótico, irregular, ineficiente, carente de protección y contrario al ordenamiento jurídico; todo debidamente flanqueado por sus comillas inglesas. Incluso, procuraba no olvidar los términos, usados en la intervención política, «nefasto» y «cutre», destacados de nuevo. Lemas incorporados a nuestro Diccionario, faltaría, aunque denoten una evidente vagancia intelectual o un deficiente nivel de vocabulario, máxime, el segundo de ellos.
En Informe PISA me devuelve aquel tema de las faltas ortográficas, por tanto. Su recurso en el título, su dedicación en el cuerpo del artículo, que pudiera ser motivo de indignación o polémica y la respuesta o justificación ofrecida por la Consejera.
Por una parte, el título del artículo periodístico resultaba improcedente y engañoso, pues no lo desarrollaba en su contenido, sino que era un extracto o fragmento muy concreto y reducido, que ni siquiera ofrecía la versión generalizada de la noticia que dedicaba el texto. Quizá, de mayor honestidad habría sido algo como «Polémica por la masiva invalidación de exámenes de oposiciones en Educación. Cuatro mil de ellos por faltas ortográficas». Sin embargo, allá cada uno con sus títulos, quién soy yo, al fin y al cabo.
Que la invalidación de exámenes por faltas de ortografía fuera motivo de polémica o caso digno de reseñar en un artículo informativo, al extremo de comprimirlo en el título, sí resultó sorprendente, como apostillaba líneas arriba, porque debió ser o debería ser, de hecho, algo tan natural y ordinario que no mereciera ser remarcado. No obstante, la realidad es opuesta a la lógica, y lo que se ha normalizado, hasta concebirlo como algo natural y ordinario, es la despreocupación por las reglas ortográficas, por su cumplimiento. Escenario doblegado por una enfermedad degenerativa, a cuya mejoría no contribuye la tendencia a la laxitud en las normas, apreciada en la Real Academia, dispuesta a fomentar la mísera simplicidad, el equilibrio en su rango ínfimo. Si desde la educación básica, primaria y secundaria, si desde el bachiller, si desde la facultad, no se condena y sanciona con el suspenso la comisión de faltas de ortografía (entiéndase, dentro de lo razonable; una errata o desliz lo tiene cualquiera, también dos), materia o área del conocimiento aparte (no hay que restringirse a la Lengua y Literatura), el problema perdurará: opositores, hombres y mujeres de más de veinte años aspirantes a profesores y maestros, a enseñar a las venideras generaciones, ametrallando sus textos con faltas ortográficas. Hay que corregir la desoladora lacra con firmeza y seriedad, empezando por inculcar la pauta de que un mensaje telefónico o un correo electrónico, por muy rápido o informal que se antoje, tiene que respetar unos patrones elementales de ortografía, y no ser enmerdado, por ejemplo, con pseudoabreviaturas inexcusables.
Tampoco ayudaron las palabras de la Consejera, por buena que pudiera parecer su intención o por satisfactoria que se pudiera creer su reacción. No es que para las plazas sólo se admitan a los mejores, que así ha de ser, es que una persona con tamaño grado de déficit ortográfico nunca debió obtener el título universitario, requisito para la inscripción en las oposiciones. La falla debió ser remediada en la primaria, la secundaria, el bachiller, si era posible. Pero ahí tenemos el Informe PISA, y tenemos el régimen educativo que tenemos, esquivo al esfuerzo y la valía, sin criterios selectivos ecuánimes y coherentes; y tenemos los políticos que tenemos, aquellos que nos hemos ganado, aquellos que hemos enseñado, aquellos que, en sede parlamentaria, verbalizan cutreces.
Julián Valle Rivas
Editor C
Opinión
Se trata de un concepto abstracto, un constructo cultural, que afecta a las personas a nivel individual y colectivo y regula su proceder en relación con los conceptos de “bien” y “mal”. Se puede considerar como un conjunto de normas, valores, costumbres y creencias que ajustan las conductas personales en la sociedad en función de lo que es considerado bueno o malo, correcto o incorrecto. Transmitida de una a otra generación a través de la familia, el sistema educativo y la cultura, está sujeta a cambios en las diferentes sociedades y épocas.
Aunque opera en el imaginario colectivo como sinónimo de moral, la ética responde a una reflexión filosófica y crítica sobre la misma y el fundamento de sus valores, en un plano más colectivo que individual, más social que personal. También comparte afinidad semántica con lo espiritual, lo religioso, que trata de trasladar a la sociedad cierto maniqueísmo radical con el objetivo de imponer preceptos privados en el ámbito público de forma dogmática y legal.
En una sociedad plural, diferentes posiciones ideológicas tienden a apropiarse de conceptos vagos o abstractos como Patria o Libertad dotándolos de significados afines a su ideario político, en muchas ocasiones de forma sectaria y excluyente. Lo mismo ocurre con la Moral y la Ética, agravando la situación el hecho de que la apropiación traspasa el ámbito de lo grupal hacia una atomización individual, en cualquier caso de forma interesada y sesgada.
A tal punto se entrelazan los términos y sus conceptos que, en muchas ocasiones, es necesario acudir al origen de las normas y las creencias de la comunidad o al modo en que las personas asumen sus valores para contextualizar determinadas conductas. Es evidente la coexistencia sincrónica de una moral religiosa con otra laica y una tercera social o cultural que pueden ser ejercidas por las personas de forma pública (social) o privada (individual).
No es extraño que moral y ética sean utilizadas como armas arrojadizas en determinados ámbitos para zaherir por unos a quien observa un comportamiento considerado amoral y contrario a la ética, con argumentarios de ida y vuelta que poco después son utilizados por los segundos en contra de los primeros. Es lo que tienen los conceptos abstractos y el escaso rigor con que son usados de cara a un público con el pensamiento crítico castrado.
La elasticidad y la laxitud del concepto “moral” lleva a paradojas como la de que muchos autoproclamados cristianos no aprecien contradicción al justificar el genocido en Gaza, las guerras instigadas por EEUU, la criminalización de extranjeros pobres, la persecución de quienes practican la diversidad afectiva, la especulación de los mercados o el desahucio de Maricarmen (los desahucios). ¿Con padrenuestros y avemarías se restaura la inmoralidad?
La moralidad, entreverada con el patriotismo, lleva a situaciones peligrosas cuando la moral autónoma (cada persona actúa según sus propios principios racionales y su conciencia) es sustituida por la heterónoma (las normas son impuestas por miedo a un castigo). A grandes rasgos, es lo que sucede hoy en un mundo que ha olvidado el asalto a la vida derivado de la moral fascista para repetir el error reemplazando la figura de Hitler por la de Donald Trump.
No es un caso aislado. En España, el nacionalcatolicismo de la dictadura de Franco vuelve por sus fueros de la mano de Aznar, Ayuso, Abascal, Feijóo, los grises y el TOP. En Italia, Meloni recupera la figura de Mussolini, En Argentina, Milei reencarna a Videla. En Chile, Pinochet es resucitado por Kast. En este mundo globalizado, el fascismo vuelve a ser una amenaza real y muy próxima en el tiempo. Hasta Alemania. Y no se trata de casos aislados.
Pepe Morales
Editor C
Opinión
La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a las fronteras españolas y europeas ha dejado de ser una emergencia puntual para convertirse en un desafío estructural de primera magnitud. Lejos del debate humanitario edulcorado, el fenómeno abre una profunda brecha sobre la responsabilidad parental, los límites del Estado de bienestar y la colisión entre el derecho internacional y la estricta soberanía nacional.
Ante la dramática realidad de las rutas migratorias, el instinto de señalar a los padres que envían a sus hijos al extranjero genera una profunda división de opiniones. Por un lado, se argumenta que estas decisiones obedecen a un cálculo desesperado en entornos de pobreza extrema o violencia, donde la separación familiar es vista como el único sacrificio posible para evitar un destino de miseria absoluta.
Sin embargo, desde una perspectiva que apela a la responsabilidad individual, se objeta que el bienestar de los hijos es una obligación intransferible. En las sociedades occidentales, la infancia está intrínsecamente protegida y orientada al desarrollo dependiente; entender a los hijos como una fuente de ingresos o delegar su tutela en un Estado extranjero vulnera el principio básico de que a los padres corresponde luchar por un futuro digno para su descendencia en sus propios países, promoviendo el cambio político y democrático desde la base.
Esta tensión teórica choca brutalmente con la realidad de los territorios de frontera, como se ha evidenciado de forma aguda en la ciudad autónoma de Ceuta. La presión migratoria ha dejado centenares de menores no acompañados deambulando por las calles o en asentamientos, superando por completo una capacidad ordinaria de acogida que apenas cuenta con unas pocas decenas de plazas.
La gestión de esta crisis ha desatado un agrio enfrentamiento político entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí. Mientras desde la administración local se denuncia la absoluta saturación de los recursos y la falta de un auxilio efectivo, el Ejecutivo central recrudece la confrontación institucional responsabilizando al gobierno autonómico de la gestión de los menores que continúan en las calles a pesar de los fondos y espacios habilitados. Este pulso deja al descubierto la ineficacia de un modelo donde las administraciones locales se ven desbordadas mientras se cruzan reproches sobre la tutela y el destino último de estos jóvenes.
Cuando se intenta pasar de la gestión de parches a una solución operativa, el sistema choca con murallas jurídicas casi infranqueables. Las normativas nacionales e internacionales actuales, amparadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, prohíben las devoluciones sumarias y exigen un expediente individualizado, burocrático y garantista para cada menor, imposibilitando las repatriaciones rápidas que descongestionarían los centros.
Frente a este inmovilismo, surgen referentes de contundencia estatal como el aplicado por Polonia en su frontera oriental frente a la presión instrumentalizada. Mediante la legalización de devoluciones en caliente (pushbacks), la negativa a registrar solicitudes de asilo en la línea fronteriza y el levantamiento de barreras físicas, Varsovia demostró que es posible blindar el territorio y reducir drásticamente el tránsito descontrolado, asumiendo el consecuente pulso con los tribunales europeos y las organizaciones de derechos humanos.
¿Hasta qué punto un Estado democrático puede suspender sus garantías para proteger sus fronteras? Nuestra propia Constitución contempla herramientas excepcionales como los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116) para situaciones de crisis grave, pero aplicarlas de forma estructural a los flujos migratorios choca con los tratados internacionales suscritos por España.
Mientras posturas más radicales abogan por la denuncia unilateral de estos convenios o por la reforma profunda de las leyes internas para priorizar el control nacional, la vía más pragmática pasa por la presión política conjunta en el seno de la Unión Europea. Como reflejan los debates en el bloque comunitario y las directrices del Pacto sobre Migración y Asilo, el objetivo es forzar un cambio normativo europeo que dote a los Estados de mecanismos de respuesta rápida ante crisis migratorias.
La disyuntiva es clara: o la Unión Europea adapta sus leyes de extranjería y protección hacia un modelo mucho más restrictivo que priorice la seguridad fronteriza, o los Estados se arriesgan a tensionar sus marcos constitucionales e institucionales, como demuestra la crisis abierta en Ceuta, hasta el límite de la ruptura. La protección de la infancia no puede seguir gestionándose mediante un inmovilismo que agota los recursos públicos, desatiende a las administraciones locales y elude el principio elemental de que la verdadera solución pasa por exigir estabilidad, libertad y desarrollo en los países de origen.
Fernando Manuel García Nieto
Editor C
Opinión
Han tomado las calles. Los valientes han tomado las calles, y los micrófonos, y las cámaras, y las redes sociales, y los escaños, y los gobiernos autonómicos, provinciales y municipales, y los estrados, y los púlpitos, y los gimnasios, y los pasillos del híper, y las barras de los bares. Los valientes han tomado la vox populi mermados cognitiva e intelectualmente desde la trinchera del bulo y la desinformación. Los valientes certifican lo atrevida que llega a ser la ignorancia. ¡Hay que ser muy valientes para mostrar en público tales niveles de idiotismo!
Los valientes han reconquistado añejos supremacismos que habían dado por perdidos. Las muestras de valentía de los últimos tiempos son recompensadas con el impúdico aplauso público de próceres políticos, paniaguados plumillas, jueces militantes, orondos obispos, inversores bigardos, codiciosos empresarios, banqueros usureros… y de lo más necio del vecindario. Todos a una han hecho piña para derrotar al peor enemigo de la sociedad: la solidaridad, el altruismo, la empatía… eso a lo que, despectivamente, llaman “buenismo”.
Hay que ser muy valiente para reducir el rol social de la mujer a una sumisión indiscutible al capricho del macho; y, si no, dos hostias como todos los dioses mandan o una violación en manada, dos hitos del valiente medieval o paleolítico en pleno siglo XXI. Tan valiente como quien se gana el cielo apaleando, hasta la muerte si se tercia, a maricones, bolleras y otros desvíos sentimentales traídos por Belcebú a la tierra para tentar y pecar. Son ejemplos de valientes que, por alguna razón, suelen cerrar ojos y bocas ante tanto caso de pederastia.
Pocos ejemplos de valentía superan a algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipados con un arsenal de defensas y de impunidad que les faculta para poner sus cerebros rapados y sus hormonas ideológicas al servicio de quienes imponen a toda la sociedad los valores consagrados por Dios, por la Patria y el Rey. Tal vez los sobrepasen los fantoches militares en cuyos marciales desfiles la mascota exhibe mejor neurona que ellos. Se están extralimitando en valentía unos y otros estos días en Ceuta.
Y valientes son quienes pervierten la Justicia postrándola a los pies de los insaciables mercados y sus intereses, defendidos por las marionetas que manejan en las instituciones públicas. La valentía de sus señorías les permite utilizar a capricho y conveniencia de su militancia la toga, la maza y el repertorio de varas de medir que aplican en los diferentes casos que por sus puñetas pasan. Valientes, no dudan en manchar procesos y sentencias con la tóxica, letal para la democracia, práctica conocida, mas no reconocida, como lawfare.
Los valientes proliferan en esta tristeza de patria que normaliza la cafre delincuencia de los desokupas, educa a sus hijos arrastrándolos a aquelarres de toros y cobardes marcando paquete con las pocas luces del traje, persigue a los menores sobrevivientes de guerras, hambres, desiertos, y pateras, incendia chabolas de emigrantes explotados en sus campos, desprecia a quienes ayudan a extranjeros pobres, aplaude a extranjeros ricos y ríe la gracia, como el alcalde de Oviedo, a criminales que apalean a quienes piensan diferente.
Los valientes van armados con los odios propuestos por las derechas, pregonados por sus medios de comunicación, coreados por sus trols en las redes sociales y cimentados en la palpable indigencia intelectual retratada en el informe PISA, una vez más, como santo y seña de un país adicto al circo, escaso de pan y alérgico a los libros. Pura Marca España de un país cainita reacio a reconocer la deuda cultural, científica, agropecuaria, hidráulica y humanística contraída durante siglos con quienes hoy son perseguidos y despreciados.
Los valientes que usan a los ceutíes y a sus “invasores” con fines partidistas y electorales deberían mostrar la misma valentía para gritar “¡Gibraltar español!” antes de que, con la connivencia marroquí, el enemigo del “buenismo” Donald Trump les robe el estrecho de Gibraltar como hizo con el petróleo venezolano, hace con el estrecho de Ormuz y hará con Groenlandia. Vicente Boluda, el de “Todos somos Caballas”, mientras hace negocios con el gobierno alauita, proporcionaría las camisetas y Florentino posaría gustoso ante el Peñón.
Pepe Morales
Editor C
Opinión
El sistema de pensiones no contributivas opera como la red de seguridad última para aquellos ciudadanos que, debido a trayectorias vitales o laborales adversas, no han alcanzado el período de cotización exigido por el régimen general de la Seguridad Social. Sin embargo, su propia existencia reabre de manera constante un profundo debate sobre los límites de la solidaridad intergeneracional, los incentivos al empleo y la viabilidad financiera del modelo. La cuestión fundamental no reside únicamente en determinar si es equilibrado proteger a quienes no han contribuido directamente a las arcas públicas, sino en analizar cómo interactúan los factores culturales y las deficiencias estructurales para poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de bienestar.
Las pensiones no contributivas se configuran legalmente como una prestación orientada a paliar situaciones de vulnerabilidad severa. Se estructuran en dos grandes bloques:
• Jubilación: Dirigida a personas de 65 años o más que acrediten un período de residencia legal en España de al menos diez años.
• Invalidez: Destinada a individuos de entre 18 y 65 años afectados por un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Para el ejercicio 2026, la cuantía íntegra se ha fijado en 8.803,20 euros anuales, distribuidos en 14 pagas de 628,80 euros. Más allá de su función asistencial, indispensable para garantizar unos mínimos de subsistencia, el volumen de recursos que demanda sitúa estas prestaciones en el centro de las tensiones presupuestarias y macroeconómicas del Estado.
El dilema estructural y cultural: más allá de la picaresca
Es habitual atribuir las disfunciones y el uso fraudulento de las prestaciones sociales a una supuesta "cultura del atajo" o a la tolerancia social frente al fraude. No obstante, reducir el problema a una dimensión puramente ética constituye un análisis simplista que obvia el sustrato material e institucional sobre el que se asienta.
Si bien es cierto que existen inercias socioeconómicas donde la economía informal se normaliza bajo el prisma de la supervivencia, erosionando los cimientos de la solidaridad colectiva, este comportamiento no surge en el vacío. Responde a fallos estructurales profundos: un mercado de trabajo incapaz de absorber la demanda con condiciones de estabilidad, altas tasas de precariedad y mecanismos de control administrativo que a menudo resultan ineficaces.
En este escenario opera un sistema de incentivos mal calibrado. El fraude o la dependencia crónica de los subsidios no florecen únicamente por una quiebra moral individual, sino allí donde el modelo económico fracasa al ofrecer alternativas de empleo digno o al carecer de la capacidad coercitiva necesaria para sancionar con rigor el abuso.
El impacto democrático y la erosión institucional
La gestión de las políticas de protección social y la percepción pública del fraude tienen repercusiones directas sobre la calidad democrática:
• Desafección institucional: Cuando el contribuyente cumplidor percibe que las reglas del juego toleran la economía sumergida o premian la elusión de responsabilidades, se debilita la legitimidad de las instituciones y se incrementa el distanciamiento político.
• Polarización ideológica: El debate público tiende a fracturarse en líneas partidistas. Desde los sectores conservadores se prioriza el rigor fiscal, el control exhaustivo del gasto y la persecución del cobro indebido; por el contrario, los sectores progresistas enfatizan la necesidad de ampliar las redes de protección frente a la exclusión, minimizando en ocasiones los fallos de control bajo el argumento de evitar la estigmatización del beneficiario.
• Clientelismo político: En contextos territoriales marcados por una alta dependencia de los subsidios públicos, la gestión de estas ayudas puede distorsionar las dinámicas democráticas, convirtiendo la política social en un instrumento de movilización clientelar o de fidelización electoral.
El desafío crítico de la sostenibilidad financiera
A las tensiones culturales y estructurales se suma un macrocontexto demográfico y laboral sumamente adverso. El envejecimiento acelerado de la población presiona de manera constante las cuentas públicas, un fenómeno agravado por la persistencia de la precariedad laboral.
A pesar de los sucesivos intentos de reforma orientados a garantizar el equilibrio financiero, el gasto social continúa una trayectoria expansiva. A cierre de 2025, el gasto total en pensiones rozó los 190.000 millones de euros, reflejando una curva ascendente impulsada por el incremento constante del número de perceptores.
Este escenario evidencia el riesgo de generar incentivos perversos: si los mecanismos de protección social se perciben como garantizados al margen de la cotización y del esfuerzo formal, se corre el peligro de desincentivar la vinculación con el mercado de trabajo reglado. Prácticas como la combinación de subsidios de desempleo o asistenciales con el trabajo no declarado no solo socavan los cimientos del sistema de bienestar, sino que transfieren una carga desproporcionada sobre los contribuyentes cumplidores.
Conclusión
Las pensiones no contributivas son un pilar innegociable para salvaguardar la dignidad humana en las sociedades democráticas. Sin embargo, su viabilidad a largo plazo no puede sostenerse ignorando sus contradicciones internas. El desafío actual exige superar la dicotomía simplista entre la estigmatización moral y el buenismo asistencial, abordando una profunda revisión de las estructuras económicas que generan precariedad y un endurecimiento de los controles de legalidad. Preservar la confianza en lo público requiere un equilibrio complejo: un sistema capaz de proteger con eficacia al vulnerable sin castigar el esfuerzo del ciudadano responsable ni comprometer la estabilidad financiera del Estado.
Nota sobre las fuentes: Documento elaborado a partir de datos oficiales y proyecciones de gestión pública correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, tomando como referencia las resoluciones de cuantías vigentes y los datos de liquidación presupuestaria de la Seguridad Social.
Fernando Manuel García Nieto
