Menores en la frontera: ¿Compasión mal entendida o colapso del sistema?, por Fernando Manuel García Nieto

La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a las fronteras españolas y europeas ha dejado de ser una emergencia puntual para convertirse en un desafío estructural de primera magnitud. Lejos del debate humanitario edulcorado, el fenómeno abre una profunda brecha sobre la responsabilidad parental, los límites del Estado de bienestar y la colisión entre el derecho internacional y la estricta soberanía nacional.


Ante la dramática realidad de las rutas migratorias, el instinto de señalar a los padres que envían a sus hijos al extranjero genera una profunda división de opiniones. Por un lado, se argumenta que estas decisiones obedecen a un cálculo desesperado en entornos de pobreza extrema o violencia, donde la separación familiar es vista como el único sacrificio posible para evitar un destino de miseria absoluta.


Sin embargo, desde una perspectiva que apela a la responsabilidad individual, se objeta que el bienestar de los hijos es una obligación intransferible. En las sociedades occidentales, la infancia está intrínsecamente protegida y orientada al desarrollo dependiente; entender a los hijos como una fuente de ingresos o delegar su tutela en un Estado extranjero vulnera el principio básico de que a los padres corresponde luchar por un futuro digno para su descendencia en sus propios países, promoviendo el cambio político y democrático desde la base.


Esta tensión teórica choca brutalmente con la realidad de los territorios de frontera, como se ha evidenciado de forma aguda en la ciudad autónoma de Ceuta. La presión migratoria ha dejado centenares de menores no acompañados deambulando por las calles o en asentamientos, superando por completo una capacidad ordinaria de acogida que apenas cuenta con unas pocas decenas de plazas.


La gestión de esta crisis ha desatado un agrio enfrentamiento político entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí. Mientras desde la administración local se denuncia la absoluta saturación de los recursos y la falta de un auxilio efectivo, el Ejecutivo central recrudece la confrontación institucional responsabilizando al gobierno autonómico de la gestión de los menores que continúan en las calles a pesar de los fondos y espacios habilitados. Este pulso deja al descubierto la ineficacia de un modelo donde las administraciones locales se ven desbordadas mientras se cruzan reproches sobre la tutela y el destino último de estos jóvenes.


Cuando se intenta pasar de la gestión de parches a una solución operativa, el sistema choca con murallas jurídicas casi infranqueables. Las normativas nacionales e internacionales actuales, amparadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, prohíben las devoluciones sumarias y exigen un expediente individualizado, burocrático y garantista para cada menor, imposibilitando las repatriaciones rápidas que descongestionarían los centros.


Frente a este inmovilismo, surgen referentes de contundencia estatal como el aplicado por Polonia en su frontera oriental frente a la presión instrumentalizada. Mediante la legalización de devoluciones en caliente (pushbacks), la negativa a registrar solicitudes de asilo en la línea fronteriza y el levantamiento de barreras físicas, Varsovia demostró que es posible blindar el territorio y reducir drásticamente el tránsito descontrolado, asumiendo el consecuente pulso con los tribunales europeos y las organizaciones de derechos humanos.


¿Hasta qué punto un Estado democrático puede suspender sus garantías para proteger sus fronteras? Nuestra propia Constitución contempla herramientas excepcionales como los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116) para situaciones de crisis grave, pero aplicarlas de forma estructural a los flujos migratorios choca con los tratados internacionales suscritos por España.


Mientras posturas más radicales abogan por la denuncia unilateral de estos convenios o por la reforma profunda de las leyes internas para priorizar el control nacional, la vía más pragmática pasa por la presión política conjunta en el seno de la Unión Europea. Como reflejan los debates en el bloque comunitario y las directrices del Pacto sobre Migración y Asilo, el objetivo es forzar un cambio normativo europeo que dote a los Estados de mecanismos de respuesta rápida ante crisis migratorias.


La disyuntiva es clara: o la Unión Europea adapta sus leyes de extranjería y protección hacia un modelo mucho más restrictivo que priorice la seguridad fronteriza, o los Estados se arriesgan a tensionar sus marcos constitucionales e institucionales, como demuestra la crisis abierta en Ceuta, hasta el límite de la ruptura. La protección de la infancia no puede seguir gestionándose mediante un inmovilismo que agota los recursos públicos, desatiende a las administraciones locales y elude el principio elemental de que la verdadera solución pasa por exigir estabilidad, libertad y desarrollo en los países de origen.


Fernando Manuel García Nieto

La España valiente, por Pepe Morales

Han tomado las calles. Los valientes han tomado las calles, y los micrófonos, y las cámaras, y las redes sociales, y los escaños, y los gobiernos autonómicos, provinciales y municipales, y los estrados, y los púlpitos, y los gimnasios, y los pasillos del híper, y las barras de los bares. Los valientes han tomado la vox populi mermados cognitiva e intelectualmente desde la trinchera del bulo y la desinformación. Los valientes certifican lo atrevida que llega a ser la ignorancia. ¡Hay que ser muy valientes para mostrar en público tales niveles de idiotismo!

Los valientes han reconquistado añejos supremacismos que habían dado por perdidos. Las muestras de valentía de los últimos tiempos son recompensadas con el impúdico aplauso público de próceres políticos, paniaguados plumillas, jueces militantes, orondos obispos, inversores bigardos, codiciosos empresarios, banqueros usureros… y de lo más necio del vecindario. Todos a una han hecho piña para derrotar al peor enemigo de la sociedad: la solidaridad, el altruismo, la empatía… eso a lo que, despectivamente, llaman “buenismo”.

Hay que ser muy valiente para reducir el rol social de la mujer a una sumisión indiscutible al capricho del macho; y, si no, dos hostias como todos los dioses mandan o una violación en manada, dos hitos del valiente medieval o paleolítico en pleno siglo XXI. Tan valiente como quien se gana el cielo apaleando, hasta la muerte si se tercia, a maricones, bolleras y otros desvíos sentimentales traídos por Belcebú a la tierra para tentar y pecar. Son ejemplos de valientes que, por alguna razón, suelen cerrar ojos y bocas ante tanto caso de pederastia.

Pocos ejemplos de valentía superan a algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipados con un arsenal de defensas y de impunidad que les faculta para poner sus cerebros rapados y sus hormonas ideológicas al servicio de quienes imponen a toda la sociedad los valores consagrados por Dios, por la Patria y el Rey. Tal vez los sobrepasen los fantoches militares en cuyos marciales desfiles la mascota exhibe mejor neurona que ellos. Se están extralimitando en valentía unos y otros estos días en Ceuta.

Y valientes son quienes pervierten la Justicia postrándola a los pies de los insaciables mercados y sus intereses, defendidos por las marionetas que manejan en las instituciones públicas. La valentía de sus señorías les permite utilizar a capricho y conveniencia de su militancia la toga, la maza y el repertorio de varas de medir que aplican en los diferentes casos que por sus puñetas pasan. Valientes, no dudan en manchar procesos y sentencias con la tóxica, letal para la democracia, práctica conocida, mas no reconocida, como lawfare.

Los valientes proliferan en esta tristeza de patria que normaliza la cafre delincuencia de los desokupas, educa a sus hijos arrastrándolos a aquelarres de toros y cobardes marcando paquete con las pocas luces del traje, persigue a los menores sobrevivientes de guerras, hambres, desiertos, y pateras, incendia chabolas de emigrantes explotados en sus campos, desprecia a quienes ayudan a extranjeros pobres, aplaude a extranjeros ricos y ríe la gracia, como el alcalde de Oviedo, a criminales que apalean a quienes piensan diferente.

Los valientes van armados con los odios propuestos por las derechas, pregonados por sus medios de comunicación, coreados por sus trols en las redes sociales y cimentados en la palpable indigencia intelectual retratada en el informe PISA, una vez más, como santo y seña de un país adicto al circo, escaso de pan y alérgico a los libros. Pura Marca España de un país cainita reacio a reconocer la deuda cultural, científica, agropecuaria, hidráulica y humanística contraída durante siglos con quienes hoy son perseguidos y despreciados.

Los valientes que usan a los ceutíes y a sus “invasores” con fines partidistas y electorales deberían mostrar la misma valentía para gritar “¡Gibraltar español!” antes de que, con la connivencia marroquí, el enemigo del “buenismo” Donald Trump les robe el estrecho de Gibraltar como hizo con el petróleo venezolano, hace con el estrecho de Ormuz y hará con Groenlandia. Vicente Boluda, el de “Todos somos Caballas”, mientras hace negocios con el gobierno alauita, proporcionaría las camisetas y Florentino posaría gustoso ante el Peñón.


Pepe Morales

¿Derecho o privilegio?, por Fernando Manuel García Nieto

El sistema de pensiones no contributivas opera como la red de seguridad última para aquellos ciudadanos que, debido a trayectorias vitales o laborales adversas, no han alcanzado el período de cotización exigido por el régimen general de la Seguridad Social. Sin embargo, su propia existencia reabre de manera constante un profundo debate sobre los límites de la solidaridad intergeneracional, los incentivos al empleo y la viabilidad financiera del modelo. La cuestión fundamental no reside únicamente en determinar si es equilibrado proteger a quienes no han contribuido directamente a las arcas públicas, sino en analizar cómo interactúan los factores culturales y las deficiencias estructurales para poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de bienestar.


Las pensiones no contributivas se configuran legalmente como una prestación orientada a paliar situaciones de vulnerabilidad severa. Se estructuran en dos grandes bloques:
• Jubilación: Dirigida a personas de 65 años o más que acrediten un período de residencia legal en España de al menos diez años.
• Invalidez: Destinada a individuos de entre 18 y 65 años afectados por un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Para el ejercicio 2026, la cuantía íntegra se ha fijado en 8.803,20 euros anuales, distribuidos en 14 pagas de 628,80 euros. Más allá de su función asistencial, indispensable para garantizar unos mínimos de subsistencia, el volumen de recursos que demanda sitúa estas prestaciones en el centro de las tensiones presupuestarias y macroeconómicas del Estado.


El dilema estructural y cultural: más allá de la picaresca
Es habitual atribuir las disfunciones y el uso fraudulento de las prestaciones sociales a una supuesta "cultura del atajo" o a la tolerancia social frente al fraude. No obstante, reducir el problema a una dimensión puramente ética constituye un análisis simplista que obvia el sustrato material e institucional sobre el que se asienta.


Si bien es cierto que existen inercias socioeconómicas donde la economía informal se normaliza bajo el prisma de la supervivencia, erosionando los cimientos de la solidaridad colectiva, este comportamiento no surge en el vacío. Responde a fallos estructurales profundos: un mercado de trabajo incapaz de absorber la demanda con condiciones de estabilidad, altas tasas de precariedad y mecanismos de control administrativo que a menudo resultan ineficaces.


En este escenario opera un sistema de incentivos mal calibrado. El fraude o la dependencia crónica de los subsidios no florecen únicamente por una quiebra moral individual, sino allí donde el modelo económico fracasa al ofrecer alternativas de empleo digno o al carecer de la capacidad coercitiva necesaria para sancionar con rigor el abuso.

El impacto democrático y la erosión institucional

La gestión de las políticas de protección social y la percepción pública del fraude tienen repercusiones directas sobre la calidad democrática:
• Desafección institucional: Cuando el contribuyente cumplidor percibe que las reglas del juego toleran la economía sumergida o premian la elusión de responsabilidades, se debilita la legitimidad de las instituciones y se incrementa el distanciamiento político.
• Polarización ideológica: El debate público tiende a fracturarse en líneas partidistas. Desde los sectores conservadores se prioriza el rigor fiscal, el control exhaustivo del gasto y la persecución del cobro indebido; por el contrario, los sectores progresistas enfatizan la necesidad de ampliar las redes de protección frente a la exclusión, minimizando en ocasiones los fallos de control bajo el argumento de evitar la estigmatización del beneficiario.
• Clientelismo político: En contextos territoriales marcados por una alta dependencia de los subsidios públicos, la gestión de estas ayudas puede distorsionar las dinámicas democráticas, convirtiendo la política social en un instrumento de movilización clientelar o de fidelización electoral.


El desafío crítico de la sostenibilidad financiera
A las tensiones culturales y estructurales se suma un macrocontexto demográfico y laboral sumamente adverso. El envejecimiento acelerado de la población presiona de manera constante las cuentas públicas, un fenómeno agravado por la persistencia de la precariedad laboral.


A pesar de los sucesivos intentos de reforma orientados a garantizar el equilibrio financiero, el gasto social continúa una trayectoria expansiva. A cierre de 2025, el gasto total en pensiones rozó los 190.000 millones de euros, reflejando una curva ascendente impulsada por el incremento constante del número de perceptores.


Este escenario evidencia el riesgo de generar incentivos perversos: si los mecanismos de protección social se perciben como garantizados al margen de la cotización y del esfuerzo formal, se corre el peligro de desincentivar la vinculación con el mercado de trabajo reglado. Prácticas como la combinación de subsidios de desempleo o asistenciales con el trabajo no declarado no solo socavan los cimientos del sistema de bienestar, sino que transfieren una carga desproporcionada sobre los contribuyentes cumplidores.


Conclusión
Las pensiones no contributivas son un pilar innegociable para salvaguardar la dignidad humana en las sociedades democráticas. Sin embargo, su viabilidad a largo plazo no puede sostenerse ignorando sus contradicciones internas. El desafío actual exige superar la dicotomía simplista entre la estigmatización moral y el buenismo asistencial, abordando una profunda revisión de las estructuras económicas que generan precariedad y un endurecimiento de los controles de legalidad. Preservar la confianza en lo público requiere un equilibrio complejo: un sistema capaz de proteger con eficacia al vulnerable sin castigar el esfuerzo del ciudadano responsable ni comprometer la estabilidad financiera del Estado.
Nota sobre las fuentes: Documento elaborado a partir de datos oficiales y proyecciones de gestión pública correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, tomando como referencia las resoluciones de cuantías vigentes y los datos de liquidación presupuestaria de la Seguridad Social.


Fernando Manuel García Nieto

Blanquear bancos, por Julián Valle Rivas

El concepto siempre había adoptado una simple apariencia de servicio. Una apariencia, insisto, y remarco el pluscuamperfecto. A mí me lo pareció en su momento. Después ha ido mutando hacia formas indeterminadas e incoherentes, impropias de su condición primigenia. Pero si escarbamos por entre la tongada pustulosa de podredumbre que envuelve su esencia, quizá todavía sea posible encontrarla (la esencia), mohosa y quebradiza; esencia recluida, precipitada al abismo, alcanzable mediante forzoso ejercicio espeleológico e identificable mediante reverberación angulosa y resbaladiza sobre los angostos resquicios abisales. Y un servicio, anotaba, como prestación de un conjunto de facultades e instrumentos puestos a disposición del interesado que los requiera.


En esa esencia de orígenes perdidos en la memoria del tiempo, el banco era un lugar de depósito de dinero garantizado. Un lugar seguro, se suponía. Alejado de las incertidumbres del hogar, tradicional estanco de colchones herniados de sobres, bolsas, cajas y otros elementos de custodia pecuniaria. A cambio de este servicio de depósito, el cliente contratante abonaba o satisfacía una cuantía cierta y determinada o consentía que el banco empleara el dinero en depósito en operaciones financieras particulares. O ambas contraprestaciones, que, puestos a la contraprestación, mejor hacerlo por exceso que por defecto. De cualquier modo, la confianza se depositaba sin distinción. Para la mayoría de los clientes, se trataba del dinero ganado con el literal sudor de la frente, con el tesón diario, impregnado de sacrificios, avatares y mucha dedicación y empeño. Y, claro, no era el tema como para arriesgarse… O, bueno, tal vez sí.


Hoy la cuestión no está tan clara. Si antaño el banco era una entidad para el depósito garantizado, hogaño sus funciones no se muestran tan definidas, asumiendo curiosas competencias de gerente inmobiliario o agente de seguros. Más recientemente, también ha aceptado la tarea de confidente del Estado (¡elúdase el oficio de inspector!), ofrecida con mucha floritura legal y marco normativo, y la justificación (excusa) de la lucha contra el blanqueo de capitales. Lucha loable, como toda lucha dedicada a la erradicación de delitos, aunque ha logrado desvanecer aquella relación de confianza derivada de la prestación del servicio, al pasar a convertirse en herramienta de control gubernamental.


Lo cierto es que el cometido de agente de seguros no se barrunta sino como la prolongación de su carácter prestamista, al que se le anexa ese régimen hipotecario capcioso en el cual impera la deuda sobre la propiedad del inmueble gravado (o la pérdida de la propiedad). No vivimos en la edad media, faltaría, y el Shylock de turno no reclamará al prestatario una libra de su propia carne, lo que no significa que se vaya a conformar con los intereses pactados o que se vaya a jugar el importe de la cantidad entregada. El préstamo concedido integrará una suerte de paquete de seguros, desde el ordinario del seguro de vida (¡que la muerte no bloquee el cumplimiento del deber!) hasta las variopintas coberturas aplicadas al recargo. Así, para financiar la compra de un coche, el banco (vestido de entidad financiera) endosa el seguro de neumáticos, además del seguro de la franquicia estipulada en el de todo riesgo que, por la cara, ha aplicado a la suma prestada. Igual para la hipoteca, de la que resulta imposible evitar el seguro de hogar, el de rellano, el de escalera (fluctuará según el número de pisos y de escalones), el de zaguán y el del número del portal (por si se desconcha o, peor, cae encima de la crisma de un parroquiano con carencias de fortuna). Ante el vibrante panorama, estúpido sería no aprovechar el tirón creando una filial o rama social dedicada a los seguros, con personalidad jurídica independiente, por descontado.


Lo de la gerencia inmobiliaria es la consecuencia, inmediata y comprensible, de ese particular y bienaventurado régimen hipotecario… Qué voy a contar, o teclear, que no se sepa… La crisis económica de 2007-2008 colapsó el mercado financiero, arruinó a familias y aplastó a deudores hipotecarios, perdiendo su propiedad, su hogar, mientras el peso de la carga conservaba su exponencial incremento. La titularidad inmobiliaria de las entidades bancarias se multiplicó, había que darle una salida al estocaje con una nueva filial o rama social dedicada al parque inmobiliario residual, y personalidad jurídica independiente.


En el ínterin, llegó el momento en el cual se había descubierto que los bancos habían acumulado basura financiera para cubrir medio planeta. Sin embargo, las sociedades bancarias no eran cochinos ciudadanos arruinados que no tenían donde caerse muertos. No. Las sociedades bancarias eran personajes de postín, de puro y copa de coñac, de atusarse los bigotazos a carcajada limpia en clubes tapizados de terciopelo. Las sociedades bancarias o las personas al frente de ellas, cuya responsabilidad en el despiporre era nula, razón por la que no podían sufrir las consecuencias, tampoco la pérdida de la propiedad, del hogar, porque la responsabilidad era de la sociedad. Con ello, acudieron al rescate los estados. Lo hicieron abriendo las puertas del Tesoro Público, o sea, del dinero de los ciudadanos (de sus impuestos), incluido el de las familias arruinadas y de los deudores aplastados, quienes sí habían perdido su propiedad, su hogar. Las sociedades bancarias se pusieron en filita, muy modositas y bien peinaditas, la manita extendida, y los estados, en lugar de ingresar el dinero público en las cuentas de los ciudadanos afectados por la descomposición bancaria (que para eso era público, o sea, de los ciudadanos, de sus impuestos), lo fueron colocando sobre las manitas extendidas de las modositas sociedades bancarias, algunas de las cuales terminaron adoptadas por otras de mayor empaque.


Normal que se reforzaran los controles sobre las entidades bancarias, que, tratando de redimir aquellos pecadillos o de devolver el favor gubernamental, de blanquear su imagen corporativa, accedieron a tomar el papel de chivatos planteado por el Estado (¡elúdase el oficio de inspector!), manteniéndolo permanentemente informado de los movimientos en cuenta de sus clientes, aquellos que contrataron sus servicios para depositar su dinero que quedaría garantizado por el Banco de España (o sea, el banco de los ciudadanos), aquellos que les satisfacen una cuantía cierta y determinada o les consienten emplear su dinero en operaciones financieras o ambas contraprestaciones. Hasta el punto de que los bancos harán lo que no hace la Policía Nacional: avisar de que el DNI caducará en breve, y, ¡ojo!, renuévese, para evitar problemas en la cuenta, en esa cuenta en la que se deposita el dinero, según la contratación de los servicios suscrita con el banco. Y, ¡cuidado!, justifíquese todo ingreso destacable. Y, ¡eh!, facilítese la documentación acreditativa de la nómina, la pensión, la facturación… Y, ¡oiga!, gestión internáutica, página web, aplicación móvil… y a joderse toca, si se jaquea la cuenta, la culpa no es bancaria… Y, en fin, a joderse toca, es verdad, con estos malditos soplones.


Julián Valle Rivas

La trampa de las cifras de empleo: triunfalismo estadístico frente a realidad, por Fernando Manuel García Nieto

Hay algo profundamente revelador en el debate sobre la reforma laboral del Gobierno. No porque nos ayude a entender el mercado de trabajo, sino porque muestra hasta qué punto la política actual ha aprendido a gobernar las estadísticas antes que los problemas.


Durante años, el Ejecutivo ha presentado la reducción de la temporalidad como uno de sus mayores éxitos. Y es cierto que los contratos indefinidos han aumentado notablemente. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿ha mejorado realmente la vida de los trabajadores en la misma proporción en que han mejorado los indicadores? Porque una cosa son los datos y otra muy distinta la realidad cotidiana.


Si preguntamos a una pareja joven que busca vivienda, a un trabajador que encadena periodos de actividad e inactividad o a quien sigue viviendo con sus padres pasada la treintena, difícilmente responderán hablando de tasas de temporalidad. Hablarán de alquileres imposibles, de salarios insuficientes y de una incertidumbre que continúa formando parte de su vida. Y ahí es donde el discurso oficial empieza a hacer aguas.


La política moderna ha descubierto que resulta mucho más sencillo modificar las categorías estadísticas que resolver los problemas estructurales de un país. Es más fácil celebrar que un contrato ha pasado de temporal a indefinido que explicar por qué una persona con empleo sigue sin poder emanciparse.


El asunto de los fijos discontinuos es un ejemplo perfecto. No porque constituyan un fraude por sí mismos, sino porque han permitido construir un relato triunfalista que evita afrontar la cuestión fundamental. El debate político se ha desplazado desde la calidad real del empleo hacia la clasificación administrativa del trabajador. Así, la discusión pública gira en torno a si una persona debe figurar en una columna u otra de una hoja de cálculo mientras esa misma persona sigue preguntándose cómo llegar a fin de mes.


La política ha cambiado el foco. Y cuando la política hace esto, suele ser porque le interesa más controlar el relato que afrontar el problema. Desde una perspectiva de ciencia política, esto tiene consecuencias importantes. La estabilidad de una democracia no depende únicamente del crecimiento económico ni de las cifras de empleo. Depende de que la ciudadanía perciba que existe una relación razonable entre esfuerzo y recompensa.


Cuando alguien trabaja y aun así no puede acceder a una vivienda digna, cuando tener hijos se convierte en una decisión económicamente arriesgada o cuando la expectativa de vivir mejor que los padres desaparece, la confianza en el sistema comienza a erosionarse.


Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. No por culpa exclusiva de este Gobierno ni de una sola reforma. Sería demasiado simple plantearlo así. Pero tampoco puede negarse que el Ejecutivo ha preferido celebrar los buenos titulares antes que reconocer los límites de sus políticas.


La reducción de la temporalidad puede ser una buena noticia. Pero si esa mejora no se traduce en una mayor capacidad para construir un proyecto de vida, estamos ante una victoria estadística, no necesariamente social.


Quizá por eso una parte creciente de la población observa con escepticismo los mensajes triunfalistas procedentes del poder. Escucha que el empleo bate récords mientras ve cómo la vivienda se aleja de sus posibilidades. Escucha que la economía crece mientras comprueba que llegar a fin de mes sigue siendo difícil. Escucha que el mercado laboral es más estable mientras percibe que su futuro no lo es. Y cuando la experiencia cotidiana contradice el discurso oficial, la gente acaba creyendo más a su bolsillo que a las ruedas de prensa.


El verdadero problema de España no es cuántos contratos indefinidos existen. El verdadero problema es que cada vez más personas tienen la sensación de que trabajar ya no garantiza el progreso que garantizaba hace unas décadas. Esa es la cuestión que debería preocupar a cualquier gobernante.


Porque una sociedad no fracasa cuando sus estadísticas empeoran. Sino cuando sus ciudadanos dejan de creer que el esfuerzo merece la pena.


Y ningún indicador laboral, por espectacular que parezca, puede ocultar esa realidad durante mucho tiempo.

Fernando Manuel García Nieto

Del guión a la pantalla, por Julián Valle Rivas

«Luego, ese alejamiento del espíritu literario de las novelas repercute, consecuentemente, en las series y películas», sentencio, hilando la conversación. «Pensaba —confiesa mi amigo Tito— que habíamos dado el tema por zanjado». Los chavalines, detenidos en la nueva caseta, señalan las llamativas portadas de los tebeos dispuestos a la venta, el arte de sus ilustraciones, la potencia de sus escenas. Hay mucho material y muy bueno repartido en tebeos y cómics, desaprovechado por las productoras televisivas y cinematográficas, que desprecian su calidad o consideran que abarcan un número de lectores inferior, dada su ambigua naturaleza. Sin embargo, es el medio más próximo a la televisión y el cine.

Su condición híbrida, combinatoria de ilustraciones, diálogos y narraciones, no deja de ser sino como ese ejercicio previo a la grabación, ese guión gráfico orientador de la producción audiovisual, cual esquema o mapa de preproducción, que planifica el rodaje, determinando encuadres, posicionamiento o desplazamiento de cámaras, acción de los personajes. Medio gráfico-narrativo que, en los últimos años, ha gozado de una mayor predilección para la pantalla, sobre todo, gracias a la temática de superhéroes, aunque, incluso aquí, atendida la naturaleza descrita, la fidelidad en la traslación siga siendo dudosa, y los magnates de la industria hayan preferido crear historias originales para realizar series y películas, antes que tomar una historia publicada para adaptarla, exprimiendo personajes y contextos con el objetivo de rentabilizarlos al máximo. Lo que no significa demérito, al contrario, han resultado productos eficaces, entretenidos y de incuestionable excelencia, con su época de esplendor y decadencia, como todo imperio que se precie, puesto que la saturación de la materia y la falta de imaginación son factores de directo perjuicio; máxime, respecto del segundo, si el desdén hacia las historias publicadas por volúmenes, números o fascículos (grapas), se mantiene como principio inquebrantable. De cualquier modo, no sólo los cómics de superhéroes han tenido su protagonismo en la televisión y el cine, tebeos, novelas gráficas y mangas diversos han sido escogidos por los gerifaltes de las productoras para proyectar sus obras a través de la pequeña y gran pantalla; al fin y al cabo, son copiosas las horas a cubrir.


«Demasiadas horas —insisto, ahora, en voz alta, descolocando un tanto a Tito, ausente del soliloquio, por lo que trato de retomar la charla—: Con el apogeo de las plataformas digitales, de alguna manera habrá que rellenar tantísimas horas de servicio. Un servicio disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana». Mi amigo y yo reiniciamos la marcha, alejándonos del espacio destinado a la Feria del Libro. Una ráfaga de viento nos golpea de flanco, como el ataque de un regimiento de caballería en maniobra de embolsamiento, inesperado y letal, al abandonar el refugio de las casetas libreras, erigidas en línea, cuales parapetos defensivos. Es un cierzo frío, cuasi gélido, que nos compromete la resistencia y la prestancia, que nos hace cerrar nuestras cazadoras sin disimulo. O mis cazadoras, que he teclado en anterior ocasión. «Cualquier mierda vale, o sea», resume Tito, eficiente. Pero yo me muestro todavía inconformista con su escueto corolario: «Es que la cuestión no se circunscribe al mero cupo de la oferta».


Ese anhelo del autor por ver su novela trasladada (no adaptada) a la televisión o el cine lo lleva a simplificar los instrumentos literarios. «Más simples», comprende Tito. En efecto, morfología, sintaxis, gramática, la construcción narrativa es más simple, no persigue, siquiera le interesa, un mínimo esfuerzo intelectual del lector. «Ni el esfuerzo del propio escritor», apostilla mi amigo, atento al detalle. Vivimos una época de esperanza en conseguir esforzarnos, en general, lo menos posible, de esperanza en que la inteligencia artificial estará a nuestra disposición para solventar las carencias y, fundamentalmente, para llevar a cabo aquellas labores o aquellos trabajos que exijan un grado de empeño. Cada vez no es que necesitemos, es que queremos acumular menos conocimientos, porque el conocimiento, el saber requiere del ahínco, el tesón, la perseverancia, la entrega, el esfuerzo. Cada vez no es que necesitemos, es que queremos trabajar más fácil y rápido, porque el trabajo duro requiere su tiempo e idéntico esfuerzo y sus derivados. «Y queremos más tiempo libre», disgrega Tito, con tono grave, como si no dispusiera de excedente de tiempo libre en los cochambrosos almacenes de su existencia. No obstante, el planteamiento de mi amigo es una falsa percepción, pues, o el trabajo se encaminará a pedir más en menos tiempo, lo cual afectará al estado anímico, o a atrofiarnos más con el tiempo, lo que afectará al estado evolutivo. El escenario está en frente, diáfano. El borreguismo y la mediocridad se fomentan sin pudor, formando generaciones hacia una futura realidad social de simpleza y holgazanería física e intelectual. Y alimentar el ego y la vanidad del escritor con el eventual traslado de su obra a la pantalla se convierte, como sumando de la implacable tendencia futura, en la excusa perfecta para simplificar su narrativa literaria y, en consecuencia, para simplificar la actividad intelectual del lector. O, quizá, pervertido ya el escritor por la mediocridad expansiva, el eventual traslado de su obra a la pantalla se convierte en la excusa perfecta para ocultar su incapacidad para desarrollar una narrativa literaria compleja y, en consecuencia, para ocultar la incapacidad del lector para procesarla. Frases cortas, con repulsión a las subordinadas; parágrafos breves, desfigurados; diálogos invadidos por coloquialismos, de lenguaje cheli, dejes y léxicos regionales. Aquello que puede encajar en la narrativa visual. «En definitiva —concluyo—, escritores mediocres, guionistas mediocres, series y películas mediocres». «Bravo por el silogismo», me aplaude, burlón, Tito. «Hablo en serio —lo recrimino—. Qué esperar de la novela, de la televisión, del cine». «Es probable que no lo apreciemos —remarca—, si quedamos privados de las herramientas para hacerlo». Los paisanos deambulan absortos en sus cuitas y en sus móviles, a través de un presente ubicado en otro universo, en uno de los múltiples imaginados para los tebeos que contemplaban los chiquillos.

«Acerquémonos hasta la plaza —propone Tito— y bebámonos unas cervezas». Chasqueo la lengua, sin poder sujetar una sonrisa, al experimentar esa confortable seguridad de que siempre habrá cosas que nunca cambiarán, amigos que siempre estarán ahí, inflexibles, decididos a arrancarte el desaliento enquistado en las entrañas. El precio, de ser función retributiva, lo acepto: «Aún conservo las herramientas —termino por admitir, estoico— para apreciar que tendré que pagar yo». «Y justo es que te sintieras afortunado, amigo».


Julián Valle Rivas

De la novela al guión

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