Constituido el Gobierno Provisional de la República en la primavera de 1931, aprobó por decreto el Estatuto Jurídico del Gobierno, en el cual ya se reconoce la libertad de creencias y culto, se propone la ampliación de derechos de los ciudadanos, se reconoce a los sindicatos, y el derecho a la propiedad privada sólo expropiable por razones de utilidad pública.  A esta “declaración de intenciones” se sumó la Ley de Amnistía aprobada el mismo 14 de abril.

A continuación, el Gobierno inició una senda de reformas. Decretó una serie de medidas secularizadoras, como la prohibición de asistencia a ceremonias religiosas por parte de las autoridades civiles y la derogación de la obligatoriedad de las misas en los cuarteles, y se autorizó a todas las confesiones religiosas a desarrollar actos de culto en lugares públicos o privados.

En el ámbito de la cultura y la educación, se crearon los Consejos de Instrucción Pública para elaborar los planes de estudios en la enseñanza, dejando fuera de esta competencia a la iglesia católica española, que la venía ejerciendo tradicionalmente. El Ministerio de la Instrucción Pública decretó la creación de las Misiones Pedagógicas con la finalidad de fomentar la educación y la cultura en las zonas rurales y extrarradios urbanos, mediante establecimiento de bibliotecas, jornadas de lectura, conferencias, cines, conciertos, y exposiciones de arte.  Se creó un plan quinquenal para el fomento de la alfabetización mediante la construcción de más de 10.000 nuevas escuelas.

El Ministerio de la Guerra, dirigido por Manuel Azaña, derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906, que sometía a la jurisdicción militar las ofensas a la patria y las fuerzas armadas. Cesó a los capitanes generales de todas las regiones militares, e hizo jurar a todos los oficiales y jefes del ejército adhesión y fidelidad a la República. Se promovió el pase voluntario a la reserva o el retiro de los oficiales jefes y generales que lo solicitaran, para modificar la estructura militar, que contaba con un exceso de mandos respecto a la tropa existente. También se llevó a cabo una revisión de ascensos por méritos de guerra, antigua demanda de los militares peninsulares, que no fue bien recibida entre los africanistas.

El socialista Francisco Largo Caballero se encargó del Ministerio de Trabajo. Se regularon las relaciones laborales, fortaleciendo la posición de los sindicatos en los jurados mixtos y en la negociación de los contratos laborales, y la vigilancia de su cumplimiento. El decreto de Términos Municipales prohibió contratar jornaleros de otros municipios. Se decretó el laboreo forzoso de las tierras, y se aprobaron leyes de contrato de trabajo y jornada laboral máxima.

Posteriormente, tras las primeras elecciones de la República en junio de 1931, se debate en Cortes Constituyentes, y se aprueba una Constitución con un claro contenido programático de izquierdas. En su articulado se estableció la igualdad de sexos, el sufragio universal para mayores de 23 años, la igualdad de derechos civiles y políticos sin discriminación posible, la libertad de conciencia y el amparo de los ciudadanos ante el Tribunal de Garantías Constitucionales para la protección de sus derechos. Se fija el divorcio de mutuo acuerdo, o por causa justa, y el derecho a la propiedad privada únicamente limitado por su función social. Pero lo más innovador fue el establecimiento por primera vez en España, de los derechos económicos y sociales, lo que supuso la introducción de un perfil intervencionista del Estado, rasgo característico de las constituciones europeas de entreguerras.


Clara Campoamor fue una firme defensora del voto femenino durante el debate constituyente de 1931.

Se vivieron momentos muy tensos en el debate de la cuestión religiosa y el artículo 26 de la Constitución, llegando a provocar una crisis de gobierno que se saldó con la dimisión de su presidente, Niceto Alcalá-Zamora, que fue sustituido por Azaña. La prohibición de la actividad industrial, comercial, y de enseñanza, a las órdenes religiosas asentadas en nuestro país, provocó como reacción la aparición de un movimiento católico revisionista encabezado por Gil Robles y el partido Acción Popular, núcleo aglutinante de la posterior Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Este movimiento estuvo fomentado y respaldado por la jerarquía eclesiástica española y el propio Vaticano.

En cuanto a la organización territorial de España, esta quedó constituida en un Estado integral, fórmula intermedia entre Estado unitario y Estado federal, que permitía la iniciativa de las regiones para dotarse de sus propias instituciones de gobierno y legislativas, a través de sus propios Estatutos. Cataluña no tardó en presentar a Cortes su Estatuto, objeto de un arduo debate en la Cámara, que se vio acelerado por el intento de golpe de estado del general Sanjurjo en agosto de 1932. Finalmente fue aprobado en septiembre y Cataluña quedó constituida como región autónoma con amplias competencias educativas, legislativas, hacendísticas y sociales. Además, se estableció la cooficialidad de las lenguas castellana y catalana en su territorio. País Vasco y Galicia no tuvieron tiempo suficiente para lograr su autogobierno por el estallido de la Guerra Civil.

Con Azaña en la presidencia del Gobierno se presentaron para su aprobación en el Parlamento una serie de leyes especiales, que desarrollaron aquellas reformas contenidas en el articulado de la Constitución, como la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas, la Ley de Garantías de la Expulsión de Extranjeros, la Ley de Reunión y Manifestación, Ley Electoral, Ley del Referéndum, Ley para la Iniciativa Legislativa Popular, Ley del Divorcio, Ley de Orden Público, etc.

Pero quizás la de mayor protagonismo en la época fue la Ley de Bases para la Reforma Agraria, promulgada el 9 de septiembre de 1932. La reforma agraria era una de las principales demandas sociales de la época. En ella se estableció la creación de un “inventario de tierras expropiables” por el Instituto de Reforma Agraria, que servirían para asentar a los campesinos sin tierras de cada municipio, previa inscripción en un censo del que se encargaban las Juntas Provinciales Agrarias. Esta reforma tardó al menos un año en poder llevarse a cabo y no consiguió la satisfacción de todas las expectativas que el proceso revolucionario republicano había despertado en los sectores menos favorecidos.

La Guerra Civil, y la posterior dictadura de Franco, supusieron el punto final para todas estas reformas, y la derogación de las leyes aprobadas por la República. Ya en julio del 36, la Junta de Defensa Nacional manifestó su intención de ahogar cualquier movimiento de rebeldía con la suspensión de los derechos civiles y políticos, y con la persecución y eliminación de las fuerzas políticas republicanas en el territorio bajo su control.

En 1938 se decretó el Fuero del Trabajo, ley fundamental del Movimiento, que estableció un “sindicalismo vertical” monopolizado por la falangista Organización Sindical Española. En el mismo año fue derogado el Estatuto de Cataluña y se prohibió el uso de la lengua catalana. Los dos primeros gobiernos de Franco anularon la reforma agraria y establecieron un régimen económico autárquico. Así, por decreto en agosto de 1939, se suspendió la reforma agraria y en febrero de 1940 se devolvieron por ley a sus antiguos propietarios las tierras ocupadas por el Instituto de Reforma Agraria republicano. El resto de las propiedades, aquellas que habían sido entregadas por la República a los campesinos, fueron recuperadas por la fuerza, y los salarios agrícolas se redujeron.

La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 estableció la creación de tribunales especiales para perseguir a los políticos de la República no afines al Movimiento Nacional, así como para la depuración de los funcionarios fieles a la República. Un año después se decretó la Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo, y en el año 41, la Ley para la Seguridad del Estado, suspendiendo todas las asociaciones y “propagandas ilegales”, así como el derecho de huelga.

La libertad religiosa y de culto fue abolida desde el comienzo de la contienda en el bando nacional. La religión de la nación española sería únicamente la católica, apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra. En 1941 franco firmó el convenio con el Vaticano, que recogía estos términos y devolvía a la Iglesia su influencia en la educación. La enseñanza debió ser conforme a la doctrina de la Iglesia a partir de ese momento y hasta la llegada de la democracia, a finales de la década de 1970.

Fernando M. García Nieto

La imagen a color que nos sirve de introducción es una caricatura, publicada en la revista satírica “El Loro”, en 1882, de Antonio Cánovas del Castillo, a la izquierda de la imagen, usando monóculo, y Práxedes Mateo Sagasta a la derecha, estrechándose las manos, con el Congreso de los Diputados de fondo. En ella se trata de describir el acuerdo entre el Partido Conservador liderado por Cánovas, y el Partido Liberal de Sagasta. Un pacto para el relevo en el gobierno de ambos partidos dinásticos, que se conoce como “turnismo”, y que designa el sistema de alternancia en el gobierno de la Restauración.

“El Loro” fue una revista satírica catalana de la época, contraria al sistema político de la restauración, republicana y anticlerical, y presentó a los dos políticos, solos, ante la puerta de un Congreso desierto, sin presencia de otros representantes políticos, quizás como crítica a la hegemónica forma de gobierno de aquellos primeros años de la restauración de la monarquía borbónica, monopolizada por estas dos fuerzas políticas y sin alternativa. Una forma de gobierno que ignoraba principios políticos democráticos y republicanos, por los cuales corresponde al pueblo elegir a sus representantes y decidir quién los ha de gobernar, a través de un auténtico sufragio universal.

Por contra, el sistema de turnos garantizó la estabilidad política evitando los pronunciamientos militares y las crisis políticas que habían sido frecuentes hasta la llegada al trono de Alfonso XII. Pero en realidad era el monarca quien ejercía su “prerrogativa real” y decidía cuando había de cambiar el gobierno, y a quien correspondía formar el ejecutivo de entre ambas fuerzas políticas, entregando al líder designado el decreto de disolución de las Cortes y el permiso real para organizar la cita electoral. A través de una negociación a tres bandas, con los propios notables de sus distintas facciones, con los notables del partido dinástico contrario, y con los caciques locales, se decidían los diputados de cada distrito. Este procedimiento se denomina “encasillado” y de él resultaba la lista oficial de diputados que tenía que ser elegida “obligatoriamente”. Para ello era necesaria la intervención de una red clientelar de caciques locales, que ejercían presión sobre los candidatos alternativos que no aceptaban el encasillado, y utilizaban todo tipo de trucos y amaños para conseguir el resultado negociado previamente. Así, se empleaban estratagemas como la sustitución de las urnas una vez realizada la votación, conocida como “pucherazo”, el cierre de colegios electorales antes de la hora oficial, falseamiento de los censos, y si no era suficiente se recurría a la pura violencia.

Fernando M. García Nieto

Una interesante, a la par que recomendable, aproximación sería «La ruta», segunda novela de la trilogía «La forja de un rebelde» escrita por Arturo Barea, cuyos primeros capítulos son tristemente ilustrativos, pese a que el magisterio del autor nos refleje la naturalidad con la que era asumida en aquellos tiempos.

    El estado de las armas y del Ejército, adelantados en la anterior entrega, serían sólo la punta de un inmenso iceberg, porque, cuando una sociedad tiende a la corrupción, todo queda corrompido, y la clásica picaresca, que siempre nos mueve a la relajada jocosidad, degenera en un deleznable orgullo.

    Tanto en las altas instancias gubernativas o administrativas como en la oficialidad del Ejército, el nepotismo y el amiguismo campaban a sus anchas; así que, centrado ya el tema en la milicia, la selección de mandos era un cachondeo con repercusión directa en las desastrosas acciones de campaña. Las simulaciones de victorias militares guardaban la intención de limpiar la imagen de un ejército derrotado que se colmaba de laureles sin bajas, sin derramamiento de sangre española. De hecho, el cuerpo de la Legión Española, inicialmente denominado como Tercio de Extranjeros y, más adelante, Tercio de Marruecos, se fundaría en 1920 con el propósito de reunir una tropa de voluntarios capaz de formar unidades especializadas y profesionalizadas de hombres sin origen ni destino, sin nada que perder ni cuentas que rendir ni familia a la que entregar su cadáver.

    El propio Comisario Berenguer se preocupó de informar sobre el mal estado de los soldados en África, consecuencia de un presupuesto ridículo para una tropa en guerra. Circunstancia conocida por el Ministro de Guerra Luis Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, quien omitió actuación alguna al respecto. Muchas veces había que componer mapas de manera intuitiva; comer en frío; dormir a la intemperie, debido a la ausencia de tiendas; calzar alpargatas durante las marchas, quizá buenas en verano, para los periodos de lluvia se hundían y clavaban en el barro de los caminos; olvidarse de disparar, al carecer de munición. Paradójico lo de los caminos y la munición. La ausencia de carreteras provocaba que los propios soldados se ocuparan de su construcción, valiéndose de la mano de obra local. Caminos que se construían de día y se desmantelaban de noche, para no interrumpir el flujo de fondos hacia los oportunos bolsillos; por supuesto, sin partida alguna para construir carreteras aptas para un nimio transporte motorizado. En cuanto a la munición, ésta se vendía por cientos a los nativos, cuyos ojos hacían chiribitas cuando entraba en liza como pago en los tratos; de modo que se llegó a la amargura de que soldados españoles murieron con las balas españolas. Hubo quien propuso cambiar el calibre, dado el excedente de un mercado bélico mundial apenas concluido, pero nadie, claro, estuvo dispuesto a acabar con el generoso lucro. En similar escenario anduvieron los fusiles Remington, popularmente conocidos como «pacos», por su característico sonido, material de intercambio en los negocios con los rifeños. Todo lo cual sin descuidar los incidentes con los barcos cargados desde España con ropas, calzados, tiendas de campaña y agua potable que, misteriosamente, se extraviaban durante el trayecto. Paradigmático fue el caso del mercante Churruca, fletado con depósitos de agua, que arribó en Gran Bretaña, ni más ni menos, para ser llenados y no poder ser descargados después en Melilla, debido a la falta de calado del puerto y de mangueras y depósitos auxiliares para el trasvase, quedando, entonces, varado durante meses y corrompiéndose el agua.

    Un cañonero y un yate militar fueron las únicas fuerzas de Marina destinadas a cubrir cuatrocientos kilómetros de costa y prestar apoyo a las tropas de tierra, de ser preciso. Tropas cuyo número, por cierto, aparecía falseado e incrementado en los listados oficiales, a fin de repartir el remanente entre los implicados. Incluso se hallaban, o no se hallaban, más bien, aquéllos que, por enchufismo o gracia, permanecían en la península, resguardaditos del calor y el peligro, pese a constar en destino. Luego, se encontraban los «Emboscados Ford»: hijos o allegados de familias adineradas que donaban coches Ford al Ejército para que sus cercanos los condujeran, eludiendo con ello el peligro de la primera línea y la penalidad del campamento. Mientras, los tocados por el infortunio hubieron de sufrir serias dificultades para conseguir agua potable. La higiene clamaba su ausencia y el hediondo ambiente repugnaba. Las ropas aparecían plagadas de piojos, las mudas se infestaban aun cuando se lavaban y secaban al aire.

    La inmoralidad reinaba por el territorio africano, sobre todo, o ante todo, entre la oficialidad. El juego y la prostitución eran vicios patológicos generalizados y una ruina para la soldadesca, criadero de chantajes y usos leoninos. A consecuencia, de 1920 a 1921, se suicidaron cuarenta jefes y oficiales y, por fallo del Tribunal de Honor, perdieron su carrera cuarenta y uno. El desfalco y la malversación estaban al orden del día, y hasta treinta oficiales destinados en África fueron expulsados por tamaña atrocidad. Además, la oficialidad no convivía con las tropas en los campamentos, allí, en mitad de los desiertos, cuajadas de penurias, sino que residía en Melilla, sujeta a un cordial sistema de turnos para los ejercicios de maniobras.

    Sin duda, el Protectorado no ejerció como tal, y la malnutrición, junto con otras desdichas varias, fue un caldo de cultivo para la sangrienta venganza. También pecó de un exceso de confianza, de altivez y soberbia. Se infravaloró a los rifeños, quienes, amén de ser expertos tiradores, mimetizaban con un terreno memorizado e innato, resultando propicias las emboscadas.

    En aquel conjunto o burbuja preparada para la calamidad, unos pocos hombres, decentes o avergonzados, advirtieron del desastre que se avecinaba, como el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, segundo al mando del Regimiento de Caballería Alcántara, quien fallecería en agosto de 1921, tras defender las múltiples retiradas de los soldados españoles.

Julián Valle Rivas