Hasta 70 miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena han firmado un escrito donde solicitan la dimisión del decano de la institución colegial, Diego Chacón Morales.
El Roscón de Reyes Gigante volverá a ser una realidad este año aunque estrenando nuevo formato para adaptarse a las limitaciones actuales, pero manteniendo su esencia solidaria al apoyar, esta vez, los proyectos de la agrupación local de Manos Unidas.
El Ayuntamiento de Lucena ha resuelto la convocatoria de subvenciones a asociaciones asistenciales para actividades y acciones vinculadas a minimizar o paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por covid-19, concediendo a ayudas a una docena de colectivos locales por una cantidad total de 27.541 euros.
El ambiente navideño de Lucena se trasladará a los barrios de la ciudad y las pedanías gracias a un programa de actividades de ocio familiar y cultural consensuado por el Consistorio y la Federación de Asociaciones Vecinales entre los días 27 de diciembre y 4 de enero.Concurso ‘Navidad en los balcones’
La delegada provincial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, ha inaugurado la obra del ascensor ubicado en el Centro de Salud Lucena I, ubicado en el Paseo de Rojas, junto al gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, José Plata, y el alcalde lucentino Juan Pérez.
Esta inversión de la Junta de Andalucía mejorará la accesibilidad del Centro de Salud, instalando este nuevo ascensor que ha sido “una demanda histórica tanto de usuarios como de los profesionales de este centro y que ha permitido dotar al edificio de total libertad de acceso y movilidad para toda la población, indistintamente de sus capacidades o limitaciones”, ha puesto de manifiesto la delegada territorial.
El proyecto, que ha contado con un presupuesto de 82.190 euros (más IVA), ha consistido en la adaptación de espacios y la instalación de una estructura autoportante para ascensor eléctrico de 5 paradas, formada por perfiles metálicos verticales y horizontales realizados en chapa plegada que disponen de los alojamientos necesarios para la correcta fijación de los elementos del ascensor. Todo ello cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos que exigen las normativas vigentes en la legislación actual en materias de accesibilidad para personas con movilidad reducida o evacuación en caso de incendios, entre otras.
En este sentido, ha destacado la delegada que “el trabajo del área por mejorar y actualizar las instalaciones sanitarias del sur de Córdoba tiene su reflejo en la obra que hoy vemos aquí terminado, además de ser la línea de trabajo del equipo directivo, mejorar la calidad de la asistencia y la atención que se presta a los ciudadanos del Área Sur de la provincia de Córdoba”, ha puntualizado.
En esta línea, María Jesús Botella ha señalado que “una vez más ponemos sobre la mesa la apuesta de la gestión de la Junta de Andalucía por incluir al colectivo con discapacidad, promocionando y facilitando la accesibilidad universal, como condición indispensable para el efectivo ejercicio de los derechos de ciudadanía de estas personas”.
Finalmente la delegada territorial también ha tenido palabras de agradecimiento para los profesionales que prestan servicios en el centro por “su dedicación y entrega en ofrecer una atención sanitaria de calidad y por la gran labor que siguen desarrollando adaptándose a las nuevas formas de trabajo que nos ha traído esta pandemia”.
La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de Construcción y Demolición de Andalucía, AGRECA, denuncia ante la Delegación Territorial de Córdoba de la Conserjería de Desarrollo Sostenible, el Ayuntamiento de Lucena y al SEPRONA en la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba el vertido y depósito de forma irregular de residuos resultantes de obras de derribo en dos edificios de Lucena sin tratamiento ni control adecuados, constituyendo los hechos un presunto delito ambiental.Según las averiguaciones llevadas a cabo, los escombros se están vertiendo ilegalmente en una parcela situada en la calle Puente Vadillo. AGRECA ha podido saber que la empresa encargada de las obras de demolición de los dos edificios está depositando los residuos de construcción y demolición, RCDs, en dicha finca sin que éstos sean gestionados de forma adecuada previamente, existiendo incluso residuos peligrosos, pues en una de las obras se está retirando una cubierta de fibrocemento, sin llevar a cabo las medidas correctas para su gestión establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. Por ello, AGRECA, presenta la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, al presuntamente producirse deficiencias en las medidas de gestión en relación a la seguridad y salud aplicables a trabajos con riesgo de exposición al amianto.
El vertido ilegal de RCDs podría incurrir en varios delitos, entre ellos el ambiental
El depósito de los residuos efectuado de forma ilegal en la parcela de Lucena, se está realizando sin ningún tipo de tratamiento, gestión ni control de los mismos que podría provocar un fuerte impacto ambiental causando daños como la contaminación de los suelos y en la flora y fauna del entorno. Dicha actividad podría atentar contra el medio ambiente y los recursos naturales, vulnerando la normativa actual sobre el reglamento de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, y constituyendo un delito contra la protección ambiental.
AGRECA considera que los hechos expuestos quebrantan manifiestamente lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Andaluz 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; los artículos 95 y siguientes de la Ley del Parlamento Andaluz 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y, particularmente, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se aprueba la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Pudiendo vulnerar además lo dispuesto en la normativa específica sobre otros sectores del ambiente, tales como suelos contaminados, flora y fauna, impacto ambiental, recursos hídricos, contaminación del aire, además de ser contraria a las prescripciones de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Esto en lo que respecta a tratamiento y control de los RCDs y a calidad ambiental, pero la asociación también considera que la actividad llevada a cabo en los dos edificios del Ayuntamiento cordobés, podrían constituir un delito contra los derechos de los trabajadores (artículos 316 y 317 del Código Penal), así como contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículos 325 y siguientes del Código Penal).
Por todo ello, AGRECA, presenta las denuncias descritas anteriormente ya que considera que los hechos son graves y podrían constituir delitos en contra del medio ambiente y los derechos de los trabajadores, vulnerando la normativa vigente.
