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El Ayuntamiento de Lucena ha superado ya los 400.000 euros en prestaciones sociales directas a las familias lucentinas que más están sufriendo la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, según ha dado a conocer esta mañana la concejala de Servicios Sociales y Salud, Carmen Gallardo.
El Ayuntamiento de Lucena ha superado ya los 400.000 euros en prestaciones sociales directas a las familias lucentinas que más están sufriendo la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, según ha dado a conocer esta mañana la concejala de Servicios Sociales y Salud, Carmen Gallardo.La responsable municipal de esta área ha cifrado en 700 los usuarios beneficiarios y en 1.364 las ayudas concedidas desde el pasado mes de marzo vinculadas a las diferentes modalidades de prestaciones recogidas en el reglamento municipal de emergencia económica, que fija en un límite de 1.900 euros al año la cantidad a recibir por cada unidad familiar.
“Prácticamente ya hemos duplicado el número de familias que han recibido una prestación social, sin duda muchas de ellas pertenecen a esos colectivos más vulnerables ante la covid: personas que han perdido su empleo, profesionales autónomos temporales y comerciantes que han cerrado sus negocios”, ha reconocido Carmen Gallardo, que ha confirmado que la Concejalía aún dispone de 180.000 euros para afrontar estos dos últimos meses del año.
Esta inversión en ayudas directas a usuarios de Servicios Sociales, el Consistorio también contabiliza en este capítulo de gasto extraordinario por covid la subvención especial de 50.000 euros entregada al Comedor Social y el coste de la contratación de una empresa de catering que sirve almuerzos y cenas a personas que de forma puntual no son autónomas para la elaboración de sus menús.
Habría que sumar igualmente los 30.000 euros de la partida diseñada para las ayudas al alquiler y los suplementos aprobados a nivel municipal para hacer frente a la totalidad de solicitudes de ayuda para el pago de la factura del agua y otros suministros básicos.
Por último, Carmen Gallardo se ha referido “al notable esfuerzo y compromiso personal y profesional” de cada uno de los trabajadores de la Concejalía de Servicios Sociales para “sacar adelante el trabajo de este año excepcional”. Por el momento, la delegación ha llevado a cabo 3.800 atenciones presenciales y telefónicas y ha gestionado más de 8.000 correos electrónicos y 2.000 peticiones de información a través del canal de whatsapp.
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Lucena es uno de los 450 municipios andaluces afectados por el confinamiento perimetral dictado ayer por el Gobierno autonómico. Así, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al amparo del Real Decreto por el que el Gobierno de España declaró el domingo el Estado de Alarma en todo el país delegando el mando en los presidentes de las comunidades autónomas, anunció también el cierre perimetral de Andalucía desde la medianoche del jueves al viernes, 30 de octubre, y hasta el próximo 9 de noviembre, por lo que durante estos días nadie podrá entrar o salir de Andalucía si no es por una causa justificada.
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El pleno del Ayuntamiento de Lucena, en su sesión ordinaria correspondiente a octubre celebrada en formato telemático, aprobó ayer martes 27 sólo una parte de la propuesta de Ordenanzas Municipales para el año 2021 al quedar para una próxima sesión plenaria de carácter extraordinario el debate, y en su caso aprobación, del resto de tasas que se pretenden modificar de cara al próximo ejercicio presupuestario.Entre los impuestos modificados anoche, en sesión celebrada de forma telemática, destaca la ampliación del 20 al 30% de la bonificación en el IBI de la totalidad de los inmuebles de las pedanías de Jauja y las Navas y la ampliación del 40 al 60% de la bonificación en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) de edificios destinados a centros de trabajo donde se desarrolle actividades económicas que se comprometan a generar puestos de trabajo. Esta bonificación se eleva al 75% si la nueva actividad está vinculada al ámbito social, cultural o histórico-artístico.
Igualmente, se aprobó reducir la cuota liquidadora del impuesto de vehículos a tracción mecánica para camiones y tractores con remolque, así como aminorar en un 25% la tasa por entrada de vehículos a cocheras a través de aceras para personas con discapacidad. En cuanto al impuesto de actividades económicas, la única modificación, de escara repercusión económica, vino dada por la equiparación de Jauja con las Navas en el índice de situación al 0,8%.
La advertencia hecha por el secretario en funciones sobre la conveniencia de elaborar un informe jurídico sobre las bonificaciones propuestas para otras tasas y la finalización automática del pleno por llegar a la medianoche, obligan a completar el debate sobre las ordenanzas fiscales en una nueva convocatoria, que se prevé para la semana que viene.
En una valoración conjunta de ordenanzas rectificadas anoche y las que lo harán en el próximo Pleno, desde el equipo de gobierno se cifró la reducción global de la carga impositiva en unos 200.000 euros, estimación que responde, en palabras del alcalde, Juan Pérez, “a nuestras habituales políticas de contención fiscal que nos permiten ampliar las bonificaciones a sectores vulnerables sin poner en peligro la prestación de servicios públicos”.
“Es una propuesta moderada y con criterio”, añadió el primer edil, que esta mañana comparecía junto a la concejal de Hacienda, Carmen Burgos, para detallar los pormenores de una propuesta que “nace para ayudar a combatir la despoblación en nuestras pedanías, a los emprendedores que apuesten por crear o instalar su industria en Lucena y a las actividades económicas que más sufren las consecuencias de la crisis sanitaria”.
El debate entre los grupos políticos municipales estuvo marcado por el voto favorable en todas las ordenanzas del grupo de Ciudadanos, cuyo portavoz, Jesús López, defendió su posición a favor “por responsabilidad” ante una situación de extrema dificultad.
Por su parte, tanto PP como IU se mostraron en contra de todas las propuestas. En el caso del PP, Francis Aguilar, mostró su rechazo al “no ser la bajada de impuestos que necesita Lucena”, al tiempo que aseguró que “una buena gestión económica del ayuntamiento permitiría prestar servicios y reducir mucho más los impuestos”. En dirección totalmente opuesta, Miguel Villa, en nombre de IU, justificó su voto en contra por calificar de “irracional” la opción de “mermar los ingresos municipales justo en este momento que es para atender a la gente”.
Por último, Vox mantuvo su voto en abstención en todas las modificaciones al entender que “nuestra propuesta de rebajar impuestos como el IBI, de los más altos de la provincia, no se ha visto atendida”, según expresó su portavoz Antonio Hidalgo.
Para la próxima sesión plenaria queda la aprobación del resto de tasas. Se debatirá entonces, entre otras, la rebaja en un 50% de la tasa a pagar por los establecimientos con terraza en espacios públicos o la exención al 100% de la tasa por la instalación de puestos, atracciones o industrias callejeras en terrenos de uso público.
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El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Lucena, Antonio HIdalgo, propuso en el pleno ordinario celebrado este martes 27 de octubre una importante bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en particular del IBI Urbano, tributo local que más recauda, para el que pidió una reducción del 0.738% al 0.638%, que se traduce en 1,200.000 euros de ahorro para el ciudadano “un impulso a la dañada economía familiar de los lucentinos, con los que el resto de la Corporación no ha mostrado ninguna empatía ignorando nuestra propuesta”, lamenta Hidalgo.
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La Policía Local de Lucena se ha incorporado al Sistema de Radiocomunicaciones de Emergencia del Estado (Sirdee) que facilita la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad como Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, DGT o la Unidad Militar de Emergencia, en aras de mejorar la eficiencia policial.
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El Plan Andalucía en Marcha, impulsado por la Junta de Andalucía, destina a Lucena una inversión de 10,3 millones de euros y según ha explicado el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, “el objetivo es reactivar la economía, generar empleo y modernizar infraestructuras y servicios”.
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