El PSOE denuncia que el PP se salta la obligación legal de informar públicamente de los costes de la privatización del servicio de limpieza de calles lo que puede provocar la nulidad del procedimiento

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lucena, Francisco Algar, ha criticado duramente en el pleno municipal la tramitación que está llevando a cabo el equipo de gobierno para la privatización del servicio de limpieza viaria, advirtiendo de las múltiples irregularidades que pueden llevar a la nulidad del procedimiento.

En su intervención, Algar ha recordado que en junio del pasado año ya se aprobó en pleno el inicio del expediente conforme a lo que establece la ley, incluyendo estructura de costes, fórmula de revisión de precios, información pública y solicitud de informes a la Comisión Consultiva. Sin embargo, denuncia que ahora el gobierno local pretende aprobar la memoria del contrato ignorando el trámite de información pública recomendado por el secretario, bajo el pretexto de evitar retrasos, cuando “llevan ya un año de demora sobre sus propias previsiones”.

El Partido Popular de Lucena vuelve a actuar con arrogancia y oscurantismo al negarse a someter la memoria a un periodo de información pública. Según el concejal socialista, con la negativa a someter la memoría a información pública se está coartando y menospreciando la capacidad de participación ciudadana en un contrato estratégico para la ciudad.

Por otra parte indicó que a pesar de que la normativa vigente no exige someter a información pública la memoria relativa a la modificación del Servicio Público de limpieza viaria, si que exige que se someta a información pública la estructura de costes. El Partido Popular en su memoría está aprobando una nueva estructura de costes que es obligado someter a información pública y que ha acordado en pleno no hacerlo. Además, resulta necesario volver a solicitar informe preceptivo a la Comisión Consultiva al aprobar una nueva estructura de costes. “De continuar así, este procedimiento devendrá nulo de pleno derecho”, ha señalado.

Francisco Algar también ha denunciado que no se han valorado otras alternativas posibles a la privatización, como empresa pública o de gestión mixta, entidad pública local o la figura de medio propio y que la única opción contemplada ha sido entregar el servicio a una empresa privada. “No buscan la mejor fórmula, solo la más cómoda para ustedes, vamos a votar en contra, no porque seamos el partido del no por el no, como nos quieren hacer ver, sino porque defendemos un modelo”, ha espetado al equipo de gobierno.

El expediente que se está llevando a cabo, además de las posibles causas de nulidad, contiene numerosos errores materiales que en caso de llevarse a cabo con estas premisas hará muy dificil su ejecución, suponiendo un elevado coste de gestión y control municipal, que comenzó con el derroche de dinero pagado a la consultora privada para que redactara el informe que dio pié al primer intento de privatizar. Informe este, que ahora está memoría municipal ha echado por tierra en casi su totalidad y por ende el dinero de todos los lucentinos, con el que se ha pagado a la consultora privada.

El edil ha lamentado, además, que la supuesta eficiencia del modelo indirecto se base solamente en la precarización de los trabajadores: según recoge la propia memoria, los empleados de la futura concesionaria cobrarán un 24% menos y trabajarán un 5,3% más. A ello se suma la advertencia técnica de que, en caso de rescate, los trabajadores pasarían a ser empleados municipales sin procedimiento selectivo, “colándose por la puerta de atrás”.

Por último, ha acusado al gobierno local de “dotar de maquinaria de última generación a la empresa privada mientras mantienen a los trabajadores municipales con equipos obsoletos”. Espetándoles que “luego dirán que lo privado va mejor que lo público”, añadiendo acto seguido, que “claro que sí, no puede ser de otra forma si dotan de mejores medios a lo privado dejando agonizar lo público sin recursos”.