¿Quién manda en el Ayuntamiento?, por Fernando Manuel García Nieto

En los ayuntamientos, como en cualquier rincón del Estado, hay una pregunta que rara vez se formula en voz alta: ¿quién manda de verdad? ¿El alcalde? ¿Los concejales? ¿O los técnicos municipales? La respuesta, como casi todo en política, es: depende.

Los cargos electos llegan con ideas, programas y promesas. Pero pronto descubren que para llevarlas a cabo necesitan a la maquinaria administrativa. Y esa maquinaria tiene sus tiempos, sus normas… y su propio poder. No se trata de una conspiración, sino de una realidad estructural: la complejidad de los asuntos públicos obliga a delegar. Urbanismo, contratación, servicios sociales, seguridad, medio ambiente… todo requiere conocimientos técnicos que no siempre están al alcance de los políticos.

Aquí entra en juego la burocracia. Y con ella, una tensión constante: si delegas demasiado, pierdes el control, si no delegas nada, desperdicias el potencial de los especialistas. Por eso, los ayuntamientos funcionan como un delicado equilibrio entre política y técnica.

Los políticos pueden intentar controlar a los técnicos de dos formas: antes de que actúen (por ejemplo, redactando reglamentos o pliegos muy detallados) o después (fiscalizando, revisando, pidiendo informes). En teoría, si tienes buenos mecanismos de control a posteriori, puedes permitir más libertad a los técnicos. Pero si no te fías, lo atas todo desde el principio.

Y aquí aparece otro factor clave: la confianza. Si el técnico comparte tu visión política, le das más margen. Si no, lo vigilas. Esto se ve mucho en los pueblos pequeños, donde las relaciones personales pesan más que los organigramas. Pero también en ciudades más grandes, donde la profesionalización no siempre garantiza la neutralidad.

Además, está la incertidumbre. Cuando un gobierno local teme perder las elecciones, suele dejarlo todo atado: contratos largos, convenios blindados, decisiones difíciles de revertir. Es una forma de seguir mandando… incluso desde la oposición.

Por otro lado, no todos los ayuntamientos tienen la misma capacidad técnica. Hay municipios donde faltan arquitectos, juristas o trabajadores sociales. En esos casos, los políticos se ven obligados a asumir tareas que no les corresponden o a externalizar servicios. Y eso puede tener consecuencias nefastas.

En resumen: la burocracia no es un obstáculo, sino una pieza clave del gobierno local. Pero necesita reglas claras, controles eficaces y, sobre todo, políticos que no renuncien a su papel de marcar el rumbo. Porque si los políticos no mandan, alguien lo hará. Y ese “alguien” no rinde cuentas ante la ciudadanía.

Fernando Manuel García Nieto