Estado natural, por Julián Valle Rivas

Que los fenómenos meteorológicos ya no son como eran se trata de una evidencia indiscutible. En España, al menos en el sur, la primavera y el otoño apenas nos aguantan cuatro o seis semanas, si alcanzan las ocho semanas, nos produce extrañeza; los restantes ocho o diez meses se los reparten el verano y el invierno.

Los periodos de calor cada vez son más frecuentes y los de calor extremo, más prolongados. En los ciclos de sequía, que siempre los hubo y los habrá, se aprecian fluctuaciones en sus intervalos de regularidad. Las lluvias, con incidencia nacional, no son aquellas tardes idílicas contempladas a través de la ventana al calor de la lumbre, sino auténticos diluvios universales, que caen a plomo, como si los cerrojos de las esclusas de los cielos hubieran reventado o el dios que fuere los hubiera descorrido con no poco ánimo vengativo o aleccionador. Son lluvias destructivas, arrolladoras, que no distinguen entre creyentes e infieles y circulan ineluctables, o se filtran por las tierras permeables, cargando y recargando los acuíferos hasta hacerlos brotar o manar, colmadas sus bolsas subterráneas. Y, sin embargo, las administraciones del Estado, muchas de las cuales no dejan de predicar sobre el cambio climático, la ecología, los gases emitidos a la atmósfera y hay que ver cómo estamos destruyendo el planeta y qué le vamos a dejar a nuestros hijos; esas mismas administraciones del Estado, cuando se produce la catástrofe por lluvias, la califican de fuerza mayor, inevitabilidad que les permite eludir la responsabilidad. Cierto que es muy escaso el margen de contención, casi nulo, frente a la fuerza de la naturaleza, que todavía la vanidad humana desprecia o se cree, ilusa, avezada para combatir en igualdad de condiciones.

Un ejemplo se puede observar en los cauces de los ríos. Basta con un placentero recorrido por sus tramos rurales, para descubrir cómo en los cauces (no en las márgenes o en las orillas) han germinado auténticos ecosistemas vegetales, que se han convertido, a un tiempo, en refugios ornitológicos. A ello, se suma la sedimentación propia del arrastre de la corriente. El resultado manifiesto es la desaparición del cauce, sobre todo, en las zonas llanas, donde la repercusión de la sedimentación es más propicia; o es un elevado nivel de obstrucción. El agua, en definitiva, su corriente, se queda sin caja por la que circular, y desborda e inunda las tierras, los muebles y los inmuebles circundantes, así como aquellos que, por efecto de las pendientes, se cruzan a su paso. La desaparición o la desmedida reducción del cauce no es un estado inmutable, se puede revertir; de hecho, requeriría el simple control, mantenimiento y limpieza del cauce en cuestión. Y aquí sí que se topa con el verdadero obstáculo.

El dominio hidráulico intercomunitario es competencia de las Confederaciones Hidrográficas, el intracomunitario, de las Comunidades Autónomas, si ostentan las competencias, o del Ministerio, en caso contrario. El dominio hidráulico, en definitiva, es público. Es el dominio público hidráulico. El problema radica en que las administraciones y organismos públicos competentes para actuar sobre el dominio público hidráulico, y, por ende, para actuar sobre los cauces de los ríos, lo hacen por omisión, proceden por inactividad, que es la hermanastra del desinterés, al amparo del conocido como principio del estado natural o de la condición natural, que es el padrastro de la responsabilidad evitada. Que el cauce de un río quede obstruido o desaparezca en la práctica, a base de sedimentos (que incluyen todos los restos de materiales arrastrados) y de auténticos vergeles, dejando a sus aguas sin caja o camino por el que circular, no es consecuencia, entonces, del abandono del cauce, por falta de mantenimiento y limpieza, sino que es consecuencia de su estado natural. Tecleado de otro modo, es la propia naturaleza de los cauces fluviales, que al final quedan obstruidos o desaparecen, la que tiende a la sedimentación y la germinación de vergeles descontrolados. Luego, con los desbordamientos e inundaciones, quedan destrozadas las explotaciones agrícolas, por las que no lloramos, o lloramos menos, al cabo, son cultivos, claro… Aunque no pensará igual el agricultor que pierde su cosecha. Agricultor que acude a la Justicia (otra administración del Estado), reclamando la responsabilidad patrimonial de la administración, y le responde, como en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de febrero de 2024: «La administración deja constancia de que un río es una formación de tipo natural, la cual no sólo vehicula las avenidas y la carga sólida, sino que, además, tiene una función ambiental y de reserva de la fauna asociada […].

Como ya se ha indicado, dichas inundaciones se producen de manera natural y forman parte de la dinámica del río, ya que el río, en esta parte baja de vega, ya en su parte final, hasta su desembocadura, en el río Genil, tiene tramos con muy escasa capacidad de evacuación, al ser zonas de depósito de tierras, dada su escasa pendiente». Y ahí te las apañes, y sin obviar que también suele surgir la monserga de la fuerza mayor, como exclusión de la responsabilidad administrativa. Pero, si un río o un arroyo se desbordan con frecuencia inferior a diez años, puede que se deba a la incapacidad de su cauce para soportar el curso de las aguas, por su proceso de reducción ininterrumpida. Si la intensidad de las precipitaciones es causa de fuerza mayor, puede que su frecuencia transforme lo extraordinario en ordinario.

Esto en terreno rústico. En terreno urbano, la trama se complica, con los conflictos de competencias con los ayuntamientos y diputaciones. Después, será el turno de la tragedia y del lamento. Y será el turno de la foto y del careto de circunstancias. Y será el turno de la promesa y de la subvención. Y será el turno de aguardar a la próxima. Porque dónde se invierte (désele un sentido eufemístico al vocablo) el dinero público lo atestiguamos cada día por los medios de comunicación. Mientras, los médicos han de convocar huelgas, las carreteras gastan unos socavones vergonzosos, los muretes se derrumban y, por desgracia, los raíles ferroviarios se quiebran y desprenden, pues, si se liberaliza el sector y se multiplica el tráfico, deberá multiplicarse el control y el mantenimiento, lo cual significaría que las administraciones públicas del Estado asumirían al completo sus deberes, obligaciones y responsabilidades, escenario que, realmente, no es su estado natural.

Julián Valle Rivas