El Consistorio indemnizará 64 y 1.062 a euros Pérez y Morales por los gastos que les ocasionó su defensa jurídica en el caso de las contrataciones musicales de la Feria del Valle

pleno octubre lucena 2019El pleno de la Corporación municipal lucentina, en su sesión ordinaria de octubre, ha aprobado la regulación del derecho que asiste a los concejales de que el Ayuntamiento cubra los gastos de representación y defensa jurídica en los procesos judiciales penales en los que puedan verse implicados con motivo de su cargo público si contratan a título particular una defensa jurídica y no hacen uso del servicio jurídico externo contratado por el Ayuntamiento.
 

 
La regulación, a incluir en el Reglamento Orgánico Municipal,  ha sido aprobada con los votos de PSOE e IU y el rechazo de PP, Ciudadanos y Vox, y una vez refrendada, sirvió de soporte legal a la aprobación de otros dos puntos que la siguieron en el orden del día del plenario, mediante los que se acordó indemnizar al alcalde Juan Pérez y a la exconcejal socialista María del Mar Morales por los gastos que les supuso la contratación pagada de su bolsillo de defensa jurídica, exactamente los honorarios de procurador en el caso de Pérez y de procurador y abogado en el de Morales, a raíz del procedimiento judicial que debieron afrontar por presuntas irregularidades en las contrataciones de actuaciones musicales para la Feria del Valle de 2017, que resultó finalmente archivado.
 

 
Juan Pérez había reclamado una indemnización de 115 euros, pero de los que se le pagarán sólo 64´20 euros, que es la cifra determinada por la Intervención municipal conforme a los baremos estipulados por el Ilustre Colegio de Abogados de Lucena. Y María del Mar Morales, que reclamaba 2.539´39 euros, por el mismo criterio será indemnizada por una cuantía menor, en concreto 1.062 euros.

 
En el debate acerca de la regulación de los gastos de representación y defensa jurídica en los procedimientos judiciales que afecten, por su condición de ediles, a los miembros de la Corporación, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Jesús López, argumentó su voto contrario a la misma porque supone una duplicidad de gastos, dado que el Ayuntamiento ya tiene contratado un servicio jurídico externo por una cuota fija que cubre todos las causas judiciales en las que pueda verse envuelto el Consistorio y que también puede prestar asistencia letrada a los concejales afectados por algún procedimiento judicial de carácter penal, y por tanto indemnizar a los concejales que opten por contratar su propio abogado produce tal duplicidad.

 
En cambio, desde Izquierda Unida, su portavoz Miguel Villa expresó su respaldo a la citada regulación porque, según dijo, se trata de un derecho que tienen los concejales de, si se ven procesados en los juzgados, poder elegir que les represente el servicio jurídico externo contratado por el Ayuntamiento por un precio fijo, con independencia del número de procesos judiciales en los que defienda al Ayuntamiento, o si lo prefieren, los concejales puedan contratar a su propio abogado, y si finalmente quedan absueltos de la causa judicial en cuestión, el Ayuntamiento les indemnice por los honorarios que hubieran abonado a su letrado. Ello no supondría duplicidad de gastos como sostiene Ciudadanos, afirmó Miguel Villa, porque al servicio jurídico externo se le paga una cuota fija, trabaje “en una causa judicial o en cincuenta” relacionadas con el Ayuntamiento. 
 

 
Por su parte, el portavoz del PP. Francisco Aguilar, mostró la oposición de su grupo a que la regulación de los gastos de defensa jurídica incluya la posibilidad de indemnizar a los concejales que opten por contratar su propia representación letrada, porque esa defensa puede atenderla perfectamente el servicio jurídico externo, que percibe de las arcas municipales 38.000 euros por su contrato de dos años de asistencia jurídica al Consistorio.
 
 
 
El equipo de gobierno, a través de la portavoz socialista Teresa Alonso, insistió en que lo que se trataba era de reconocer un derecho de los concejales (a ser representados por el servicio jurídico contratado por el Ayuntamiento, o contratar el suyo propio y ser luego indemnizados por el Consistorio), derecho avalado por un informe de la jefa de servicio de Régimen Interior en el que se explica que si no se indemnizara a un concejal que hubiera recurrido a asistencia letrada propia (como hicieron Pérez y Morales), podría reclamar la indemnización por vía judicial y la ganaría sin ningún género de dudas. Los concejales, añadió Alonso, también tienen derecho a “una segunda opinión jurídica” que pagan de su bolsillo inicialmente para, si salen indemnes del proceso judicial, ser indemnizados por ese gasto por el Ayuntamiento.
 

 
El mencionado derecho asiste a “todos” los concejales incluidos los que votan en contra de su regulación, agregó Teresa Alonso, quien acusó de demagogia a la oposición por atacar ese derecho.

 
Miguel Villa, en una segunda intervención, consideró que poner a un concejal con una causa judicial en la tesitura de “o eliges la representación jurídica del Ayuntamiento o te la pagas tú” es restringir el derecho que asiste a todos los ediles de que el Consistorio cubra los gastos de su defensa jurídica, aunque con un límite determinado en su coste, precisó Villa.

 
Y desde la formación naranja, Jesús López negó que su partido tenga un discurso demagógico o que ataque derechos, como criticó Alonso, sino que Ciudadanos no está de acuerdo con la regulación propuesta por el PSOE.

 
Ya en la votación, los 10 votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox no pudieron impedir la aprobación de la regulación que apoyaron PSOE e IU también con 10 votos (9 del PSOE al estar ausente Lara Cantizani y 1 de IU). El empate se resolvió con el voto de calidad del alcalde.
 

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