POLÍTICA DE SUPEROFERTA: EL NUEVO HOSPITAL PÚBLICO PARA LUCENA, por Fernando M. García Nieto

Estamos viviendo la reactivación de las demandas por la mejora de la sanidad en nuestro municipio. Tras el anuncio de la delegada de Salud, María Jesús Botella, en el que replanteaba el contenido del nuevo centro sanitario que la Junta proyectaba y señalaba la falta de financiación para este proyecto, nuestra sociedad civil se ha vuelto a movilizar. Este jueves 27 de junio se ha celebrado una concentración en la Plaza Nueva que recordaba a la manifestación del año 2006 aunque con menos de la mitad de asistencia de aquella.

La Junta de Andalucía está recibiendo fuertes críticas por la ineficiencia de su gestión de la sanidad, mientras se afana en incrementar el número de contrataciones para mitigar una parte del problema. No entraré en profundidad en las causas de estos resultados, pero desde distintos medios se citan, por ejemplo, la escasez de los recursos dedicados a este fin, la limitación de las plazas universitarias de medicina, una tendencia a la concertación público-privada del actual gobierno andaluz, e incluso se contempla la existencia de un boicot sanitario de la izquierda hacia el actual gobierno andaluz conservador. En esta ocasión quiero opinar sobre un concepto que se encuentra encajado en la relación entre estas movilizaciones y la acción política de los partidos locales, “la política de superoferta”.

La situación expuesta nos sirve como marco para intentar explicarlo. En las acciones de la oposición y del gobierno local en relación con las demandas de una mejor sanidad, en su participación en la concentración y otras acciones, y en el apoyo que brindan a las asociaciones y sindicatos integrados en este movimiento social hallamos el rastro de esta tendencia en la forma de hacer oposición y de gobernar. Resulta chocante que todos los partidos se posicionan a favor de este movimiento por las necesidades sanitarias pero el hospital público no llega.

Ya llevamos casi veinte años esperando el tan ansiado hospital público, primero con PSOE en la Junta y en el gobierno municipal, y ahora con el Partido Popular en ambas instituciones de gobierno. ¿Nuestros partidos nos están “ofertando” algo irrealizable? ¿Si fuera así porqué siguen todos los partidos sumándose a las acciones de este movimiento social?

Para tratar este concepto quiero diferenciar entre las demandas de una mayor calidad en la sanidad pública local, en general, y la petición de un hospital público en particular. Yo quiero que se mejore la calidad de la atención sanitaria en mi ciudad, lo contrario sería propio de una mente obtusa e irracional, y también "deseo” que se nos dote de un “Hospital”, ¿o un “Centro sociosanitario”? Ambos conceptos son distintos y se vienen utilizando con ambigüedad desde ámbitos políticos y administrativos, hasta el punto de que muchos de nosotros no sabemos ya cuál es la intención de la Consejería para nuestro municipio.

Pero al mismo tiempo soy consciente de que el gobierno regional no puede adoptar decisiones políticas a la carta, en función de los deseos de grupos minoritarios o de municipios determinados, que debe buscar el interés general y la gestión eficiente de los recursos con un alcance autonómico. Resulta poco eficiente la construcción y puesta en marcha de un nuevo hospital cuando tenemos a quince minutos el Infanta Margarita, y ahora, además, otro hospital privado concertado en el Polígono Príncipe Felipe. En cambio, todos podemos observar que la calidad de los servicios sanitarios disponibles actualmente cuenta con un amplio margen de mejora, incluyendo si es necesaria la puesta en marcha de un nuevo centro sanitario, que no hospitalario. En ello deberían invertirse los esfuerzos políticos.

Por las razones expuestas, en lo sucesivo, nos vamos a centrar exclusivamente en la construcción de un nuevo hospital público como ejemplo de “superoferta” política. Quedémonos con eso y con que la “política de la superoferta” puede ser una estrategia tanto de la oposición como del Ejecutivo, y que esta puede desempeñarse en todos los niveles de gobierno; central, autonómico y local.

El principio económico más elemental nos señala que los recursos son escasos y las demandas de los individuos son infinitas. Cualquier gobierno querría atender todas estas demandas para poder asegurarse los apoyos necesarios en las siguientes elecciones. Esto sería fácil si contaran con presupuestos ilimitados y por tanto con recursos inagotables. De este modo se podría atender a los objetivos de todos los grupos de interés y las peticiones de toda la sociedad en su conjunto.

Esto es algo utópico, ya que la realidad es que los políticos en el gobierno no cuentan con recursos infinitos, y si quieren ser reelegidos, seleccionarán para satisfacer aquellas peticiones que más les convengan para recabar apoyo electoral, e intentarán que estas decisiones concuerden con sus principios ideológicos y sus programas. Lo segundo no es imprescindible en muchas ocasiones.

Ante la realidad inevitable de la escasez los buenos gobiernos deben, además, implantar sus decisiones con la mayor eficiencia. Tienen que proveer las mejores políticas con los recursos indispensables, hacerlo de modo eficaz y sostenible en el tiempo. Esto se traduce en un reparto territorial de los servicios públicos para intentar llegar a la mayor cantidad de población, distribuyéndolos geográficamente de forma que den cobertura a sus respectivas zonas de influencia.

En estas condiciones resulta ineficiente y por ende ineficaz la ubicación de dos hospitales en dos localidades limítrofes, si esto supone que se desatiendan otras zonas con menor densidad de centros sanitarios o mayor densidad de población. Recordemos que los recursos son limitados. Aun así, nuestros partidos se las componen para “ofertarnos” a los votantes un nuevo hospital público en el municipio. Y aquí entra en juego lo que Giovanni Sartori llama “política de superoferta”.

Los partidos que se encuentran en la oposición defienden y pretenden abanderar las demandas de políticas y servicios de nuestra sociedad, pero con frecuencia cuando se encuentran en el gobierno cambian de parecer, retardan la implantación de lo que ellos mismos proponían, o sencillamente se olvidan de sus promesas de campaña. Hacer oposición así es fácil, pero también es irresponsable y más propio de partidos antisistema o de aquellos con escasa posibilidad de llegar a gobernar. Las élites de este tipo de partidos asumen que nunca gobernaran y pueden por ello prometer, “ofertar”, cualquier cosa, sin tener en cuenta la limitación de los presupuestos o cualquier otro criterio de eficiencia o viabilidad. Eso les da votos, y saben que nunca tendrán que aplicar esas políticas.

Pero las diferencias entre unos partidos y otros no son demasiado grandes, todos hacen este tipo de oposición en algún momento, y podría parecernos divertido, desde el desconocimiento de las consecuencias, ver como al llegar a puestos decisorios, en el gobierno y la administración, los políticos sufren una suerte de amnesia repentina al toparse con la cruda realidad de la escasez.

Señala Sartori que “es posible que una oposición se comporte de modo responsable si se espera de ella que haya de responder, esto es, que deba llevar a la práctica lo que ha prometido. A la inversa, es probable que una oposición sea tanto menos responsable cuantas menos esperanzas tenga de gobernar”.

El mismo autor explica que “en política existen normas de competencia, y la política competitiva no consiste sólo en la competitividad. El concepto de la política competitiva viene de la economía. La competencia económica resulta posible en dos condiciones; que el mercado escape al control monopolístico y que las mercancías sean lo que se dice que son. La última condición se satisface mediante los controles legales, y si los productores pudieran escapar a toda sanción por la venta de una cosa en lugar de otra el mercado competitivo se hundiría inmediatamente”.

Y que “semejantes condiciones se aplican a la competencia política. La política competitiva no está condicionada sólo por la presencia de más de un partido, sino también por un mínimo de competencia limpia y confianza mutua, por debajo del cual difícilmente puede funcionar un mercado político como mercado competitivo. El fraude político es menos fácil de detectar y controlar que el fraude económico, pero la distinción entre una oposición responsable y otra irresponsable deja margen para una distinción equivalente entre la competencia política limpia y sucia. Si un partido puede siempre prometer el cielo en la tierra, sin tener que responder jamás a lo que promete está fuera de la competencia limpia.”

“La política de la superoferta lleva a algo muy parecido al desequilibrio inflacionario, en el que los competidores tratan de arrancarse el apoyo los unos a los otros mediante llamamientos más estentóreos y promesas cada vez mayores, de modo que aumenta la competencia por la oferta disponible, pero la oferta no aumenta.” (Sartori, 2005).

Los votos salen cada vez más caros. Esta forma de competencia política lleva irremediablemente al incremento ilimitado del presupuesto y del gasto público, y por tanto al aumento de la carga impositiva que han de soportar los ciudadanos, a la inflación, al incremento de la deuda pública y al déficit fiscal.

La política de oferta no es exclusiva de la oposición. La necesidad de conseguir apoyos electorales lleva a los partidos de gobierno a una eterna campaña de fidelización y proselitismo, haciendo promesas cada vez mayores, cumplidas mediante el aumento constante de los presupuestos para satisfacer el mayor número de demandas políticas de la sociedad electora. Respondiendo a estas presiones no dudan en acudir a los mercados de deuda, o a las entidades financieras si los ingresos no alcanzan, empeñando el futuro de las generaciones más jóvenes que se ven condenadas a pagar la factura de políticas que quizás ellos no lleguen a disfrutar.

Un gobierno responsable se endeudaría sólo para la inversión en infraestructuras que puedan ser disfrutadas por las cohortes futuras, pero este principio de responsabilidad presupuestaria está quebrado actualmente en nuestro sistema político. Es necesario romper con esta tendencia irresponsable.

Para concluir, volviendo al caso concreto del nuevo hospital público, no es necesario decir que las acciones de las instituciones representadas en el movimiento social local por la mejora de la calidad sanitaria son justas y legítimas, y entran dentro de la normalidad política de cualquier sociedad democrática, es algo obvio, incluso si pretenden la puesta en funcionamiento de un nuevo hospital público para el municipio y su comarca.

Sin embargo, la tarea de nuestros partidos debería ser otra. Ellos son los encargados de canalizar esa demanda de un nuevo hospital hacia los centros de decisión, hacia las instancias de gobierno competentes para ejecutar las políticas solicitadas, y de buscar los apoyos a través de sus organizaciones de partido para que estas peticiones se hagan realidad, o no se lleven a cabo, según sea su postura. Su participación en las acciones del movimiento reivindicativo tiene un tufo a postureo electoral. Pretenden conseguir votos “ofertando” un hospital nuevo en Lucena, algo que es irresponsable, porque no es eficiente y difícilmente podrá ser una realidad en el futuro. Ellos lo saben, tienen los datos y los números, pero siguen enredados en la competencia política sucia de la “superoferta”.

Fernando M. García Nieto

      Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza, 2005.