Pérez premia con una medalla a la fiscal que solicitó el archivo de la causa judicial abierta por los contratos musicales de la Feria del Valle en la que estaba investigado junto a Morales…………

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La Corporación municipal de Lucena ha celebrado este martes 26 el pleno ordinario correspondiente a marzo. Dos de los puntos del orden del día eran propuestas para condecorar, con motivo de la festividad el 23 de abril de San Jorge, patrono de la Policía Local de Lucena, al juez decano del partido judicial, Esteban Rondón Mata, y a la fiscal Natalia Izquierdo Siles, con sendas medallas de la Policía Local.

Cuando se llegó al punto relativo a la condecoración para la fiscal, propuesta por el concejal de Seguridad Ciudadana y aprobada por el alcalde Juan Pérez, el concejal Vicente Dalda anunció su abstención y que abandonaría el salón de plenos en la votación del punto, pues según le había informado días antes el secretario municipal, la normativa establece varios supuestos en los que los cargos públicos pueden ser recusados o deben abstenerse de participar en votaciones, uno de ellos el de tener “cuestión litigiosa” con alguien que puede verse afectado por decisiones que puedan tomar o por alguna votación en la que tomen parte.

Dalda leyó ante el pleno la normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 236 del 2 de octubre de 2015, merced a la cual se abstenía de votar en la concesión de la medalla a la fiscal Natalia Izquierdo porque es la misma fiscal que intervino en el procedimiento judicial abierto a raíz de la doble denuncia que Vicente Dalda presentó por presunta prevariación administrativa del equipo de gobierno del PSOE en la contratación de grupos musicales para la Feria del Valle de 2017, o por posible calumnia a autoridad pública por parte del PP, si tal presunta prevaricación resultaba falsa, al ser los populares los que hicieron públicas supuestas irregularidades en el citado procedimiento de contratación efectuado por el Ayuntamiento.

Dicha fiscal solicitó el archivo de esta causa judicial, que fue ordenado por la jueza encargada del caso, que por otra lado sigue abierto pues Dalda presentó en febrero recurso contra este archivo ante la Audiencia Provincial de Córdoba y se encuentra ahora en trámite.

Dalda recordó al alcalde que sigue investigado al igual que Morales y abandonó el salón de plenos para ausentarse en la votación. Dalda indicó que también se había ausentado “por ética” de la comisión informativa municipal de Hacienda donde una semana antes se había aprobado la propuesta de concesión, antes de que el secretario municipal le informara con el BOE en la mano de los motivos de abstención estipulados para los cargos públicos.

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Miguel Villa, señaló por su parte que “no veía muy claro” si con la medalla “se homenajea a la persona o a la profesión” pero que sería conveniente que se abstuvieran en la votación “los que puedan tener relación” con la fiscalía.

Por su parte, un irritado Pérez dijo que no tenía “ni idea de quién era la fiscal” en el caso de las contrataciones de la Feria del Valle y anunció su abstención.

Ciudadanos y PP comunicaron su voto a favor de la concesión de la medalla, precisando el portavoz de los populares Francisco Huertas que “no damos veracidad a las declaraciones del señor Dalda”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Adame, explicó que la medalla se otorga a la fiscal Izquierdo “por su labor profesional en seguridad vial”, materia en la que asesora a la Policía Local lucentina, y que en el Consejo de la Policía Local, todos los sindicatos representados excepto uno estuvieron a favor de dar esta distinción a la fiscal.

Por último, la portavoz municipal del PSOE, Teresa Alonso, argumentó que “para evitar suspicacias” Pérez y Morales se abstendrían mientras que el resto de concejales socialistas votarían a favor de conceder la medalla a Izquierdo, lo que se aprobó con los votos de PSOE, IU, Ciudadanos y Partido Popular.

Posteriormente, Dalda regresó al plenario y se procedió a votar la concesión de la medalla al juez decano Estaban Rondón. El edil de Seguridad Ciudadana, Francisco Adame, pidió que la votación fuera “secreta” porque el asunto “afecta al honor” de una persona. El alcalde Pérez y sobre todo el secretario municipal rechazaron esta posibilidad porque los debates y votaciones en el pleno deben ser públicos y no secretos.

Vicente Dalda comentó que Rondón “está haciendo un buen trabajo” pero que la relación de méritos contemplada en la propuesta de otorgamiento de medalla era sólo una mera descripción de sus funciones como jefe de la Policía Judicial, es decir de su trabajo rutinario, y no se acreditaba la excepcionalidad de su labor, excepcionalidad que según el artículo 35 del Reglamento de Honores  del Ayuntamiento de Lucena tiene que ser precisada y es requisito imprescindible para otorgar una medalla por parte de la Corporación, a fin de garantizar así el marcado carácter excepcional que tiene esta distinción.

El concejal de Seguridad Ciudadana Francisco Adame aseveró que esta concesión sí cumple el citado artículo 35.

El portavoz popular Francisco Huertas replicó a Dalda diciendo que en Lucena no existe Policía Judicial, que sí la hay en Puente Genil y está adscrita a los juzgados pontaneses.

Dalda contestó a Huertas que le sorprendía “la ignorancia de un letrado” porque no existiendo efectivamente en Lucena Policía Judicial, sí ejercen como tal la Policía Local, la Policía Nacional o la Guardia Civil cuando presentan diligencias al juzgado o cuando lo establece el juez, de quien dependen funcionalmente, mientras que orgánicamente dependen de sus respectivos mandos, detalló Vicente Dalda, que ha sido inspector de policía.

Desde Izquierda Unida, su portavoz Miguel Villa espetó a Dalda que debería abstenerse en este asunto como en el de la medalla a la fiscal, porque Dalda “puso una querella” al juez Rondón, algo que el edil no adscrito calificó de “falso” y solicitó la palabra al alcalde Pérez para aclararlo, pero éste no se la dio.

A lo que se refería Villa no es a una querella. Vicente Dalda presentó una denuncia por calumnias cuyo procedimiento judicial recayó en Rondón, quien por dos veces la desestimó alegando defectos de forma lo que paralizó dicha denuncia durante seis meses. Y cuando Dalda presentó por tercera vez la denuncia, el magistrado se inhibió alegando tener amistad con el denunciado. Dalda presentó entonces contra Esteban Rondón una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considerando que si tenía amistad con el denunciado, el juez debería haberse inhibido a favor de otro magistrado cuando le llegó la denuncia por primera vez. El CGPJ resolvió que cuando se presentó en aquella primera ocasión la denuncia, el juez no era consciente de su amistad con el denunciado, sino que lo fue más tarde.