Nueva Aurora no ha cumplido el decreto municipal de desalojo de su residencia por las deficiencias de su edificio y Dalda solicita que lo ejecuten el Ayuntamiento y la Junta ofreciendo una solución digna para los residentes

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Este jueves 17 de mayo expira el plazo que el Ayuntamiento de Lucena dio a la residencia Nueva Aurora para desalojar sus dependencias en la calle Ancha en un decreto municipal dictado el pasado 20 de abril. Sin embargo, Nueva Aurora no ha cumplido el decreto procediendo al desalojo, y ni siquiera ha comunicado lo sucedido a los familiares de los residentes, según señaló esta mañana el concejal no adscrito Vicente Dalda.

Desde la firma del decreto el 20 de abril por parte del concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Lucena, José Cantizani,  la Asociación Nueva Aurora disponía de quince días hábiles para desalojar a los 44 usuarios de su residencia de la tercera edad. El decreto también establecía el cese de la actividad de esta entidad en el municipio de Lucena hasta que no regularice su situación e incoaba además expediente sancionador al carecer el centro de las autorizaciones pertinentes para ejercer dicha actividad a la que se venía dedicando hasta la fecha.

Contra estas medidas adoptadas por el Consistorio tras el informe técnico municipal que recomendaba el desalojo inmediato de los residentes, Nueva Aurora tenía un plazo de diez días para presentar alegaciones. A Dalda no le consta que la entidad haya presentado recurso, y de haberlo presentado, eso no paralizaría la ejecución del decreto, salvo que el Ayuntamiento hubiera celebrado un acto administrativo de suspensión del mismo, acto que según Dalda no se ha producido, o al menos no se ha hecho público, indicó.

Con cierre o sin cierre de la residencia, Vicente Dalda resaltó que lo fundamental y prioritario es que las personas mayores que allí residen dispongan de unas condiciones de vida no sólo legales según lo establecido por la normativa, sino sobretodo dignas. Por ello, el edil solicita que los servicios sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lucena ejecuten subsidiariamente el decreto, adoptando todas las medidas oportunas para su cumplimiento y trasladando a los residentes a lugares dignos.

Dalda recordó que se ha estado ocupando del asunto de Nueva Aurora desde hace dos años, cuando tuvo conocimiento de una queja presentada por la familia de una residente ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, institución con la que Dalda contactó al igual que con la Junta y el Consistorio. Tras muchos esfuerzos logró que, al cabo de esos dos años, el pasado mes de marzo el Ayuntamiento emitiera un informe técnico sobre el estado del edificio, que recomendaba su urgente desalojo.

Menos ha hecho la Junta, recalcó Vicente Dalda, que ya en 2010 según le consta supo de la situación irregular de la residencia por dos denuncias, y desde entonces no ha hecho nada, limitándose a “ponerse de perfil”. Es hora de que esta actitud displicente acabe y la Administración autonómica, codo con codo con el Ayuntamiento, intervengan por el bien y la seguridad de los residentes, señaló Vicente Dalda, que ha podido corroborar con tres familias de usuarios de Nueva Aurora que la dirección del centro no les ha informado del decreto de desalojo.