PSOE, IU y PP se niegan a crear una comisión de investigación sobre las presuntas coacciones y amenazas recibidas por el alcalde por parte de funcionarios municipales denunciadas por otros funcionarios del Ayuntamiento a propósito del pago de sobresueldos

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El concejal no adscrito Vicente Dalda llevó al pleno de abril la propuesta de creación de una comisión especial que investigue la denuncia formulada en un escrito por varios altos funcionarios del Ayuntamiento de Lucena.

Según éstos, otro grupo de funcionarios municipales habría ejercido presuntamente coacciones y amenazas sobre el alcalde Pérez y otros miembros de su equipo de gobierno en relación a los sobresueldos que cobraba personal funcionarial de la extinta Gerencia de Urbanismo.

Durante el debate de este punto se ausentaron del salón de plenos tanto los supuestamente coaccionados (el alcalde Pérez y los concejales socialistas José Cantizani y María del Mar Morales) como el portavoz del PP Francisco Huertas, vinculado familiarmente a un funcionario de Urbanismo.

Desde Izquierda Unida, su portavoz Miguel Villa rechazó la puesta en marcha de una comisión de investigación porque “no hay nada que investigar” dado que “en lo que yo tengo conocimiento”, el pago de sobresueldos (complementos) en la Gerencia de Urbanismo ya se sustanció con un archivo judicial, y que si el alcalde Pérez ha sido o no coaccionado, corresponde al propio alcalde reconocerlo o negarlo, y actuar en consecuencia. Villa también se negó a que a las actuaciones de esta hipotética comisión se les dé traslado al Ministerio Fiscal.

El PP, por boca de la concejal y parlamentaria autonómica María de la O Redondo Calvillo, se opuso igualmente a la comisión, porque es un asunto que se lleva arrastrando desde 2010 aunque reconoció que “el problema está y hay que resolverlo” y parte de los funcionarios supuestamente implicados “ya no están”. Si los socialistas han sufrido coacciones “que lo denuncien” aseveró Redondo.

El proponente Dalda replicó que “la verdad nos hará libres” y que “hay un escrito de funcionarios de máximo nivel acusándose los unos a los otros de temas muy graves: insultos, coacciones y amenazas entre ellos”. El concejal no adscrito reprochó al PP que “amague y no dé” y Miguel Villa, en una segunda intervención, admitió que “hay un conflicto entre funcionarios porque tienen maneras distintas de ver unas retribuciones, unos las cobran y otros no”. La disputa, prosiguió Villa, “se eleva de tono pero no afecta a terceros o a los ciudadanos”, reiterando que “no hay nada que investigar” y “que se defienda el alcalde si se siente coaccionado”.

La petición de Dalda sólo obtuvo el respaldo de Ciudadanos, si bien eliminando la parte donde se pide dar traslado a la Fiscalía de los trabajos de la comisión investigadora. Purificación Joyera precisó que “años después seguimos con el mismo problema” y “debemos preguntarnos” por lo que denuncia el escrito.

Para el PSOE, según Manuel Lara Cantizani, se trata de un “asunto debatido y trabajado a lo largo de los años” acerca de unas retribuciones que se aprobaron sin ninguna pega legal que posteriormente fueron anuladas por el Ayuntamiento aprobando un acuerdo de lesividad objeto a su vez de un litigio judicial posterior con los funcionarios. El asunto se podría resolver según el Partido Socialista utilizando la futura Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) de la plantilla del Ayuntamiento.

Finalmente, PSOE, PP e IU votaron en contra de la comisión de investigación que sí apoyaron el edil no adscrito Vicente Dalda y Ciudadanos.