Izquierda Unida denuncia que la delegada de Políticas Sociales de la Junta María de los Ángeles Luna sí conocía el informe sobre la residencia Nueva Aurora pero se ha desentendido del asunto

E-mail Imprimir PDF
Usar puntuación: / 1
MaloBueno 
El portavoz del grupo municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Lucena, Miguel Villa, tras las declaraciones realizadas por la delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, María de los Ángeles Luna, denuncia que “la delegación sí tenía conocimiento de la situación de la residencia Nueva Aurora de Lucena y, sin embargo, no ha querido hacer nada al respecto más allá de desentenderse del asunto”.

Villa informa que “la pasada semana, durante la celebración de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Lucena, el alcalde nos informó, a todos los grupos municipales, que la Junta de Andalucía tenía conocimiento del asunto, tanto por que se le había enviado el informe realizado por los técnicos municipales como por una reunión que se mantuvo con un técnico de la administración autonómica en el mismo Consistorio lucentino”.

“Por ese motivo”, señala el portavoz, “desde Izquierda Unida no consideramos de recibo que la delegada territorial se desentienda de la manera que lo está haciendo, aduciendo, además, que esta residencia no tiene plazas concertadas por parte de la administración andaluza”.

Por su parte, Elena Cortés, parlamentaria autonómica por Córdoba y portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, califica de “muy grave la actitud que está manteniendo la señora Luna”, a la que le pregunta que “para qué sirven, entonces, los servicios de inspección de la Junta”, y le exige “el realojo inmediato de las personas que se encuentran en este centro”.

En este sentido, Cortés recuerda que, en el informe elaborado por los técnicos municipales, “el uso o actividad implantado no cuenta con las debidas autorizaciones para su establecimiento y se considera que, si bien no se aprecian indicios que aparenten ruina física inminente del inmueble, el mismo no reúne condiciones de seguridad y salubridad mínimas para el establecimiento de dicho uso”.  

De igual manera, dicho informe relata que “si bien el riesgo de incendio y peligro para las personas puede estar presente en todo inmueble, dicho riesgo se acrecienta cuando las instalaciones del mismo son deficientes y el inmueble no reúne condiciones mínimas de seguridad de los ocupantes frente a dicho riesgo, máxime cuando los ocupantes son dependientes físicos en mayor o menor medida. Asimismo, no está garantizada la seguridad de forjados de planta ni la seguridad y estanqueidad de la cubierta, y tampoco queda garantizada la seguridad de utilización y accesibilidad ni las debidas condiciones de ventilación”.

Por todo ello, el documento concluye diciendo que “en opinión de los técnicos que suscriben, se considera que el inmueble no es apto, en sus condiciones actuales, para albergar el uso al que se destina, requiriendo de una rehabilitación integral para adaptarse a dicho uso, considerando, salvo opinión técnica mejor fundada, que en dichas condiciones actuales se encuentran comprometidas la seguridad y salubridad de las personas alojadas en el mismo, en especial las ubicadas en planta segunda dado el mayor grado de dependencia física de las mismas. En tales circunstancias se considera necesario proceder en el menor plazo posible al realojo de los mayores a inmueble apto para la debida asistencia de los mismos y que reúna las debidas condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad necesarias, así como al cese de la actividad implantada sin las debidas autorizaciones”.