Dalda denuncia que el Ayuntamiento de Lucena y la Junta de Andalucía miran hacia otro lado ante la “residencia ilegal” de Nueva Aurora y pide la dimisión de la delegada provincial de Políticas Sociales o que sea destituida por Susana Díaz

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El concejal no adscrito Vicente Dalda ha dado a conocer esta mañana el informe elaborado por técnicos municipales sobre la residencia de la tercera edad Nueva Aurora, en el que enumeran las numerosas deficiencias del edificio y recomiendan su desalojo a la mayor brevedad posible trasladando a sus 44 residentes a otros sitios.


Dalda denunció que tanto el Ayuntamiento de Lucena como la Junta de Andalucía llevan mucho tiempo “mirando hacia otro lado” ante lo que es “una residencia ilegal” que incumple las condiciones de seguridad y salubridad exigidas por la normativa a los centros geriátricos.

Vicente Dalda explicó que a finales de octubre de 2016 la señora Margarita Ventura contactó con él a través de las redes sociales para denunciar el caso de una tía suya, ingresada en Nueva Aurora, un lugar “inhumano” según esta persona que junto a su hermana querían sacar a su tía de la residencia y poner una queja por el trato recibido allí por su familiar. Las hermanas Ventura facilitaron a Dalda fotografías e información sobre el estado de la residencia que el edil no adscrito corroboró después con otras fuentes, iniciando a partir de entonces tres líneas de actuación.

La primera, el Ayuntamiento de Lucena, que desde que Dalda dio cuenta de la denuncia que le habían transmitido las hermanas Ventura en 2016 ha tardado año y medio en ordenar la inspección cuyo informe ha sacado hoy a la luz Vicente Dalda. Durante toda esa tardanza en actuar, el Consistorio “ha estado de perfil”, opinó Dalda, quien en la Comisión de Urbanismo solicitó el expediente del inmueble y la residencia Nueva Aurora resultando que no existe.


Tras mucho insistir, indicó esta mañana Dalda, consiguió que la citada Comisión de Urbanismo aprobara requerir a la Asociación Nueva Aurora que regenta el centro geriátrico que remitiese al Ayuntamiento la documentación pertinente, enviando finalmente una documentación muy escasa y del todo insuficiente. La petición requiriendo dichos documentos fue comunicada por escrito a la residencia por el concejal de Urbanismo, José Cantizani, especificando que tal solicitud se formulaba “por ruego del concejal Vicente Dalda”. Esto es una anomalía, que Urbanismo se dirija a alguien indicando que es a petición de un concejal determinado, dijo Dalda, al que sin embargo esto no le importa porque “no me escondo”.

Vista la pobre aportación documental de Nueva Aurora, Dalda insistió en que el Ayuntamiento ordenase una inspección, realizada por una ingeniero técnico industrial y un arquitecto municipales que elaboraron el informe dado a conocer este viernes.

Otra línea de actuación acometida por Dalda fue comunicar los hechos denunciados por la familia Ventura a la Junta de Andalucía, que al menos desde noviembre de  2010 tiene constancia por escrito de que Nueva Aurora “no tiene papeles”, según le consta documentalmente a Dalda. La respuesta de la Administración autonómica llegó en un escrito del 31 de enero de 2017 diciendo que “tomaba nota y enviaría a la inspección”. Sin más noticias al respecto, Dalda volvió a reclamar la intervención de la Junta, que el 2 de marzo de 2018 le volvió a contestar exactamente lo mismo que el 31 de enero de 2017. El concejal no adscrito manifestó esta mañana que contactó en tres ocasiones con la delegación provincial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y en una con la propia Consejería en Sevilla, siempre con resultado infructuoso porque “no hicieron nada” y le dieron “la callada por respuesta”. Por ello, Dalda exige a la delegada provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María de los Ángeles Luna Morales que, “si tiene un mínimo de dignidad” dimita, y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, le pide que destituya a Luna.

La tercera instancia a la que Dalda recurrió con respecto a Nueva Aurora fue al Defensor del Pueblo Andaluz, ante el que la familia denunciante había puesto una queja. Sobre el asunto en cuestión Dalda se reunió tres veces con esta institución, queriendo hacer público su agradecimiento a la adjunta del Defensor del Pueblo Andaluz, María Juana Pérez Oller, por su sensibilidad e interés. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz lleva a cabo dos tipos de acciones: tramitar las quejas que recibe en nombre de los ciudadanos o entidades que se las hacen llegar, o cuando encuentra indicios de gravedad, actúa de oficio, como está haciendo en el caso de Nueva Aurora. Dalda ya ha remitido a esta Oficina el informe de los técnicos de Urbanismo sobre la residencia.

Dalda narró también el testimonio que ha recabado de una persona de Lucena que tiene un familiar de segundo grado usuario en Nueva Aurora, y que le contó al concejal que cuando va a visitar a su pariente “lo tienen en una habitación de la planta baja con una ventana alta sin apenas luz y sin calefacción, con sofás raídos”, por lo que prefiere pedirle a su familiar que salga a la calle para ir a tomar café, reveló Dalda.

La delegación municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena desviaba a ancianos a Nueva Aurora. La última factura que la residencia presentó al Consistorio por esta prestación data de febrero de 2017 y no ha habido más al criticar Dalda que esta delegación enviase a personas a “residencias ilegales y sin condiciones”, asegura el edil.

Dalda recordó que en 1997 fue clausurada otra residencia de la tercera edad de la misma familia propietaria de Nueva Aurora. La residencia actual depende de la Asociación Nueva Aurora cuyas cuentas desconoce Dalda, quien precisa que tanto si Nueva Aurora rehabilita el edificio como recomienda el informe técnico o traslada su actividad a otro espacio, él exigirá que tengan todas las autorizaciones y cumplan con todas las condiciones requeridas, con independencia de que la Asociación tendrá que asumir las responsabilidades que le correspondan por tener ahora un centro fuera de la legalidad. “Donde se vayan estaré pendiente de que cumplan”, dejó claro Vicente Dalda.

Por otra parte, ante el posible ofrecimiento realizado al parecer por el alcalde Juan Pérez para que Nueva Aurora traslade a sus residentes al complejo municipal de Los Santos, como se hizo cuando se inundaron las instalaciones del Sauce, Dalda apuntó que Los Santos no reúne las condiciones para que allí vivan ancianos “en un salón de actos” como sucedió con los pacientes del Sauce que tuvieron que ser reubicados después en otras residencias.

Dalda insta al primer edil Pérez a que el Ayuntamiento haga un estudio de las necesidades de plazas de residencia en Lucena actualmente y en un futuro próximo y comentó que la residencia de San Juan de Dios funciona muy bien y por eso tiene lista de espera.