Morales se niega a dar explicaciones al pleno sobre las contrataciones de actuaciones musicales en la Feria del Valle pretextando que hoy mismo se ha enterado de que hay abiertas diligencias judiciales y que hablar podría perjudicar su defensa

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ARREBATO DE ADAME

EL PP CRITICA QUE MORALES VIOLENTE EL REGLAMENTO CON LA ANUENCIA DEL ALCALDE AL NEGARSE A RESPONDER Y SACA ADELANTE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

 MORALES A jOYERA: "CREE EL LADRÓN QUE TODOS SON DE SU CONDICIÓN"

JOYERA ACUSA A MORALES DE HUIR "PARA NO DAR LA CARA ANTE LOS LUCENTINOS" Y SE RESERVA EL DERECHO A EMPRENDER ACCIONES LEGALES CONTRA LA CONCEJALA DE FIESTAS

MORALES DISPARA CONTRA PÉREZ: "YO NO HAGO NI FIRMO CONTRATOS"

DALDA DENUNCIA EL CASO EN EL JUZGADO, ESPERA QUE TODO NO SEA "UNA TRAMA ORGANIZADA" Y EXIGE RESPONSABILIDADES A PÉREZ POR FIRMAR LOS CONTRATOS QUE LE PRESENTÓ MORALES

 
VILLA REPROCHA A LOS SOCIALISTAS QUE NO QUIERAN DAR EXPLICACIONES Y AFIRMA QUE  "TODO APUNTA A QUE EL PSOE HA QUERIDO BENEFICIAR A UN MIEMBRO DE SU PARTIDO"

 


El punto décimotercero del orden del día del pleno ordinario celebrado este martes 30 de enero era el punto estelar por la esperada comparecencia ante el órgano plenario, solicitada por Izquierda Unida, de la concejala de Fiestas María del Mar Morales para que explicase cómo se efectuaron las contrataciones de actuaciones musicales en la pasada Feria del Valle, en las que según denunció el PP en diciembre se habían podido cometer presuntas irregularidades.


Los populares pidieron también un informe de los servicios jurídicos municipales sobre la validez legal o no de dichos contratos, propuestos por Morales y firmados por el alcalde Juan Pérez. El jueves 11 de enero se dio a conocer el citado informe, donde el vicesecretario general del Ayuntamiento de Lucena determinó que la contratación de actuaciones musicales en la pasada edición de la Feria de Nuestra Señora del Valle incumplió la normativa de adjudicación de contratos de manera flagrante, produciéndose un “quebrantamiento de las normas de adjudicación”.


Al día siguiente, viernes 12 de enero, María del Mar Morales compareció en rueda de prensa, y cambió el “quebrantamiento de las normas de adjudicación” por un “error administrativo”.


Pero ya desde diciembre estaba solicitada por parte de IU que la edil ofreciese explicaciones en el pleno de enero. Y llegado ayer martes el día, y habiendo estado el lunes reunidos durante dos horas los portavoces de los grupos municipales y el concejal no adscrito Vicente Dalda con el alcalde Pérez negociando el formato de la comparecencia y el orden de intervenciones, Morales manifestó ante la Corporación que no iba a contestar preguntas, pues este mismo martes tuvo conocimiento de la apertura de diligencias judiciales sobre el asunto de las contrataciones, y su abogado le había recomendado que no hablara nada en el pleno para no comprometer su defensa jurídica.


Morales calificó de “injusta” la judicialización  del tema y añadió de pasada que este mismo martes había conocido un nuevo informe jurídico municipal elaborado por el secretario general del Ayuntamiento. Terminó su breve parlamento diciendo que “cuando se resuelva en el juzgado” la cuestión “diré lo que tenga que decir”.


ARREBATO DE ADAME
A continuación tomó la palabra, sin corresponderle, el concejal de Juventud Francisco Adame, reclamando en tono airado que, ante lo expresado por Morales, procedía retirar el punto de su comparencia del orden del día, motivando protestas de la oposición y que el propio Pérez recriminara a Adame su petición, pues, alegó el primer edil, los grupos municipales están en su derecho de preguntar a la concejala de Fiestas, reprimenda a la que Adame respondió marchándose visiblemente enfadado del salón de plenos para situarse al otro extremo del mismo, en el pasillo de su puerta principal, para escuchar desde allí el debate que se desató seguidamente.

Cabe reseñar aquí que, frente a lo señalado por Morales de que se había enterado este mismo martes de la existencia de diligencias previas, que en el pleno del 19 de diciembre, el concejal no adscrito Vicente Dalda advirtió de que, ante la gravedad de la denuncia política del PP, él ya había puesto en conocimiento de los hechos al juzgado, tanto por si apreciaba indicios de un presunto delito de prevariación administrativa, como si no era así y en vez de eso se estaba ante presuntas injurias y calumnias del Partido Popular contra un cargo público como es Morales.

Antes de que Morales anunciase que no contestaría preguntas, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, recordó que en el pleno de diciembre el PSOE votó en contra de que Morales diese explicaciones en la sesión plenaria de enero ante las graves acusaciones formuladas por el Partido Popular, y que era obligación de Morales aclarar si lo sucedido con los contratos era un “error administrativo” o “una violación de la ley” y un “acto de corrupción política”.

 

EL PP CRITICA QUE MORALES VIOLENTE EL REGLAMENTO CON LA ANUENCIA DEL ALCALDE AL NEGARSE A RESPONDER Y SACA ADELANTE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Tras la doble “espantada” de Morales y Adame, cada uno a su modo, el portavoz municipal del PP, Francisco Huertas, señaló que si Morales no contestaba las preguntas de los partidos opositores, se estaría, y con “la anuencia y beneplácito” del alcalde, “violentando” el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de la Administración municipal cuyo articulado obliga a los concejales del gobierno local a responder a las preguntas de la oposición.

A esto contestó Juan Pérez refiriéndose a Morales que “es su decisión y tiene derecho a que no se lesione su defensa”.

Más tarde, hacia el final del pleno, el Partido Popular retomó los contratos de grupos musicales en la Feria del Valle, pues al negarse Morales a dar explicaciones, los populares presentaron por vía de urgencia una moción para crear una comisión de investigación al respecto.

El concejal Vicente Dalda reprochó al PP no haber emprendido acciones legales ante las presuntas irregularidades como sí había hecho él, pero habiendo un procedimiento judicial en marcha, Dalda no ve conveniente, para evitar solapamientos o interferencias, que paralelamente haya una comisión de investigación para depurar posibles responsabilidades políticas. Mejor es esperar a ver si en el terreno judicial se sustancian responsabilidades de algún tipo para Morales o quienes correspondan. Si no las hubiera, entonces sí que sería el momento de depurar responsabilidades políticas poniendo en marcha la comisión de investigación reclamada por el PP, opinó Dalda. El edil propuso una enmienda a la moción popular: que si la Justicia investigaba finalmente el caso, la comisión de investigación paralizaría sus trabajos, lo que fue rechazado por PP, IU y Ciudadanos y respaldado infructuosamente por el PSOE.

Izquierda Unida sí apoyó la creación de una comisión investigadora de carácter político en el ámbito municipal y manifestó que, al igual que ocurre con el caso de los ERE fraudulentos, son compatibles una investigación judicial y una investigación parlamentaria centrada las responsabilidades políticas a que hubiera lugar.

Igualmente, Ciudadanos dio la bienvenida a la comisión propuesta por el PP “ante la huida de Morales” para no dar explicaciones, indicó Purificación Joyera.

El PSOE adelantó su voto en contra de la comisión, “por coherencia” con lo argumentado por Morales para no contestar a los grupos de la oposición, según avanzó la viceportavoz socialista Teresa Alonso. Villa reprochó al PSOE que perdiera así su “tercera oportunidad de explicarse” tras votar no en el pleno de diciembre a que Morales compareciese en el pleno de enero y negarse ahora la edil a responder a la oposición.

Los votos a favor del PP, IU y Ciudadanos aprobaron constituir la comisión, con la abstención de Dalda y el voto negativo del PSOE. La comisión tendrá como presidente al concejal popular Francisco Javier Aguilar, y a Purificación Joyera de Ciudadanos como vicepresidenta. El PSOE tendrá cuatro componentes: Manuel Lara Cantizani, José Cantizani Bujalance, Araceli Bergillos y Teresa Alonso. Por el PP, además de Aguilar, estarán Francisco Huertas y Rosario Valverde. IU contará con Miguel Villa como representante y también formará parte de la comisión Vicente Dalda.  


MORALES A jOYERA: "CREE EL LADRÓN QUE TODOS SON DE SU CONDICIÓN"

JOYERA ACUSA A MORALES DE HUIR "PARA NO DAR LA CARA ANTE LOS LUCENTINOS" Y SE RESERVA EL DERECHO A EMPRENDER ACCIONES LEGALES CONTRA LA CONCEJALA DE FIESTAS

MORALES DISPARA CONTRA PÉREZ: "YO NO HAGO NI FIRMO CONTRATOS"

Desde Ciudadanos, su portavoz Purificación Joyera opinó de manera contundente que la negativa de Morales a dar explicaciones “es una falta de respeto a esta Corporación y a todos los vecinos de Lucena”. Agregó Joyera que “lo saben de aquí a Pekín” que las contrataciones supuestamente irregulares están ya en el ámbito judicial, rechazando la versión alegada por Morales de que se había enterado esa mañana de tal judicialización.

Para Purificación Joyera, la negativa de Morales a ofrecer explicaciones era una “huida”, una actitud “premeditada” y una “fingida preocupación” para evitar “dar la cara ante los lucentinos” y eludir sus responsabilidades políticas.A ello le replicó Morales aseverando que no existían “premeditación” ni “confabulación” en su postura, y pese a lo que sostuvo anteriormente de que se enteró este martes por la mañana de que el asunto estaba en manos judiciales, reconoció que “el señor Dalda me dijo un día que había puesto una denuncia”, si bien Morales agregó que “no se habría imaginado que mi intervención en el pleno podría afectar a mi defensa” circunstancia que en cambio “si sabrá usted”, apuntó dirigiéndose a Joyera en alusión a la profesión de abogada de ésta.

“Doy la cara donde hay que darla”, prosiguió Morales para terminar espetándole a Joyera que “cree el ladrón que todos son de su condición”.

El rifirrafe entre María del Mar Morales y Purificación Joyera no finalizó en este momento, dentro del punto décimotercero del pleno, sino que continúo más tarde en el punto de ruegos y preguntas, cuando Joyera solicitó al alcalde Pérez a que instara a Morales a pedirle disculpas por esta última frase, porque ella no había atentado contra la honra de Morales, y la concejal de Fiestas sí había atentado contra la suya. Además, comentó Morales, ella no podría ser una ladrona puesto que no contrata con dinero público.

Morales no le pidió disculpas, sino que reiteró lo del “cree el ladrón que todos son de su condición” justificándolo en que Joyera no entiende su significado y que pronunció ese dicho porque la portavoz de Ciudadanos la había acusado de “confabulación” y “premeditación”. Joyera le contestó que se reserva su derecho de emprender acciones civiles y penales contra Morales. La concejala de Fiestas, en este último pulso dialéctico con Joyera, también tiró por elevación contra su jefe de filas Juan Pérez,  al afirmar por tres veces que ella "no hace ni firma contratos". Los contratos objeto de polémica, como se indicó más arriba, fueron firmados por Pérez.

 

DALDA DENUNCIA EL CASO EN EL JUZGADO, ESPERA QUE TODO NO SEA "UNA TRAMA ORGANIZADA" Y EXIGE RESPONSABILIDADES A PÉREZ POR FIRMAR LOS CONTRATOS QUE LE PRESENTÓ MORALES

 Por su parte, el concejal no adscrito Vicente Dalda recordó que en el pleno del 19 de diciembre anunció a sus compañeros corporativos que “tan pronto como tuve conocimiento” de las presuntas irregularidades en las contrataciones musicales de Feria del Valle destapadas por el PP “lo puse en conocimiento de los juzgados”  por si era un posible delito de prevaricación administrativa o por si resultaba una acusación falsa, se trataba de un presunto delito de calumnias e injurias” del PP contra Morales.

Dalda comentó que la Justicia es un “contrapoder” en lo que es el ámbito municipal donde “no existe división de poderes” porque el poder ejecutivo está en los alcaldes y el legislativo también porque son los alcaldes quienes presiden al órgano que legisla que es el pleno.


Vicente Dalda decidió no hacer preguntas al no querer contestarlas Morales, aunque sí quiso reflexionar en voz alta sobre determinados aspectos de las polémicas contrataciones feriales. En primer lugar, dijo que le extrañaba que Pérez no hubiese puesto ningún reparo a firmar la propuesta de adjudicación que le hizo Morales por un montante total de 38.900 euros a la empresa Mundo Music 2002 y con tres contratos adjuntos diferentes.

A Vicente Dalda le resulta llamativo además que esos tres contratos los firmase el alcalde Juan Pérez en Pozoblanco, según consta en esos documentos que figuran en el expediente de contratación, cuestión a la que el alcalde no dio explicación alguna a Dalda. En esos contratos, aparte de la firma del alcalde, aparecen dos firmas más en cada uno de ellos, una en nombre de Mundo Music 2002 (agencia artística intermediaria entre Ayuntamiento y grupos musicales contratados) y cada uno de esos tres grupos, pero las firmas de agencia y grupos son exactamente las mismas, no difieren entre sí.

No queda ahí la cosa, pues al susodicho expediente de contratación, que data de julio de 2017 para las actuaciones musicales de septiembre en la Feria del Valle, se le han añadido ahora nuevos documentos a mediados de enero de 2018, un mes después de conocerse la denuncia política del PP, según han constatado Vicente Dalda e IU.

Dalda cerró su reflexión manifestando que lo ocurrido este año con las contrataciones de la Feria del Valle “también ha ocurrido en años anteriores” pues los propietarios de la empresa adjudicataria poseen según consta en el Registo Mercantil un “grupo de empresas” y a Dalda espera que tras “el modus operandi” con el que obtienen sus contratos “no haya una trama organizada”. En cualquier caso, el edil no adscrito concluyó afirmando que “he solicitado a la autoridad judicial que lo aclare”.


VILLA REPROCHA A LOS SOCIALISTAS QUE NO QUIERAN DAR EXPLICACIONES Y AFIRMA QUE  "TODO APUNTA A QUE EL PSOE HA QUERIDO BENEFICIAR A UN MIEMBRO DE SU PARTIDO"

 En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida, Miguel Villa replicó a María del Mar Morales ante su negativa a contestar preguntas de la oposición sobre las contrataciones musicales basándose en que podría quedar indefensa jurídicamente, que “usted no está formalmente investigada” y “pierde hoy una oportunidad de oro para explicarse por los contratos que adjudicó a personas del Partido Socialista”, en referencia a quien cobró el cheque de 38.900 euros pagado por el Ayuntamiento a la empresa adjudicataria, que no fue su administrador Jorge Lozano Dueñas sino su hermano Pablo, exsecretario de Juventudes Socialistas de Córdoba y exdiputado provincial de Deporte en la Diputación de Córdoba, según denunció el PP en diciembre.  

Otros aspectos sobre los que Morales debería dar cuenta a juicio de Villa es que “una misma persona tuviera firmas distintas” y que en los contratos hubiera “cosas que son de imposible contenido”. El portavoz de IU añadió que se ha producido un “estado de simulación de un procedimiento” y que “cuando el PP lo descubre se añaden documentos al expediente sin firma ni sello” en un “caos administrativo” sin precedentes.

El pleno municipal debe pedir responsabilidades políticas a Morales. Las de carácter judicial o penal son competencia del juzgado, precisó Villa, que exigió a Morales que “cumpla su deber” dando explicaciones a los ciudadanos de Lucena. “Todo apunta a que el PSOE ha querido beneficiar a un miembro de su partido”, aseguró Miguel Villa.

El alcalde Pérez contestó al edil de IU diciendo que “el PSOE siempre actúa con honestidad y honradez, poner en cuestión eso deja mucho que desear”.