El alcalde propone disolver Agil por sus abultadas pérdidas y que el Ayuntamiento se quede con sus activos y pasivos y recoloque a su única trabajadora, sobrina de Pérez

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El pleno ordinario de abril trató una proposición de la Alcaldía sobre la aceptación de la cesión global de activos y pasivos de la sociedad municipal “Agencia de Innovación de Lucena S.L.” (AGIL), encargada de gestionar el depósito aduanero del municipio.


El concejal no adscrito Vicente Dalda pidió la retirada del punto, porque aunque el alcalde Juan Pérez se había ausentado del Salón de Plenos cuando fue tratado, al tener interés directo en el asunto al ser sobrina suya la única trabajadora en nómina de AGIL, sin embargo la propuesta de disolución de la sociedad y de la absorción de sus activos y pasivos por parte del Ayuntamiento estaba firmada por el propio Pérez.

El secretario municipal reconoció que esto era así, lo que achacó a un error, por lo que posteriormente el primer teniente de alcalde, José Cantizani, había firmado otra propuesta con el mismo contenido pero ya sin la firma de Pérez, con lo que no había motivo para la retirada, de lo que Dalda se quejó por no haber sido informado previamente.

La propuesta en cuestión contempla que a partir del 1 de julio el servicio aduanero será atendido de manera directa por la delegación municipal de Innovación y Desarrollo Económico, donde se reubicará a la trabajadora pariente de Pérez. Vicente Dalda señaló que la creación de la aduana de Lucena fue acertada en su momento “pero no ha funcionado” porque los empresarios de Lucena no hacen uso de ella, generando constantes pérdidas que la han hecho entrar en causa de disolución pese a las ampliaciones de capital y planes de reflotación a los que se recurrió para mantener AGIL.

Pero ahora se pretende que el Ayuntamiento se quede con algo que no funciona, como ha quedado demostrado. Si no funciona hay que liquidarla, no meterla en el Ayuntamiento, aseguró Dalda.

Por su parte, Carlos Villa (IU) abogó por liquidar la empresa pero mantener el servicio aunque no sea rentable económicamente, al igual que ocurre con el Patronato Deportivo Municipal (PDM) y preguntó a Dalda si también disolvería el PDM por no ser rentable.

Ciudadanos, por medio de su portavoz Purificación Joyera, explicó que se había dado un plazo de un año para reactivar AGIL, transcurrido el cual la triste realidad es que sigue sin funcionar y hay que cerrarla. La aduana ha fracasado en su propósito de “potenciar esa gran industria” que hubo en Lucena y “esperamos que vuelve a ser”, afirmó Joyera.

En las filas del PP, el concejal Julián Ranchal recordó que los populares “desde el comienzo vimos que no marchaba bien y estaba próxima a causa de disolución hasta que entró”, culpando de la situación al cogobierno PSOE-IU de la anterior Corporación municipal y al actual gobierno en solitario del Partido Socialista, porque ambos “no han puesto suficiente empeño” en reflotar AGIL, que ahora por ley se tiene que extinguir porque no tiene ingresos.

El concejal de Innovación y Desarrollo Local, Manuel Lara Cantizani, calificó a Dalda de “consejero pasivo”, destacó el “ámbito humano” de AGIL como motivo para integrar sus activos en el Ayuntamiento y reconoció que la disolución de la sociedad tendría que haberse acometido antes.

Vicente Dalda replicó a Carlos Villa que el PDM ofrece unos servicios demandados por los lucentinos, mientras que los empresarios no están haciendo uso de los depósitos aduaneros. Dalda recordó diversas gestiones que él mismo había realizado en aras a mejorar la situación pero que Lara Cantizani tampoco logró que cuajaran y preguntó al edil de Innovación si al hablar del “ámbito humano” de AGIL se refiere a la empleada familiar del alcalde que hay que recolocar en el Ayuntamiento. Lara Cantizani admitió que las propuestas que la oposición ha hecho para mantener AGIL “se fueron haciendo” pero que sobre la sociedad municipal pesaba una “situación sobrevenida”.

Finalmente, la absorción de AGIL por el Consistorio y la recolocación de su única empleada fue aprobada por todos los grupos políticos excepto por el concejal Dalda que votó en contra.