Vicente Dalda pone en duda la ética política de Huertas por participar en nombre del Ayuntamiento en la negociación para la compra de un edificio histórico siendo agente de la propiedad inmobiliaria en activo

E-mail Imprimir PDF
Usar puntuación: / 13
MaloBueno 

El concejal no adscrito Vicente Dalda ha criticado esta mañana, porque no resulta ni “ético ni estético” que el portavoz municipal del Partido Popular y dueño de una agencia inmobiliaria, Francisco Huertas, forme parte de la comisión designada por el Ayuntamiento para negociar con los propietarios la compra de un inmueble con protección urbanística situado en la calle Condesa Carmen Pizarro, en cuya planta baja se ubica el establecimiento Golem y que, supuestamente, fue antaño sede de la Escuela Talmúdica de Lucena.

 
La participación de Huertas en la negociación directa con la propiedad de un inmueble por parte del Consistorio no es nueva, indicó Dalda. Ya ocurrió con la Casa de La Tercia, silo de grano del siglo XVII situado en El Coso. Se trató en este caso de un inmueble declarado expropiable por el Ayuntamiento en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado hace casi dos décadas, una determinación al menos discutible desde un PGOU “excesivamente generoso” según Dalda,  si bien durante años la institución municipal no procedió a su expropiación mientras los propietarios sí que lo exigían, porque el Ayuntamiento estimaba que la expropiación no era exigible desde la propiedad. Pero sí que lo era, puesto que los propietarios de La Tercia acudieron a la Comisión Provincial de Valoración presentando una hoja de aprecio (valoración) del inmueble para solicitar que se obligara al Ayuntamiento a expropiarles. Sin embargo, el Consistorio no aportó valoración alguna y la Comisión dio la razón a la propiedad y fijó un justiprecio de 595.000 euros basándose en la única propuesta de valoración presentada, a los que el Ayuntamiento tuvo que añadir finalmente otros 107.000 euros para adquirir una cochera a través de la cual dotar de acceso a La Tercia al encontrarse ésta encapsulada entre otros edificios y no ser accesible desde la calle.
 
Ahora, Huertas vuelve a negociar directamente con la propiedad del edificio del Golem. La Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, reunida con carácter de urgencia este miércoles 5 de abril para tratar como único punto del día la expropiación de este inmueble reclamada por sus propietarios, nombró una comisión negociadora integrada por Huertas y por el edil de Urbanismo y primer teniente de alcalde, José Cantizani.
 
Vicente Dalda señaló que no se opone a que Huertas sea negociador en nombre del Consistorio por las críticas que ha recibido por parte del portavoz popular, dado que "me sobran argumentos para rebatirlas". Vicente Dalda añadió que no estuvo de acuerdo con que  el “líder de la oposición” Huertas, por ser agente inmobiliario, negociase con la propiedad de La Tercia,  y votó en contra en su momento si bien lo dejó pasar al considerarlo algo anecdótico y puntual, pero al repetirse la situación con el Golem votó  nuevamente en contra en la citada Comisión de que Huertas ejerciera de negociador municipal.

El concejal de Cultura, Manuel Lara Cantizani, le contestó que en lo referido a La Tercia “Huertas no se había llevado un duro” por su mediación, algo que Dalda replicó que no pone en duda alguna, como tampoco cuestiona su profesionalidad como agente pero sí duda de la ética de Huertas como político al mediar en un asunto relacionado con su profesión. Si los conocimientos del portavoz del PP en materia inmobiliaria son tan útiles al Ayuntamiento en dicha negociación, tal y como argumenta el equipo de gobierno del PSOE, puede aportarlos en la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, pero no interviniendo directamente en las conversaciones, dijo Vicente Dalda, quien apeló a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que en su sección cuarta artículos 23 y 24 especifica los motivos de abstención y recusación que se podrían aplicar a Huertas para que se abstenga de participar en la negociación o pueda ser recusado si no lo hace. Dalda anunció que hará uso de esta normativa para recurrir la decisión de nombrar a Huertas negociador.

Por otra parte, el concejal Vicente Dalda considera lógico y legítimo que los propietarios del edificio del Golem, visto lo ocurrido con La Tercia, también exijan que el Ayuntamiento les expropie y traten de obtener el máximo rendimiento económico de la operación por este inmueble protegido, de 340 metros cuadrados de solar y 457 metros cuadrados construidos (218 planta baja, 207 planta alta y 31 de ático), con uso de vivienda y de local comercial, si bien estas cifras no son del todo exactas porque difieren los datos de la escritura y los del Registro de la Propiedad.

¿En cuanto está valorado el edificio del Golem? La familia propietaria estima al parecer que entre 800.000 y 900.00 euros. Pero en 2012 un técnico municipal cifró su valor en 300.000 euros. Y ahora Vicente Dalda ha consultado con tres agencias inmobiliarias de Lucena que, basándose en datos registrales y catastrales, le han dado las siguientes cantidades: 190.000 euros, 200.000 euros y “que no llega a 300.000 euros”, respectivamente.

Dalda desveló que PSOE y PP no quieren acudir a la Comisión Provincial de Valoración con la valoración de 300.00 euros que evaluó el propio Ayuntamiento de Lucena en 2012, ni con cualquier otra procedente del mercado o de tasadores independientes, pues temen perder ante la parte propietaria, y pretenden negociar con los dueños ofertándoles entre 500.000 y 600.000 euros. Dalda mostró su rechazo tajante a malgastar el dinero público de los lucentinos ofreciendo una cifra muy superior a la calculada por Consistorio y expertos inmobiliarios. Una cosa es pagar un poco más del precio de mercado, fruto de la negociación, y otra estar dispuesto de entrada a abonar un costoso sobreprecio sin pelear primero en la Comisión Provincial de Valoración, defendió Dalda.  Si allí se determina un justiprecio bastante más elevado de 300.000 euros, habrá que acatarlo pero antes hay que intentar alcanzar una cuantía razonable y no rendirse desde el principio poniendo sobre la mesa hasta 600.000 euros del erario público, “que es dinero de todos los lucentinos”, aseveró Vicente Dalda.