AL SR. ALCALDE y PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA, por Antonio Sánchez Villatoro

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Tras la denuncia presentada contra mi persona por el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Jesús Adame, el día 26 de octubre de 2016 presenté solicitud dirigida al Ilustrísimo Sr. Alcalde del Exmo. Ayuntamiento de Lucena, solicitándole igualdad de trato para defenderme. El contenido del mismo es el siguiente:

1.- “Con fecha 14/10/2016 recibo escrito, contestando a mi solicitud de fecha 07/10/2016, firmado por EL PRIMER TTE DE ALCALDE en el que textualmente dice: “No siendo competencia municipal lo solicitado no cabe admitir su solicitud”.

 

Previamente se me informa, información que no he solicitado, de que entre las competencias municipales no figura la de asumir la defensa en juicio de los ciudadanos y de diversos aspectos relacionados con la Constitución, con el Estatuto de Andalucía y otros referidos a la asistencia jurídica en Andalucía. No se me menciona la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, modificada por ley 45/2015. Supongo que ha sido un olvido  o no se ha considerado necesario. Como no soy letrado y mis conocimientos en estas materas son las de un ciudadano/vecino  no experto y como quiera que el ilustrísimo sr. Alcalde dice en su “saluda” en la web del Exmo. Ayuntamiento “…con el firme compromiso de seguir mejorando desde todos los ámbitos los servicios y prestaciones que el Ayuntamiento ofrece a los lucentinos.”

Al amparo de sus palabras, voy a exponer una serie de afirmaciones/dudas/preguntas.

•    En mi petición ya citada no pido que el Ayuntamiento asuma mi defensa en un juicio. Seguramente EL PRIMER TTE DE ALCALDE desconoce que una DEMANDA DE CONCILIACIÓN no es un juicio. 

•    La respuesta que se da a mi petición no es una Resolución ya que no figura que se pueda establecer algún tipo de Recurso y, por lo tanto, no sé si cabe algún tipo de recurso contra lo dictaminado por EL PRIMER TTE DE ALCALDE.

•    No sé si es competencia municipal la defensa del Sr. Adame como vecino, como concejal o en ningún caso.

•    Las competencias municipales están reguladas por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y, efectivamente, entre ellas no está la de la defensa de los ciudadanos en juicios.
•    No sé si el ilustrísimo Sr. Alcalde no cumple las leyes citadas o tiene potestad para hacer una excepción con el Sr. Adame.
•    También cabe suponer  que la autorización dada por el ilustrísimo Sr. Alcalde, que no forma parte de las competencias propias y delegadas, se haya hecho por concurrencia con algunos de los requisitos dispuesto en el artículo 7.4. de la LRBRL en la redacción de la LRSAL , en concreto:
“Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

•    Si así fuera, el Exmo. Ayuntamiento también podría asumir la defensa de los ciudadanos/vecinos que fuesen denunciados, con argumentos presuntamente falsos, por algún edil de la corporación y que serían ínfimos,  conociendo el talante y la personalidad de cada uno de los Concejales de los Grupos Municipales de la oposición.
•    Sería, por su parte, el reconocimiento y el cumplimiento del artículo 2 de LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, que dice:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

•    Y, por supuesto, el reconocimiento y el cumplimiento que los demócratas hacemos de la Constitución Española, y referido al tema que trato, concretamente el artículo 14:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social

Por lo que.

SOLICITO:

1.- En virtud de qué Ley o excepción de la misma el alcalde autoriza al Sr. Adame la utilización del abogado del Ayuntamiento.

2.- Cuándo el Ayuntamiento hace propia una competencia que no viene exigida por las la LRBRL ni por  LRSAL.

3.- Se me informe si sobre el escrito del  EL PRIMER TTE DE ALCALDE cabe algún tipo de recurso.

4.- La aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública y concretamente del artículo 47: Nulidad de pleno derecho que en su punto 1 a) dice:
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes
•    a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.”
2.-

Posteriormente, con fecha 07/06/2017, presente igualmente en el Registro de Entrada otro escrito, parte del mismo, copio literalmente:

“2.- Que según el artículo 21.4 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.
En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

3.- Que habiendo transcurrido con exceso, a mi entender, el plazo para resolver los procedimientos de mis solicitudes y a tenor de  lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

SOLICITO:
Que me sea expedida, dentro del plazo de 15 días referido en al artículo 24.4 de la ley 39/2015 de 1 octubre, la correspondiente CERTIFICACIÓN  del sentido del silencio producido. ”


NO HE OBTENIDO RESPUESTA A LOS ESCRITOS CITADOS.