La Gerencia acuerda no colaborar en el desahucio y demolición de una vivienda ilegal en el Cerro del Oro, pero accede a ello tras comunicarle el juzgado que tiene obligación de hacerlo

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El ámbito judicial estuvo bastante presente en el consejo de la Gerencia de Urbanismo celebrado este jueves día 22. Los consejeros tuvieron conocimiento de una orden la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía de derribo de una vivienda situada en el Cerro del Oro en Lucena.

La orden de la Junta obedece al cumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba que considera ilegal la construcción de la citada vivienda y manda que sea desahuciada, en caso de estar habitada y de que sus ocupantes no la abandonen voluntariamente, y a su posterior e inmediata demolición.

En la orden de la Dirección General de Urbanismo de la Junta se pide la colaboración del Ayuntamiento de Lucena en el desahucio y derribo porque “resulta conveniente que preste colaboración y asistencia” a esa acción.

El concejal de Urbanismo, Miguel Villa, considera que la sentencia judicial y la orden de la Junta son un “acto de injusticia total y absoluto”, pues se pretende derribar una vivienda ilegal determinada cuando “en Lucena y en España hay cientos de viviendas ilegales”.

Sí sólo se es demolida esta vivienda del Cerro del Oro “se produce una injusticia”, según Villa. El consejo de la Gerencia decidió no prestar colaboración alguna al desahucio y demolición “salvo que por imperativo legal” no tenga más remedio que hacerlo.

Sin embargo, ese imperativo legal existe, pues en la misma sesión mantenida ayer por el consejo de Gerencia se dio lectura a una comunicación del juzgado emisor de la sentencia en la que “se nos obliga a actuar” prestando la colaboración solicitada por la Junta, dijo Villa. De hecho, en la mañana de este viernes 23 de noviembre estaban citados en el mencionado juzgado cordobés tanto la Junta como el Ayuntamiento para planificar el operativo de desalojo y demolición, que deben producirse el próximo martes 27 de noviembre a las 10:30 de la mañana.

Miguel Villa descartó que el caso de esta vivienda hubiese llegado a la Fiscalía por la “fijación” del algún funcionario, al darse la circunstancia, detalló Villa, de que el propietario de la vivienda guarda parentesco con un exresponsable político de la Gerencia.

Villa alabó a este exresponsable si fue él quien llevó a su propio familiar a los tribunales por tener una vivienda ilegal, lo que probaría de ser así la “seriedad absoluta” de este antiguo cargo político. Además, Miguel Villa expresó su deseo de que no hubiera existido ningún posible interés de algún funcionario en que el caso particular de esta vivienda llegase a la Justicia.