El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España niega ser el responsable del incremento de multas, del que culpa a una orden del cogobierno, y anuncia una demanda por injurias contra María del Mar Morales

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El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), en su sección de la Policía Local de Lucena, ha salido al paso esta mañana de las acusaciones vertidas desde el cogobierno municipal PSOE-IU contra un sector de los agentes de la Policía lucentina, relativas a que un grupo de policías locales había incrementado extraordinariamente el número de multas respecto al número de sanciones que imponen habitualmente como medida de presión para que el Ayuntamiento ceda ante sus pretensiones de aumento salarial.

Esta central sindical ha negado tajantemente dicha posibilidad, achaca el llamativo crecimiento de la imposición de multas a una orden dada por el cogobierno a través de un acuerdo que adoptó en la Junta Local de Gobierno y anuncia una demanda por injurias contra la concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico, María del Mar Morales (PSOE), además de exigir una rectificación de sus declaraciones al alcalde Juan Pérez. A continuación publicamos en su integridad el comunicado remitido a este periódico por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME):

 

COMUNICADO SPPME:

En primer lugar, comparecemos ante los medios para defender la dignidad profesional de este colectivo y clarificar las declaraciones que han ido apareciendo en los medios de comunicación durante los últimos días y desmentir que un aumento de denuncias de tráfico sea como consecuencia de una reivindicación económica de este sindicato.

Es totalmente falso que haya un complot del colectivo de la policía local para denunciar, y consideramos que las tensiones, disputas internas o motivos electoralistas que pudieran tener los partidos del pacto de gobierno de un signo u otro, son las que han llevado a buscar a un “chivo expiatorio”, en este caso la Policía, a quien echarle las culpas de las consecuencias de las desacertadas decisiones políticas, y pasamos a explicar esto:
-    La Junta de Gobierno Local, el 27 de noviembre de 2014, aprobó por unanimidad intensificar la vigilancia en el aparcamiento, imponiendo las sanciones que correspondan y con la actuación de la grúa cuando sea necesario. (se muestra documento)
-    En declaraciones a medios de comunicación el 17 y 19 de febrero, el Primer Teniente Alcalde Miguel Villa, dijo: “la Junta de Gobierno Local aprobó transmitir instrucciones a la Policía Local par que se esforzara, con el mayor celo posible, con el objetivo de evitar el aparcamiento donde no se debe”. (se muestran documentos)
-    A estas decisiones políticas, debemos añadir la eliminación de numerosas plazas de estacionamiento en toda la ciudad, el afán por llenar el parking público de la Plaza Nueva a diario.
Nuestros gobernantes han realizado unas declaraciones muy irresponsables, a diferencia de ellos, nosotros comparecemos hoy aquí, ante la ciudadanía con pruebas de lo que manifestamos.

Reconocemos que sí existe un conflicto laboral del colectivo de la Policía Local con el equipo de gobierno, pero este no es nuevo, viene desde hace ahora casi cuatro años, y este conflicto no es de una minoría, como se empeña en destacar el señor Juan Pérez, sino de todo un colectivo y en concreto con este sindicato profesional, que representa a más de las dos terceras partes de sus miembros. Las razones del conflicto son:
-    En su programa electoral ya nos prometió un Reglamento de Segunda Actividad, para que los policías más veteranos tuviesen puestos acorde a su edad y dificultades psicofísicas y 4 años después no tenemos ni un atisbo, pese a haberle presentado varias propuestas similares a las de poblaciones de la comarca.
-    Cuando llevaba un año de gobierno, nos prometió una valoración de puestos que corrigiese las desigualdades que tienen los puestos de policía con respecto a otros puestos de este Ayto. Después de cuatro años, no tenemos una valoración justa después de haber contratado a una empresa de Alicante por más de 18000 euros.
-    En ningún momento se han planteado las pretensiones económicas que nos achaca el equipo de gobierno de PSOE-IU,  lo que siempre hemos defendido e intentado negociar para este colectivo es equiparar nuestras condiciones laborales al resto de trabajadores del Ayto.
Este sindicato ha presentado propuestas y ha intentado negociar siempre de buena fe, como establece la Ley, pero los políticos no han ido con nosotros de buena fe, de ahí que, este sindicato y la inmensa mayoría del colectivo de la policía tengan por lema “Juan Pérez NO CUMPLE”.

Decir que el Alcalde, Juan Pérez, es el Jefe supremo de la Policía Local, siempre hemos estado a sus órdenes y seguimos haciéndolo, como cuerpo jerarquizado que somos, pero hemos de decir también, que no vamos a permitir que se manche el buen nombre ni se ponga en tela de juicio la profesionalidad y la honorabilidad de esta Policía, intentando poner en entredicho su buen hacer, desde el Inspector Jefe hasta el último agente.  Consideramos que cuando se pone en entredicho la legalidad de una policía, se coloca en la cuerda floja el funcionamiento del Estado de Derecho.
Es por ello, por lo que se ha presentado en el juzgado demanda judicial contra la Sra. María del Mar Morales, Concejala de Seguridad, por un presunto delito de injurias graves por atentar contra la dignidad profesional de este colectivo.

Respecto a las declaraciones del Alcalde, el Sr. Juan Pérez, son desde el punto de vista legal muy irresponsables, ya que insinuar públicamente una especie de amnistía pro infractores de tráfico podría depararle consecuencias judiciales, e invitar a los ciudadanos a presentar alegaciones sobre las denuncias interpuestas por los agentes va en perjuicio económico de los propios ciudadanos.

Hay que ser muy demagogo, para decir que se ha denunciado a personas con dificultades económicas, cuando en la mayoría de los casos los policías denunciamos vehículos y su conductor no está presente, mientras a esas mismas personas, desde el Ayto. se le han venido realizando cobros indebidos por tasas de depósitos de vehículos retirados con grúa municipal desde el año 2009, lo que solicitamos desde aquí y ya lo hemos hecho por escrito, que al ser actos nulos de pleno derecho, conforme a la Ley 30/92 LRJAPyPAC,  la Administración debe revisar todos esos expedientes y devolver a los ciudadanos el dinero cobrado indebidamente.
Hay que ser muy demagogo, para decir que se ha denunciado a personas con dificultades económicas, cuando este Ayto., dispone de una Ordenanza Municipal sobre ejecución alternativa de sanciones económicas mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, en base a la cual, cualquier ciudadano puede solicitar la sustitución de la multa.

Hay que ser muy demagogo también para no acordarse de las personas en situación económica difícil, a las que se ha obligado a sustituir y hacer desembolso económico por un nuevo contador de agua, que legalmente no tenían por qué hacer, generando alarma social y prevaliéndose de su desconocimiento legal.
La ciudadanía también debe conocer varias de las propuestas que se han venido realizando desde este sindicato, durante estos últimos años, y que planteadas al señor Cantizani, al cual hablarle es como hablarle a una estatua del museo de cera, te mira, no sabemos si te oye, pero nunca te escucha, y que pasamos a detallar entre ellas:
•    Si tanto le preocupa al gobierno municipal la situación económica de los ciudadanos, se les planteó un sistema de grúa público, que no dependa de una empresa privada, como gozan los ciudadanos de la vecina ciudad de Antequera, a los que no se le cobra tasa por retirada con la grúa, tan sólo la denuncia por la infracción de tráfico cometida. Se ve que esto no interesó, aunque si interesaba durante años cobrar a los ciudadanos más de lo que se debía. (mostrar ejemplo grúa pública Ayto.Antequera)
•    Se planteó  hacer como en otras ciudades de nuestro entorno, reglamentar que la primera denuncia del año sea condonable, es decir la primera denuncia del año no se paga, y parece ser que tampoco ha interesado. (Ejemplo Ayto. Córdoba)

Por todo ello, exigimos una rectificación pública de todas las falsedades que se han difamado durante estos días y advertimos que, respecto a las declaraciones vertidas estos días por los diferentes dirigentes políticos, al menor indicio que obtengamos sobre cualquier actuación que por su parte pudiera suponer la comisión de hechos delictivos, como prevaricación, calumnias, injurias, coacciones u otros, no dudaremos en darle conocimiento a la Fiscalía para su oportuna investigación.

 

SPPME