Siga volviendo mañana (I), por Julián Valle Rivas

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    Hace ciento ochenta años, don Mariano José de Larra se descerrajó un tiro en la cabeza, cansado de la envidia y la infamia, decepcionado de España y roto el corazón tras la decisión de Dolores Armijo, su verdadero amor, de poner fin a la relación que mantenían, para retornar a los brazos de su marido. Unos cuatro años antes de la tragedia, en enero de 1833, Larra publicó en El Pobrecito Hablador un artículo mordaz, satírico, crítico, costumbrista, xenófilo, titulado «Vuelva usted mañana».

    Comenzando con aquello de «Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza…», narra las peripecias de un francés, monsieur Sans-délai (el Señor Apresurado, el Señor Sin Dilación), para resolver unos trámites documentales en España. Partiendo de sus referencias gabachas, prevé el buen hombre dejar resuelto el lance en quince días: «Quince días, y es mucho», asegura. Conteniendo a duras penas la risa, se cuida Fígaro, alter ego de Larra, de advertirle sobre el osado cálculo: «… permitidme que os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de estancia en Madrid». «¿Cómo?», pregunta Sans-délai sin terminar de comprender del todo. «Dentro de quince meses estáis aquí todavía», sentencia, tajante, Fígaro. En efecto, cada paso es un suplicio para el extranjero, pues, acudiendo a la expresión «vuelva usted mañana», los prohombres encargados de solventar solicitudes y demás vicisitudes, sin preocupaciones ni prisas, van demorando el trabajo («La pereza es la verdadera intriga», explica Larra), hasta que, pasados seis meses: «“A pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente, negado”». Por supuesto, al francés, indignado, se le llevan los diablos: «¿Para esto he echado yo mi viaje tan largo? ¿Después de seis meses no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente: “Vuelva usted mañana”, y cuando este dichoso “mañana” llega en fin, nos dicen redondamente que “no”? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles favor?…». Monsieur Sans-délai regresa a su tierra, convencido de su desventaja como extranjero, de su desconocimiento de las costumbres locales, y amenazando con pregonar el mal ejemplo español entre sus paisanos: «Soy extranjero. ¡Buena recomendación entre los amables compatriotas míos!». (Cuando el español se propone dar referencias de un francés sólo se le pueden venir a la cabeza palabras como amabilidad, bondad, cortesía, urbanidad, llaneza o humildad; y nunca, jamás de los jamases, por Dios, se le pasarían otras del tipo arrogancia, vanidad, petulancia o maquinación y ejecución de atentados contra camiones de fruta españoles… o contra carros de fruta, hace doscientos años).
    

    Algo parecido, vaya, me ocurrió hace unos meses. Era el caso que, por cuestiones laborales, precisaba de un Certificado de Antecedentes Penales, documento expedido por el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia. Trámite ordinario, fácil y rápido, el cual se puede gestionar vía telemática, aunque, por carencias logísticas y de intendencia, opté por la vía tradicional. Calculé, entonces, entre enviar la solicitud y recibir el certificado, unos quince días (adviértase la similitud). Imprimido el formulario de solicitud (modelo 790, que tanto vale para el Certificado de Antecedentes Penales como para el de Actos de Última Voluntad —para algunos, la muerte no deja de ser una condena—), al alcance de un neonato en la página web del Ministerio, lo rellené con la mayor diligencia de la que fui capaz, cuidando de no hacerme pasar por fallecido, y el pasado 27 de septiembre, aboné la correspondiente tasa: tres euros y setenta céntimos (percátese del simbolismo de la cantidad, acorde con la trivialidad de la tarea), remitiendo la solicitud por correo certificado al siguiente día. Hasta aquí, tranquilo. El problema llegó cuando empezaron a pasar los días, quince, veinte, treinta, sin obtener respuesta ministerial en forma de documento oficial. Comprobada la diligencia de la mensajería (la solicitud ganó destino el 29 de septiembre), localicé los teléfonos de atención al ciudadano del Ministerio (un 902 y un 91, ojo; absoluta libertad para elegir la clavada en la factura telefónica). Ring, ring, y una señora o señorita muy amable y agradable, ante mi ilustración, extrañada por la demora, consultó la base de datos, informándome de que mi certificado me había sido enviado el 4 de octubre (¡cinco días después!) por correo ordinario, de modo que no había forma de constatar un seguimiento; me aconsejó, además, que me dirigiera a Correos, pues el extravío se debería a una negligencia de su servicio, sin duda. Llamé, por ende, a Correos; de la dirección me pasaron con reparto, y reparto me juró, palabrita del Niñito Jesús, que allí no se había recibido nada parecido, apostillando que, como es notorio, esa gente del Ministerio mentía más que hablaba, por lo cual, lo de haberme enviado el certificado, era una falsedad con las agravantes de prevalencia del carácter público del culpable y reincidencia. Y basta… Total, debía reiniciar el trámite.
    

    Pero las desgracias que con posterioridad me acontecieron, intrigado y cotilla lector, bien merecen segunda entrega.


Julián Valle Rivas